Por Carolina Cort\u00e9s Henr\u00edquez<\/p>\n
Directora Regional Sename Atacama<\/p>\n
En Atacama, durante el a\u00f1o 2000, en una supervisi\u00f3n t\u00e9cnica nocturna, se logr\u00f3 detectar situaciones de maltrato al interior de una residencia de ni\u00f1os y ni\u00f1as (es esa \u00e9poca, hogar de menores). Los hechos que se denunciaron iban desde malos tratos verbales, castigos f\u00edsicos, violencia psicol\u00f3gica y otros de una ignominia que hoy, no viene al caso recordar en detalle. Al albor de los antecedentes, Sename toma la decisi\u00f3n de generar el cierre definitivo de esa residencia y la creaci\u00f3n de un piloto que apostaba a entregar toda la dignidad que le hab\u00eda sido negada a nuestros ni\u00f1os (lo digo en masculino pues eran solo varones), adem\u00e1s de la protecci\u00f3n y trabajo especializado en reinserci\u00f3n y fortalecimiento familiar. Hab\u00edan pasado ya diez a\u00f1os desde la ratificaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n Internacional de los Derechos del Ni\u00f1o (CIDN), y nuestro pa\u00eds ten\u00eda una deuda importante en este sentido.<\/p>\n
El proyecto piloto de residencias familiares con programa de fortalecimiento y reinserci\u00f3n familiar, luego de un a\u00f1o, no tuvo m\u00e1s financiamiento.<\/p>\n
Tomar la decisi\u00f3n de incorporar una pol\u00edtica p\u00fablica robusta en relaci\u00f3n a la infancia y la adolescencia en Chile, ha sido una tarea que, tomando como hito la ratificaci\u00f3n de la ya mencionada Convenci\u00f3n, ha llevado m\u00e1s de una treintena de a\u00f1os.<\/p>\n
Debemos considerar como sociedad que el problema no radica tan solo en nuestra infancia y adolescencia vulnerada o gravemente vulnerada en sus derechos, la mirada transformadora es hacia toda esta poblaci\u00f3n, sus derechos sociales, derechos de protecci\u00f3n y derechos civiles y pol\u00edticos, donde el Estado se debe comprometer a promover, respetar y garantizar los mismos.<\/p>\n
A una parte de la ciudadan\u00eda le resulta complicado hablar de derechos para efectos de este rango etario, muy arraigada culturalmente est\u00e1 la sensaci\u00f3n de que los deberes de la infancia y la adolescencia est\u00e1n por sobre la titularidad de derechos. La negaci\u00f3n a \u00e9stos y la acci\u00f3n de sometimiento instalada en familias e instituciones ha determinado una serie de inhumanas e inmorales acciones hacia nuestros ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, lo que nada bueno puede tener como consecuencia, por mencionar algunos: trastornos mentales graves, trastornos de ansiedad, alimentarios, depresi\u00f3n, intentos de suicidio, consumo de sustancias o drogodependencia. Si a esto sumamos la posibilidad de un entorno barrial peligroso, las diferencias sociales estructurales, la discriminaci\u00f3n, etc., el panorama se torna menos auspicioso, sum\u00e1ndose la posibilidad de conductas asociadas a la infracci\u00f3n de ley.<\/p>\n
Hoy tenemos una posibilidad importante en t\u00e9rminos del giro que se requiere de toda la institucionalidad. La ciudadan\u00eda, escuelas, colegios, liceos y todos quienes formamos parte del Estado para que esta pol\u00edtica sea coherente en teor\u00eda, pero tambi\u00e9n en su operatividad. Se requiere del compromiso firme y real de quienes intervenimos directa o indirectamente con la infancia y la adolescencia. La especializaci\u00f3n y capacidad de trabajo, todos, todas y cada uno y una de nosotros y nosotras enfoc\u00e1ndonos hacia este compromiso que asumimos como Estado y, por tanto, como ciudadan\u00eda. Se lo debemos.<\/p>\n
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