La controversia se intensificó tras el debate en el Senado sobre la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, donde el diputado Daniel Manouchehri (pareja de la diputada) emplazó a la senadora Yasna Provoste (DC) por sus supuestos «contactos informales» con Ulloa. Provoste respondió acusando a Manouchehri de usar la instancia con «fines electorales» y de guardar silencio sobre las presuntas irregularidades que afectan al alcalde Cicardini.
En respuesta a esto, la diputada Cicardini publicó un video acusando una «campaña sucia» en su contra y vinculando a Provoste con la «red de Hermosilla», alegando que su denuncia permitió abrir investigaciones sobre esa red en la Fiscalía de Copiapó. El alcalde Cicardini, por su parte, acusó a esta «red de influencias» de estar detrás de las acusaciones contra el municipio de Copiapó por «venganza».
La Fiscalía de Atacama calificó las aseveraciones de la diputada y el alcalde como «mendaces y carentes de todo fundamento», señalando que no existe registro de denuncia o procedimiento penal que respalde tales declaraciones. El ente persecutor lamentó que estas acusaciones dañen la honra institucional de la Fiscalía y sus funcionarios.
Finalmente, la Fiscalía enfatizó que las investigaciones penales vigentes relacionadas con la Municipalidad de Copiapó se iniciaron de oficio o por denuncias de terceros (como informes de la Contraloría Regional), y están a cargo de la Unidad de Casos Complejos. El comunicado concluyó reafirmando el compromiso del organismo con la probidad y la transparencia, ejecutando las investigaciones con «absoluta prescindencia de consideraciones de orden político»


