El pasado 16 octubre se conmemoró los 20 años desde el inicio de la Reforma Procesal Penal en la Región de Atacama, política pública trascendental expresiva de la esclarecida conciencia que, en su momento, se tuvo sobre la necesidad modernizar la institucionalidad del país, y que introdujo en nuestro sistema de justicia penal uno de los cambios más significativos experimentados en esta materia: La Reforma Procesal Penal, que instauró un modelo procesal penal acusatorio que, paulatinamente, fue reemplazando al modelo inquisitorial vigente hasta ese entonces. Dicho reemplazo se tradujo no sólo en reformas normativas sino, por sobre todo en un profundo cambio cultural que se evidenció en una concepción y comprensión diferentes del conflicto penal.
La Reforma Procesal Penal se inició, formalmente, con la presentación del proyecto de Código Procesal Penal, el 5 de junio de 1995, que cobró cuerpo con la Ley 19.696 publicada el 12 de octubre de 2000.
Ciertamente el cambio cultural que importó la Reforma aún no se ha consolidado del todo, pues significó la mutación radical del sistema de enjuiciamiento criminal, por cuanto trajo consigo la vigencia de aspectos esenciales: realzó la noción de la dignidad de las víctimas y los imputados, reconociéndose la preeminencia de la presunción de inocencia de éstos últimos, al tiempo que se estableció un esquema de investigación penal objetivo y racional, sometido a un debido control judicial. Para tal objetivo ha sido decisiva la circunstancia de conferírsele al Ministerio Público, titular de las investigaciones penales, un respaldo constitucional que le asegura autonomía en su desempeño, labor que ejerce mancomunadamente con otros organismos públicos, como son Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, propósito al cual contribuyen también, otros organismos del Estado cuyo concurso resulta determinante para el esclarecimiento de los hechos ilícitos. Seguidamente se estableció un sólido régimen judicial destinado a cautelar la inmunidad de las personas frente a decisiones arbitrarias, seguido de la creación de la Defensoría Penal Pública que ha cumplido un rol esencial en el actual sistema de justicia penal.
Ciertamente un análisis de la implementación de la Reforma Procesal Penal en Atacama excede la extensión de esta columna, sin embargo, basta señalar que la experiencia regional en este Vigésimo aniversario da cuenta de resultados positivos en cuanto al logro de los estándares primigenios que basaron la concepción del nuevo sistema, sin perderse de vista la necesidad de enfrentar los desafíos que depara cotidianamente su operatividad.
Finalmente, reconocer que, gracias al férreo compromiso de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, nuestra institución puede decir hoy que su consolidación ha ido caminando de forma paralela con la preocupación diaria dirigida a víctimas y testigos de los delitos que son investigados en Atacama.
