Finalmente, en la Convención se han comenzado a votar normas constitucionales en las comisiones según lo establece el Reglamento, las que una vez aprobadas por simple mayoría pasan a ser debatidas por el pleno donde se requiere de los dos tercios de los convencionales para ser aprobadas.
Las reformas que se han aprobado hasta el momento develan una compulsión cuasi teológica que busca la refundación de casi todas las instituciones de la república, independientemente de si funcionan bien o mal, y la promoción de un sistema económico y social de corte estatista propias del desacreditado socialismo real que traen a la memoria algunos aspectos del programa de la Unidad Popular.
Así por ejemplo se acordó la derogación del código de aguas, aprobado hace muy poco y tras una tramitación de años por una amplísima mayoría tanto en la cámara y el senado. En virtud de la norma constitucional aprobada se caducan (léase expropia) los derechos de aprovechamiento de agua otorgados desde 1981, señalando textualmente que “Pierde toda eficacia jurídica el Código de Aguas en todo lo que sea aplicable sobre normas que las disposiciones permanentes y transitorias de la Constitución…”. Además, agrega que no tendrán derecho a ser indemnizados quienes hayan utilizados estos derechos de agua para fines de minería, agroindustria, forestales y sanitarias.
Como si lo anterior fuera poco, se aprobó la “nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración mineras, áridos, aguas, forestales, megaproyectos de generación eléctrica y cualesquiera otros del mismo tipo ubicados en territorios indígenas que no hayan contado con su consentimiento”.
Y la caducidad de todas las concesiones mineras privadas, entregándole a la Contraloría la tarea de determinar la indemnización, el retiro de Chile de CIADI y la convocatoria a un plebiscito para abrogar los tratados de libre comercio suscritos en el pasado.
En medio de este verdadero “yihadismo” constitucional no hay espacio para considerar las consecuencias nefastas que sobre la economía que tendrían semejantes barbaridades como sería el tema de las indemnizaciones que habría que pagar por las expropiaciones, montos que ascenderían a miles de millones de dólares que ciertamente el estado de Chile no estaría en condiciones de financiar; ni sobre como el estado se haría cargo de la operación de las grandes empresas mineras una vez que sean estatizadas. Desde luego que tampoco se considera el efecto letal sobre la inversión extranjera que tendría una expropiación masiva , el fin de la inversión extranjera y el término del acceso al crédito del país , ni cómo funcionaría la producción de alimentos si los agricultores carecen de derechos de agua.
Quienes han contribuido con sus votos a aprobar estas normas no son grupos marginales ya que han contado con el respaldo por los convencionales del Partido Comunista, que es uno de los ejes del gobierno de Boric, lo que ha encendido las alarmas.
A todo lo anterior hay que agregar la propuesta de los convencionales del Partido Socialista que limita severamente la autonomía del Banco Central al proponer un nuevo órgano de coordinación con el ejecutivo que le daría injerencia en sus decisiones y acotar el ámbito de su “autonomía” a cuestiones monetarias.
También están las normas sobre la administración de justicia que pondrían en peligro la independencia del poder judicial limitando la duración del mandato de los ministros de Corte a ocho años con reelección, lo que haría que los magistrados sucumban a la tentación de fallar pensando en su reelección más que en el derecho; y la creación de un Consejo Nacional del “sistema judicial” para designar y proponer a los jueces en el que tendrían participación las “organizaciones sociales” y representantes de los “pueblos originarios”. Lo que llevó a un inédito pronunciamiento del Pleno de la Corte Suprema.
Si bien es cierto que estas normas no concitan el acuerdo mayoritario y que habrá un proceso de negociación lo más probable es que aún en su versión más “moderada” tengan la impronta refundacional que domina en la asamblea, cuyo catecismo se funda en la convicción de que el sector privado es intrínsecamente perverso, que los empresarios son abusadores por antonomasia y que el mercado solo genera desigualdad; y que, en consecuencia, la solución a los problemas pasa por entregarle al Estado un rol protagónico en la producción de bienes y servicios.
El “yihadismo” que se expresa en las comisiones ya está provocando la movilización de los gremios y los miles de trabajadores que dependen de la minería, la agroindustria, la explotación forestal, las sanitarias cuyas fuentes de trabajo y la continuidad de sus actividades esta amenazadas.
Resulta penoso y doloroso ver en la televisión a convencionales defendiendo estas normas “naftalínicas” como dijo el actual ministro de Economía, con argumentos pueriles, llenos de consignas sin ningún respaldo técnico, prometiéndole a la ciudadanía que con la nacionalización de los recursos naturales el Estado podrá satisfacer las demandas sociales.
En este contexto, todo lo que se hable sobre estabilidad y responsabilidad fiscal y la importancia de Mario Marcel en Hacienda pasa a ser irrelevante; ningún gobierno podría resistir la destrucción del aparato productivo del país. La situación es tan delicada que ya se empieza a hablar del rechazo como la única salida, lo que en mi opinión sería un escenario totalmente indeseable.
Desgraciadamente, la Convención está sumida en un caos como lo denunció la ex encargada de comunicaciones que optó por renunciar y la mesa directiva, electa tras más de diez votaciones es débil y carece del liderazgo. Solo el involucramiento de los partidos políticos que apoyan al gobierno de Boric y del propio presidente de ser necesario podrían garantizar que en la convención prime la cordura y podamos tener un texto que concite el respaldo de la mayoría en el plebiscito de salida.
Por Jorge Schaulsohn
