Estos consejos se están realizando durante todo el mes de mayo en las 16 regiones de Chile, para establecer los planes regionales de seguridad pública 2023, de acuerdo con las necesidades levantadas desde los municipios y autoridades locales. A la fecha ya se han concretado ocho de estas instancias en Tarapacá, Atacama, O´Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Magallanes.
El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, junto al gobernador de Atacama, Miguel Vargas y el delegado presidencial regional, Cristhian Fuentes encabezaron esta mañana en Copiapó el Consejo Regional de Seguridad Pública de Atacama, donde se analizaron los principales problemas de la región en materia de delitos y seguridad pública y los avances en prevención y seguridad registrados durante 2022. En la cita se definieron las líneas de acción para este año, con la aprobación del Plan Regional de Seguridad Pública 2023.
Los Consejos regionales de Seguridad Pública son organizados por la Subsecretaría de Prevención del Delito en las 16 regiones del país, los que se realizarán el mes de mayo. A la fecha ya se han realizado en las regiones de Tarapacá, Atacama, O´Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Magallanes. En ellos participan todos los alcaldes de cada región, directores de servicios públicos, las jefaturas regionales de ambas policías y la fiscalía regional, entre otros, y son encabezados por los delegados y delegadas presidenciales de cada región.
Los miembros del consejo definen el Plan Regional de Seguridad 2023, el que tiene como base un diagnóstico previo de la situación de delitos, faltas e incivilidades que afectan a cada región, a partir del análisis estadístico delictual y de una consulta comunal aplicada a nivel territorial en todos los consejos comunales de seguridad pública, donde plantearon sus principales preocupaciones en materia de seguridad y prevención.
En el Plan Regional de Seguridad Pública 2023 para Atacama acordado hoy por el consejo se priorizó el trabajo en los delitos vinculados a las leyes de drogas y armas, y el robo con violencia e intimidación. En cuanto a las incivilidades, se focalizará el trabajo en el comercio ambulante; y en materia de problemas emergentes en la región se actuará sobre la violencia escolar y las tomas de terreno. Esto no implica que se dejará de trabajar en las otras problemáticas delictuales que se registran en la región, las que se siguen abordando a través de otras instancias de trabajo intersectorial.
Al respecto, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, recordó que “los consejos regionales nos permiten evaluar lo que hemos hecho en los últimos 12 meses, pero por sobre todo definir una hoja de ruta para el año que viene. Este consejo ha priorizado abordar de manera estratégica y focalizada delitos relacionados con drogas y armas, pero también el robo violento, que es una prioridad que se establece en las distintas comunas”.
“Este ha sido un muy buen consejo regional -agregó-, y es una muy buena noticia para la región. Hay alcaldes y alcaldesas tremendamente comprometidas con la seguridad, e instituciones del Estado que entienden que la única forma de avanzar es trabajando en conjunto. Lo que la ciudadanía espera es que las instituciones se pongan a disposición de un bien superior que es la seguridad”.
El subsecretario de Prevención del Delito señaló que el Presidente de la República ha pedido gobernar la seguridad con acciones concretas, lo que se ha traducido en que el presupuesto de este año en seguridad creció en un 4,6% y los recursos de prevención del delito para los municipios en un 65%. A esto se suma, agregó, una política contra el crimen organizado, una nueva ley contra el narcotráfico, y los planes Estado Presente y Calles sin Violencia, entre otras acciones.
“Es importante que la ciudadanía tenga hoy la certeza de que como gobierno avanzamos sobre políticas que funcionan y sobre evidencia; no se gobierna con titulares ni amenazas por la prensa, porque lo que la ciudadanía espera son acciones palpables. Seguiremos incrementando nuestro trabajo, seguiremos reforzando las instituciones del Estado y dotaremos a las policías de las herramientas que necesitan para hacer su trabajo pero, por sobre todo, entendemos esto como un pacto país porque la seguridad no es solo un derecho, es también una expresión de justicia territorial”, dijo Vergara.
El gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, valoró el consejo como “un espacio de discusión y de toma de decisiones muy relevante para mejorar nuestra eficiencia a la hora de enfrentar los delitos más importantes aquí en la región”. En lo que respecta al gobierno regional, agregó, “vamos a explorar un convenio de colaboración con la Subsecretaría de Prevención del Delito para apoyar distintos ámbitos de acción. Un foco de atención preferente es el trabajo que llevan los municipios, es muy importante que se actualicen los planes de seguridad, y en ese proceso el gobierno regional puede concurrir con apoyo financiero parta material las acciones que proponen las municipalidades a nivel de barrios”.
“Ratificar también el compromiso que tenemos con el apoyo decidido a la labor de nuestras policías, con apoyo en materia de compra de vehículos, equipamiento, prontamente esperamos hacer algunos anuncios en la materia, tanto con Carabineros como con la Policía de Investigaciones, y también los recursos que se disponen para mejorar la infraestructura de nuestras policías en la región. Tener éxito en tener comunas más seguras es un compromiso de todos. Aquí hay una articulación importante de la institucionalidad pública, también es fundamental el trabajo de la comunidad organizada. Tenemos que ir enfrentando estas tareas urgentes, pero yo creo que aquí se ha dado un paso importante con la priorización definida por el Consejo y esperamos tener resultados muy positivos en el corto mediano plazo”, afirmó el Gobernador de Atacama.
Por su parte, el delegado presidencial de la Región de Atacama, Cristhian Fuentes, señaló que la priorización de delitos en el plan de seguridad “va a permitir ahora a todos los equipos comunales, a cada uno de los equipos municipales de seguridad pública, implementar los planes de trabajo y las acciones concretas que se van a comprometer, con los indicadores para medir avances. También, los recursos necesarios para ello”.
