El incremento de delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) revela la insuficiencia de las pol\u00edticas p\u00fablicas destinadas a evitar su ocurrencia, as\u00ed como tambi\u00e9n de las medidas de protecci\u00f3n adoptadas en favor de las v\u00edctimas, las cuales por diversas circunstancias muchas veces resultan poco efectivas para garantizar la integridad f\u00edsica y\/o ps\u00edquica de las v\u00edctimas, realidad especialmente sensible cuando se encuentra pendiente una sentencia definitiva para que una condena entregue la protecci\u00f3n asociada a una sanci\u00f3n penal.<\/p>\n
Sin embargo, es durante la investigaci\u00f3n de un delito cometido en contexto VIF donde cobra relevancia la necesidad de contar con medidas de protecci\u00f3n eficaces. Nuestro ordenamiento jur\u00eddico penal establece que una de las obligaciones de la Fiscal\u00eda, junto con la investigaci\u00f3n y el ejercicio de la acci\u00f3n penal p\u00fablica, es la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas y testigos en todas las etapas del procedimiento de persecuci\u00f3n penal, y, en lo concerniente a los delitos cometidos en contexto VIF, resulta expresiva de aquel deber la facultad que tienen los fiscales para disponer, directamente, medidas de protecci\u00f3n como lo son: rondas peri\u00f3dicas de Carabineros y contacto telef\u00f3nico prioritario, mientras que las medidas cautelares solicitadas al juez por la Fiscal\u00eda, y as\u00ed decretadas contra el imputado, pueden ser: la salida del imputado del hogar com\u00fan, prohibici\u00f3n de acercamiento a la v\u00edctima, terapias, etc.<\/p>\n
La realidad ha demostrado la insuficiencia de las medidas se\u00f1aladas, particularmente en aquellos casos en que el imputado no se encuentre sujeto a medidas judiciales cautelares de mayor intensidad, como lo ser\u00eda la prisi\u00f3n preventiva. De ah\u00ed que la Ley 21.378 ha venido a remediar, en parte, las falencias descritas, instaurando el uso de dispositivos tecnol\u00f3gicos de control para velar por la integridad de las v\u00edctimas, consistente en el uso del sistema de Monitoreo Telem\u00e1tico de Medidas Cautelares de los imputados (tobillera electr\u00f3nica), contempl\u00e1ndose adem\u00e1s la posibilidad que la v\u00edctima use voluntariamente un sistema de monitoreo telem\u00e1tico para su protecci\u00f3n.<\/p>\n
Por de pronto, seg\u00fan el art\u00edculo 1\u00ba de esta ley, podr\u00e1 supervisarse mediante monitoreo telem\u00e1tico la medida de prohibici\u00f3n de acercamiento del imputado a la v\u00edctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, cuando dicha prohibici\u00f3n haya sido decretada por el Juez de Garant\u00eda como medida cautelar, medida accesoria, o como condici\u00f3n de la suspensi\u00f3n condicional del procedimiento. As\u00ed tambi\u00e9n el art\u00edculo 6\u00b0 establece la entrega de un dispositivo telem\u00e1tico para la protecci\u00f3n de la afectada, trat\u00e1ndose \u00e9sta de una medida de car\u00e1cter voluntario para ella que tiene como fin fortalecer su protecci\u00f3n. El dispositivo consiste en un tel\u00e9fono celular especialmente habilitado para determinar su ubicaci\u00f3n geo referencial, con alertas de bater\u00eda, bot\u00f3n de p\u00e1nico y mensajes SMS. Esto permitir\u00e1 resguardar su seguridad en cualquier lugar donde ella se encuentre. \t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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