Sergio Hernández, abogado, director ejecutivo APRIMIN
Han sido aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional los derechos sociales más apreciados por los chilenos. Así, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a la seguridad social, equidad de género, entre otros, formarán parte del texto que se someterá a plebiscito popular el próximo 4 de septiembre.
Quién puede negar que esas expectativas son necesarias para la paz social y la dignidad de la persona humana. En este contexto, no podemos soslayar que todos estos derechos estarán bajo la administración de un sistema público, que exigirá enormes recursos al Estado.
¿Dónde obtendremos dichos recursos?
La única forma sostenible que el Estado reciba los recursos suficientes para cumplir esos derechos sociales es a través de ingresos permanentes que provienen, casi en su totalidad, de la recaudación tributaria. Estos ingresos solo se pueden obtener si la estructura normativa de la economía establece certeza jurídica para la inversión, dado que es esa inversión la que genera empleos de calidad y suficientes tributos al Fisco para sostener los gastos que exigen estos derechos sociales.
A la fecha hemos visto un intenso debate sobre el modelo económico y productivo. No vamos a negar ahora que se ha producido incertidumbre, especialmente cuando se han propuesto inicialmente en la Convención un conjunto de normas que harían en la práctica inviable las más importantes inversiones necesarias para esa mejor recaudación tributaria.
Este debate ha puesto en el centro del foco al sector minero, por lejos, la principal actividad productiva en Chile. Y el lugar donde se ha canalizado es en la Comisión de Medio Ambiente de la Comisión.
Hasta ahora habíamos visto iniciativas que no hacen bien al desarrollo minero. Por ejemplo, mociones que declaran como bien natural el subsuelo (los yacimientos mineros están en el subsuelo), lo que no generaría problemas si no fuera porque agregan que sobre ellos el Estado podrá dar solo «autorizaciones” para su uso y goce, proponiéndose que un ente estatal tendría derecho a regularlas y ponerles término, sin que se considere el derecho de propiedad sobre las mismas. Otra propuesta apuntaba a la nacionalización de la minería, paralizando las inversiones de US$68.000 millones que Cochilco proyecta para la próxima década.
Pero este jueves ocurrió algo que nos debe llamar a la reflexión: el Pleno rechazó en general el segundo Informe de la Comisión de Medio Ambiente, el cual incluía el Estatuto Constitucional sobre Minerales. En pocos días, la misma comisión deberá presentar un nuevo informe de reemplazo.
Quisiéramos mirar este rechazo en forma positiva. Sabemos que no ha sido fácil, pero es parte del proceso, un proceso que idas y vueltas: más queremos pensar que se trata de una nueva oportunidad para enmendar el rumbo y avanzar en conjunto por el bien de Chile, para promover una mejor minería y más sostenible para el desarrollo y crecimiento del país. Recordemos que el Gobierno del Presidente Boric precisamente ha resaltado que la inversión es clave para financiar la agenda social.
Como la aprobación o rechazo en el plebiscito de salida es a toda la propuesta de nueva Constitución, es necesario revertir a la brevedad contradicciones normativas que hemos conocido. En ese sentido, vemos que esta ventana que se abre ofrece la posibilidad de fortalecer a la minería y, así, dar un nuevo impulso a la discusión constitucional.
La minería es histórica en nuestra país, es parte de nuestro ADN y ahora nos abre la perspectiva de generar los recursos necesarios al Estado y cumplir con las esperanzas de nuestro pueblo de una mayor equidad social y protección ambiental.
Una vez más esta industria se pone a disposición del bien común. Hacemos un llamado a la Convención a avanzar proactivamente en un ambiente de escucha, aún hay tiempo.
