José Luis López Blanco
Abogado
A principios del pasado mes de septiembre se celebró el Encuentro Anual del Comercio, organizado por la Cámara Nacional de Comercio, que tuvo lugar en el Mercado Central, centro mismo del barrio Mapocho.
En tal ocasión, José Pakomio, Presidente de la asociación gremial, destacó el título de la Convocatoria al encuentro, que denominó, DESDE EL CENTRO, con lo que enfatiza el concepto fundamental, entendido como, “el lugar desde donde parten o convergen acciones coordinadas”.
A este respecto, señaló que el centro de una ciudad es un espacio único que marca su inicio, donde no sólo se delimitan calles, paseos y otros lugares, como en un tablero, sino que, “se da vida a aquello que nos alberga, nos protege y a la vez nos une y nos hace ser comunidad”. Se destacó en ese discurso que “los mercados son ferias de vitalidad”, citando un artículo de Joaquín Edwards Bello, del año 1955.
Reforzando tales conceptos, agregó que: “como chileno y habitante de Rapa Nui, si hay algo de lo que yo sé, es el respeto a las tradiciones, a los rituales y al patrimonio”. A continuación, en la misma línea de pensamiento, subrayó que las familias merecen vivir en barrios seguros y trabajar tranquilas.
Sin embargo, en los puntos que continuaron en esa exposición, se hizo referencia a diversas circunstancias que han ocurrido en el país y que afectan la seguridad y tranquilidad de las familias. Como consecuencia de lo anterior se dañan las fuentes de trabajo y, entre ellas, toda la actividad comercial. Se está perdiendo, así, esa tan significativa virtud, que destacaba Edwards Bello, en cuanto los mercados son ferias de vitalidad.
Efectivamente, en los últimos años, el comercio ilícito y la creciente delincuencia, han afectado, muy severamente las actividades de emprendimiento y de comercio establecidas. Se destacaron situaciones dramáticas ocurridas en el centro de Santiago, y también en comunas, como el barrio Meiggs, y en otras ciudades, por ejemplo, Temuco y Antofagasta.
Por desgracia, se puede observar que el centro de las ciudades empieza a ser abandonado por las familias y los comerciantes, y se transforma en un barrio pintarrajeado, sombrío y peligroso.
Ahora bien, en un análisis retrospectivo de la importancia que ha tenido la actividad comercial en el desarrollo de Chile, debe destacarse, como ya lo hemos hecho en otras publicaciones previas (Compraventa internacional de mercaderías, Santiago de Chile. 2001), que desde los primeros años de la Independencia, se dictaron normas con el objeto de favorecer la libertad de emprendimiento y desarrollo de comercio, entre ellas las primeras leyes dictadas en febrero de 1811.
Se establecieron en Chile, ya en esos años, los principios jurídicos y económicos de libertad de flujo de divisas internacionales, y de igualdad entre chilenos y extranjeros.
El resultado de este esfuerzo permanente realizado en el país, desde sus inicios, significó que, en el año 1875, el diplomático británico Horace Rumbold, en un informe a su gobierno, se refiriera a Chile como: “una nación sobria, práctica, laboriosa, bien ordenada, gobernada prudentemente, y formando un gran contraste con los otros estados del mismo origen y de instituciones semejantes que se extienden en el Continente Americano”.
El informe de dicho diplomático concluye con una frase en que se expresa que todo lo anterior puede resumirse en dos palabras: “trabajo y cordura”.
Sin duda alguna, que ese resultado se obtuvo, con el esfuerzo de miles de empresarios, que contribuyeron, como se dice en el informe, a constituir una Nación, sobria, práctica y laboriosa.
En este sentido, el Grupo del Banco Mundial, ha señalado que: “el comercio es un motor del crecimiento que crea mejores empleos, reduce la pobreza y aumenta las oportunidades económicas”.
La actividad comercial, reúne a empresarios de todo el país, desde Arica hasta Tierra del Fuego, contribuyendo con un 10 % del PIB y un 19% al total del empleo.
En lo referente al vínculo que existe entre desarrollo de negocios y derechos ciudadanos, en columna de opinión reciente, de este mismo autor, se ha resaltado la obligación que tiene el Estado, consagrada en los artículos 4° y 6° de la Constitución Política, de resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y a la familia.
Cabe esperar, que las autoridades del país puedan cumplir, a la mayor brevedad posible con la implementación de las medidas que se requieren para otorgar esta seguridad y protección a la población y la familia.
