El requisito de 20 trabajadoras para acceder a sala cuna podría modificarse con el proyecto de ley en tramitación. Experta en derecho laboral explica qué obligaciones deben cumplir las empresas bajo la normativa vigente.
El derecho a sala cuna vuelve al centro del debate laboral en Chile. Actualmente, el artículo 203 del Código del Trabajo establece que las empresas que cuentan con 20 o más trabajadoras deben otorgar este beneficio, mientras el proyecto que busca ampliar su cobertura fue despachado por el Senado el 8 de septiembre de 2026 y avanza ahora en su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.
“La discusión actual busca superar un criterio que vincula el acceso al beneficio con el número de mujeres contratadas por una empresa y avanzar hacia una cobertura más amplia, incorporando también una mirada de corresponsabilidad en el cuidado”, señala Consuelo Letelier, VP Legal de Talana.
Mientras no existan cambios a la legislación, la empresa debe considerar en el cálculo del número de trabajadoras, a aquellas con jornada parcial. Sin embargo, no se incluyen trabajadores de empresas contratistas ni personas que prestan servicios a honorarios. A esto se suma un punto que muchas organizaciones desconocen, el derecho adquirido. Si una trabajadora ya está haciendo uso de la sala cuna y la dotación de la empresa baja de las 20 trabajadoras, el beneficio no se pierde y debe mantenerse mientras persistan las condiciones que le dieron origen.
“Más allá de lo que ocurra con el proyecto, este es un buen momento para que las empresas revisen cómo están gestionando la sala cuna. No solo desde el cumplimiento legal, sino también desde la capacidad de adaptar sus procesos a un escenario de mayor cobertura y corresponsabilidad”, señala Consuelo.
Frente a este escenario, Talana recomienda a Recursos Humanos revisar periódicamente sus dotaciones para identificar cuándo se activa la obligación, mantener actualizados los registros de menores beneficiarios y ordenar la documentación asociada a convenios y pagos. Estas medidas permiten fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente y facilitar la gestión del beneficio.
