Viviana Rivera Barrientos<\/p>\n
Acad\u00e9mica Facultad de Educaci\u00f3n, UCEN<\/p>\n
A inicio de julio se entreg\u00f3 el proyecto de nueva Constituci\u00f3n discutida por m\u00e1s de un a\u00f1o, y en la cual se proponen varios cambios sustantivos en los m\u00e1s diversos \u00e1mbitos y sobre los cuales la ciudadan\u00eda, el 4 de septiembre pr\u00f3ximo, determinar\u00e1 democr\u00e1ticamente si quiere aprobarlos o rechazarlos.<\/p>\n
Entre las propuestas, hay diversos temas que hasta hace alg\u00fan tiempo eran invisibles para la sociedad. Uno de ellos es el de las personas que se encuentran en situaci\u00f3n de discapacidad (PsD) y que afecta a m\u00e1s de un 10% de la poblaci\u00f3n en el pa\u00eds.<\/p>\n
La Constituci\u00f3n vigente, hace m\u00e1s de cuatro d\u00e9cadas, no se refiere en ninguno de sus art\u00edculos a las PsD, pero s\u00ed se refiere a la igualdad en dignidad y derechos de las personas y de prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n arbitraria, pero a\u00fan no hay una referencia espec\u00edfica que permita reconocer sus derechos y obligaciones.<\/p>\n
La propuesta de la nueva Constituci\u00f3n desarrolla esto \u00faltimo. En ese sentido, afirma en el art\u00edculo 28 de su cap\u00edtulo de derechos fundamentales y garant\u00edas que \u201ctoda persona con discapacidad tiene derecho al goce y ejercicio de su capacidad jur\u00eddica, con apoyos y salvaguardias, seg\u00fan corresponda; a la accesibilidad universal; a la inclusi\u00f3n social; a la inserci\u00f3n laboral, y a la participaci\u00f3n pol\u00edtica, econ\u00f3mica, social y cultural\u201d.<\/p>\n
En el mismo apartado del proyecto de nueva Constituci\u00f3n tambi\u00e9n se afirma que \u201cse elaborar\u00e1n, coordinar\u00e1n y ejecutar\u00e1n pol\u00edticas y programas destinados a atender sus necesidades de trabajo, educaci\u00f3n, vivienda, salud y cuidado\u201d. Adem\u00e1s, se establece que la ley determinar\u00e1 \u201clos medios necesarios para identificar y remover las barreras f\u00edsicas, sociales, culturales, actitudinales, de comunicaci\u00f3n y de otra \u00edndole para facilitar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos\u201d.<\/p>\n
Es decir, la persona en situaci\u00f3n de discapacidad presentes, en el centro de la principal norma legislativa del pa\u00eds, destacando los derechos necesarios para acortar las diferencias, retrasos y discriminaciones.<\/p>\n
Estos derechos est\u00e1n enunciados acorde a los est\u00e1ndares internacionales m\u00e1s avanzados en la materia: aquellos donde las personas en situaci\u00f3n de discapacidad no est\u00e1n integradas, sino m\u00e1s bien incluidas a la sociedad. Muchos de esos est\u00e1ndares ya estaban vigentes en el pa\u00eds a trav\u00e9s de la aprobaci\u00f3n de una serie de leyes sobre la materia, algunas muy positivas, sin embargo, ninguna de ellas ten\u00eda rango constitucional.<\/p>\n
Nuestro pa\u00eds en los \u00faltimos a\u00f1os ha avanzado en este tema y su ley fundamental debe estar a la altura de lo que ya hemos logrado, cierto, pero tambi\u00e9n de los inmensos desaf\u00edos que tenemos por delante. Ya sea con la nueva Constituci\u00f3n o una reforma a la actual, se necesita un camino para construir una nueva manera de vivir, de convivir, de cambiar las miradas y paradigmas para poder avanzar en la materia. \t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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