Gabriela Herra Arroyo CTO y Co Fundadora Snap Compliance
La reciente entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos en Chile representa un cambio significativo en el ámbito empresarial y judicial, al elevar los niveles de responsabilidad de las compañías y sus líderes. Esta no solo redefine el alcance y las sanciones aplicables a una gran cantidad de delitos que afectan directamente la estabilidad económica, sino que también subraya la importancia crucial del cumplimiento como una herramienta estratégica para evitar, detectar y reducir tanto riesgos legales como reputacionales.
La ampliación de lo que se considera un delito económico es uno de los aspectos más importantes de esta nueva legislación. La ley ya no se limita a casos de fraude o lavado de activos, sino que también incluye delitos ambientales y corrupción dentro de las organizaciones. Esto significa que cualquier empresa, sin importar su industria o tamaño, está sujeta a un examen más riguroso y debe asegurarse de que todos sus procesos funcionen bajo un marco ético sólido.
En este sentido, el compliance o cumplimiento normativo se convierte en una pieza clave para proteger las empresas. Ya no es opcional llevar a cabo políticas y procedimientos internos para garantizar que se cumpla la normativa vigente, sino es una obligación estratégica para reducir los riesgos de sanciones y daños reputacionales. Las empresas que no tomen medidas proactivas para ejecutar estas nuevas demandas podrían enfrentar graves sanciones o incluso la pérdida de su identidad legal.
La individualización de las sanciones es otra innovación importante en la responsabilidad penal introducida por la nueva ley. Estas se calcularán en función del ingreso promedio del condenado y no solo serán proporcionales a la gravedad del delito, lo que refuerza la necesidad de que los ejecutivos y empleados estén plenamente conscientes de los riesgos que conlleva transgredir la normativa. En este contexto, es fundamental que las empresas creen programas sólidos no solo para cumplir con la ley, sino también para asegurarse de que sus colaboradores comprendan las implicaciones de sus acciones y las consecuencias a las que podrían enfrentarse.
Cabe señalar que la ley no solo se limita a sancionar las transgresiones, sino que además, anima a las empresas a ser más proactivas en la prevención de delitos. Esto implica que todos los niveles de la organización deben tener sistemas internos de auditoría y supervisión, canales de denuncia anónima y capacitaciones regulares. Los programas de cumplimiento deben abarcar desde los niveles operativos hasta la alta dirección e incluir un enfoque preventivo que permita identificar posibles comportamientos ilícitos antes de que se materialicen.
La reputación de la empresa también está en peligro. En un mundo globalizado, donde la ética y la transparencia son cada vez más valoradas por los consumidores e inversionistas, las empresas que no se adapten a esta nueva normativa corren el riesgo de perder credibilidad. Un escándalo financiero o una acusación de corrupción pueden arruinar años de trabajo y erosionar la confianza de los interesados, lo que dificulta la supervivencia de la empresa, siendo fundamental fomentar una cultura de integridad en todas las facetas de la empresa.
