Por: Jorge Castillo L.
Director Cámara Minera de Chile
Lamentable noticia para la minería es la que hemos conocido estos días, que indica que:” La Tercera Sala de la Corte Suprema falló en contra de la empresa minera angloaustraliana BHP Billiton, la cual deberá “paralizar” las actividades del yacimiento Cerro Colorado ubicado en la región de Tarapacá”.
La resolución a favor de la Asociación Agrícola Indígena San Isidro de Quipisca para algunos significa que las operaciones serían cerradas, sin embargo, desde la compañía precisaron que esto no será así y agregaron que “se mantuvo una solución procesal ordenada por el Tribunal Ambiental en 2019 para considerar que las observaciones del grupo en un nuevo proceso de evaluación que ya está en curso”.
Con esta medida viene a quedar sin efecto la RCA vigente (la cual data de 2015 y se denominaba “de continuidad operacional” para la época) por no haber considerado o constado la participación real o efectiva de la comunidad (la Asociación respectiva indígena) en la Participación Anticipada Ciudadana, PAC, ni en la Participación Comunidad Indígena, PCI, efectuadas por BHP.
Hoy la Corte ordena retrotraer la evaluación ambiental a esa etapa, o más bien hacerla de nuevo en la especie para que Cerro Colorado pueda operar en propiedad. De igual manera se produce una suerte de vacío, ya que sin RCA no debiera operar, pero se entiende que la Corte no ha dicho “deténgase”, sino que “subsane” (retrotraiga la evaluación y hágala bien de nuevo desde lo instado por la Comunidad).
Después de tantos años establecidas las normas al respecto, llama la atención que a estas alturas ocurran hechos como éste. Ya que es por todos conocida la importancia de la participación de las comunidades, por ello cuesta creer que tanto los líderes de esta tramitación, como las autoridades no hayan reparado en un hecho tan trascendente como éste, que puede llevar al riesgo de cierre de una operación, y que se resuelva de esta forma.
Por otro lado, con la tecnología actual, la forma de operar ha cambiado, por lo que para ser un buen vecino deberían buscar la forma de llevar adelante la faena implementándolas y además generar valor compartido, para incorporar a las comunidades de sus áreas de influencia.
Sabemos que uno de los grandes temas en este litigio ha sido el agua, tema no menor, principalmente por la zona geográfica en la que se emplazan. Sin embargo, sabemos que BHP cuenta con la tecnología para subsanar dicho problema e incluso hace un tiempo anunció que utilizaría agua de mar, lo que hoy sería una buena solución extensiva a Pampa Norte para evitar nuevos conflictos.
También indicaron desde la empresa que tienen la intención de establecer procesos de diálogo basados en el respeto, la buena fe y los principios del Plan de Pueblos Indígenas de BHP, lo cual desde ya debe ser parte de una filosofía de desarrollo sostenible mutuo y recíproco, rompiendo muchos de los cánones y paradigmas que aun algunos conciben.
Estas buenas intenciones al parecer llegan tarde, luego de no haber evidenciado un PAC y un PCI en propiedad. Lo lamentable de esto es que la imagen de la compañía se ha visto dañada y lo que es peor aún, se marca un nuevo precedente para posteriores litigios en la minería.
Lo que deben tener claro quienes tienen el poder de decisión, es que es mejor desde el principio realizar todas las gestiones necesarias para no llegar a estas instancias, mediando entre otras las herramientas de Compliance, que parametrizan, cautelan y anticipan los riesgos legales en la gestión e imagen de la compañía, de forma tal que el valor de la misma se mantenga y perdure en el tiempo.
