- En la presentación ante el Tribunal electoral, encabezada por los ediles Carolina de la Carrera, Juan Manuel Cáceres, Juan Pablo Rico y Pedro Bedoya, se solicita la remoción de la máxima autoridad comunal debido a las graves irregularidades financieras y faltas a la probidad al interior del municipio, lo que incluso se encuentra avalado por informes de Contraloría.
De manera transversal y apelando a la urgente necesidad de transparencia y probidad total en la Municipalidad de Copiapó, los concejales Juan Manuel Cáceres, Carolina de la Carrera, Juan Pablo Rico y Pedro Bedoya, llegaron hasta el Tribunal Electoral de Atacama para presentar una acusación por Notable Abandono de Deberes contra el alcalde Marcos López.
El texto se fundamenta en la serie de irregularidades financieras y presupuestarias detectadas por la Contraloría General de la República, destacando notorias deficiencias administrativas, pobre manejo del estado financiero del municipio, desorden en los listados deudores, órdenes de compra sin facturas, errores en la ejecución de gastos municipales y falta de transparencia en la estimación de los presupuestos municipales, lo que configura un grave desorden administrativo, que según el máximo órgano contralor se arrastra al menos por tres años.
Existe un segundo elemento que configura el Notable Abandono de Deberes según los concejales y que incluso podría ser aún más complejo. Se trata de la grave falta contra el principio de probidad administrativa en la cual habría incurrido el alcalde López, tras comprobarse que no se abstuvo en la votación de una licitación y trato directo donde se benefició con millonarios contratos a una persona con vínculos de parentesco familiar en calidad de ex cuñado y que además fue financista de su campaña electoral.
«Hemos acudido al Tribunal Regional Electoral para que se pronuncie respecto al informe de la Contraloría en el que se establecen distintos cargos, entre ellos faltas a la probidad y desórdenes administrativos. Esperamos que el tribunal se pronuncie estableciendo las sanciones pertinentes y relacionadas con las faltas cometidas por el alcalde Marcos López», manifestó el concejal Juan Manuel Cáceres.
«Lo que nosotros como concejales estamos haciendo es resguardar el patrimonio financiero de la ciudad, proteger a los ciudadanos y exigir la mayor de las transparencias y probidad dentro del Municipio. Esto no es una tema personal contra el alcalde Marcos López, pero él tiene la responsabilidad de haber exigido un mayor control y fiscalización interno para evitar que estas graves irregularidades y faltas administrativas ocurrieran. Contraloría acreditó la ocurrencia de estos hechos y ahora será el Tribunal Electoral quien defina cuáles deben ser las sanciones, porque esto no puede quedar así y se debe clarificar por el bien de la ciudad de Copiapó», explicó la concejala Carolina de la Carrera.
Argumentos a los cuales se sumó el concejal Pedro Bedoya quién basándose en los dictámenes de Contraloría indicó que «es el momento que nuestro alcalde diga, exprese y reflexione con respecto a todas estas acusaciones e irregularidades que aparecen allí, para poder de alguna manera mantener la imagen de la Ilustre Municipalidad de Copiapó. Vamos a esperar ahora del tribunal electoral qué cosa es lo determina o define, porque obviamente nosotros al impecable trabajo de la Contraloría General de la República no le podemos hacer caso omiso».
«Probidad, transparencia y en equilibrio con nuestra función de fiscalizar, hoy es nuestro deber como concejalía ciudadana y popular tomar razón de la profunda investigación de Contraloría, de las sugerencias y antecedentes que nos presentan. Es por eso que vengo a acompañar este recurso ante el Tribunal Electoral Regional, para que sean ellos los que establezcan qué sanción corresponde, la ley se debe cumplir y tenemos que dejar que las instituciones funcionen. Mi único objetivo es cumplir con mis compromisos ante la ciudadanía y velar siempre por la integridad y rectitud del actuar de nuestra Municipalidad», sentenció el concejal Juan Pablo Rico.
El texto firmado por los cuatro concejales solicita la remoción del alcalde por las causales de Notable Abandono de Deberes y faltas a la probidad o en su defecto las sanciones establecidas en la Ley 18.883, por las graves irregularidades y fue elaborado por el abogado Emanuel Cuadra, quien explicó los alcances de la acusación.
«Al alcalde le compete responsabilidad al ser, según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la persona que se encuentra encargada de la administración financiera de la municipalidad, por tanto en esa calidad, es susceptible de ser responsable respecto de las deficiencias administrativas y financieras. Cuando más o menos es responsable, obviamente depende del juez y de qué manera haya enfrentado el tema y la pasividad que tiene respecto a éstas», agregó el profesional.
Dentro de la presentación se adjuntan los informes de Contraloría y todos los antecedentes que avalan la acusación.
