Un verdadero terremoto se vive en el mundo político por estos días, tras filtrarse la información de que algunos ministros del Gobierno de Boric sostuvieron reuniones secretas con empresarios en la casa del lobbista y ex alcalde de la UDI Pablo Zalaquett en las denominadas “divinas comidas”, sin que haya sido registrada en el sistema de la Ley de Lobby y, más aún, con tal nivel de secretismo que muchos de los participantes llegaron en sus propios vehículos, desechando el servicio de sus conductores institucionales, para así despertar menos sospechas.
Los involucrados han dicho una serie de excusas, como que “se hablaron generalidades” o que “todo está en regla”, como que si los chilenos fueran tontos y se conformaran con un dulce, tal como se deja tranquilo a un infante.
La directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada –quien presidió el Comité de Probidad convocado por Boric a partir del Caso Convenios–, se enteró a través de un reportaje de CIPER que, al menos, seis ministros del gobierno se habían reunido con empresarios en el departamento del lobbista, Pablo Zalaquett (UDI).
Para María Jaraquemada, la revelación de esas reuniones a través de un reportaje es “lamentable”, y cree que hay una mala interpretación de la ley en la respuesta que entregaron los secretarios de Estado cuando se les consultó por qué no las transparentaron: “Que un ministro diga que estas conversaciones no debían, necesariamente, ser ventiladas al público porque se realizaron fuera del horario laboral, o porque no tocaron temas específicos como proyectos de ley, está haciendo una interpretación muy restrictiva de la ley. Y esa interpretación afecta derechamente al buen funcionamiento de la normativa. Creo que correspondía transparentarlas a la ciudadanía”, indicó a CIPER.
El Gobierno reconoció la existencia de estas reuniones y tomó una postura al respecto: la Ley de Lobby, hecha para regular y transparentar las zonas opacas de la relación entre el mundo público y el privado, no exige que este tipo de encuentros se transparenten. Y es allí donde difiere Jaraquemada: “En simple, creo que las explicaciones que han dado no son satisfactorias y, más bien, responden a una interpretación a mi juicio errónea. Además, van en contra del espíritu de la ley”.
Uno de los participantes en este encuentro fue el diputado socialista por Atacama, Juan Santana, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, lo que desmiente que se hayan abordado solamente “generalidades”, a sabiendas que allí estaban presentes representantes de asociaciones de las AFPs, interesados en conocer la mirada del sector oficialista sobre la reforma de pensiones.
La presencia del diputado vallenarino no cayó bien entre sus pares de oposición, razón por la cual van a solicitar la censura de su presidencia en la Comisión de Trabajo, ya que esta situación le inhabilitaría a seguir en su cargo.
En entrevista con radio Nostálgica, explicó que “en dicho encuentro, de carácter informativo, manifesté la misma posición que una y otra vez he defendido públicamente en los medios: es necesario terminar con las AFPs y es necesario que exista un seguro social que aumente la pensión de los actuales jubilados. Además, es fácilmente constatable que mi postura por acabar con la industria de las AFPs no ha cambiado, ni antes ni después de este encuentro”.
Junto a eso, aclaró que los representantes de estas asociaciones no le manifestaron sus intereses particulares ni buscaron influir en su rol de parlamentario. Recalcando que no mantuvo ni ha mantenido contacto con ellos. “Pero eso lo sabe solo él”, respondieron sus críticos.
Al margen de sus excusas y explicaciones, Santana reconoció que “fue un error político haber asistido y no lo haría de nuevo, pero fue motivado únicamente por mi firme convicción de que el diálogo es más necesario que nunca en momentos donde la fricción pareciera ser el norte y la única forma de actuar de algunos políticos”.
En esta reunión secreta, tipo “cocina”, a espaldas del pueblo y entre cuatro paredes, también estuvieron presentes la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y los ministros Nicolás Grau, Esteban Valenzuela, Carolina Tohá, Jeanette Jara, Maisa Rojas y Alberto Van Klaveren.
A modo de conclusión, parece que las promesas gubernamentales de “elevar el estándar ético de la política” quedaron en nada y las palabras se las llevó el viento, definitivamente.
