{"id":188507,"date":"2023-11-19T23:43:52","date_gmt":"2023-11-20T02:43:52","guid":{"rendered":"https:\/\/tierramarillano.cl\/?p=188507"},"modified":"2023-11-19T23:43:52","modified_gmt":"2023-11-20T02:43:52","slug":"derecho-de-aguas-el-deber-constitucional-de-agilizar-los-tramites-en-la-dga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/2023\/11\/19\/derecho-de-aguas-el-deber-constitucional-de-agilizar-los-tramites-en-la-dga\/","title":{"rendered":"Derecho de Aguas: El Deber Constitucional de Agilizar los Tr\u00e1mites en la DGA"},"content":{"rendered":"

Por: Santiago Acevedo Ferrer
\nACEVEDO SANTINI ABOGADOS<\/strong><\/p>\n

Cualquier profesional que se dedique a asesorar usuarios ante la Direcci\u00f3n General de Aguas (DGA) coincidir\u00e1 con el suscrito que la tramitaci\u00f3n de procedimientos y solicitudes ante dicho Servicio se ha vuelto m\u00e1s lenta y dificultosa.<\/p>\n

La primera explicaci\u00f3n que se recibe es que ha habido en los \u00faltimos dos a\u00f1os un aumento de solicitudes al Servicio que excede con creces las cifras del pasado. Este es un dato objetivo mensurable e inobjetable.<\/p>\n

Con todo, cabe preguntarse: \u00bfpor qu\u00e9 han aumentado tales solicitudes? Y la respuesta inmediata la encontramos en las reformas al C\u00f3digo de Aguas de los a\u00f1os 2022 y 2023. Y el personal del Servicio no ha podido hacer frente a esas alzas de solicitudes. Y se internaliz\u00f3 el atraso.<\/p>\n

En concreto, se identifican dos tr\u00e1mites que est\u00e1n especialmente lentos en su tramitaci\u00f3n: El primero, las solicitudes de catastros de derechos inscritos, tramite al que la Ley 21.435 asoci\u00f3 una multa por incumplir en 18 meses (plazo que fue ampliado en 2023 por la ley 21.586). El segundo, el perfeccionamiento de derechos inscritos que por su antig\u00fcedad no cuentan con todas las menciones que establece el C\u00f3digo de Aguas de 1981.<\/p>\n

En lo que respecta al punto uno sobre las solicitudes de catastros, es lamentable que la urgencia que trasluce la ley haya ido aparejada por tama\u00f1o retraso en procesar esa informaci\u00f3n. El usuario que se enter\u00f3 de contar con un breve plazo para ejecutar un tr\u00e1mite so pena de multa hoy mira con desaliento que dicha urgencia parec\u00eda ficticia puesto que no ha sido atendida a\u00fan.<\/p>\n

Por otra parte, el segundo tr\u00e1mite, el procedimiento de perfeccionamiento de derechos inscritos dej\u00f3 de estar encomendado a los tribunales ordinarios y pas\u00f3 a ser de conocimiento de la propia DGA (Art. 170 bis del C\u00f3digo de Aguas incorporado por la Ley 21.586 de 2023). Es tragic\u00f3mico constatar que el verbo rector de la historia de dicha ley fue el de \u201cfacilitar\u201d estos procedimientos, sac\u00e1ndolos de la esfera de los tribunales, evitando la contrataci\u00f3n de asesores jur\u00eddicos y poni\u00e9ndola en la competencia de la DGA. Sin embargo, lejos de facilitarse el tr\u00e1mite estimamos que se ha dificultado y en algunos casos vuelto imposible.<\/p>\n

Las razones de lo anterior son t\u00e9cnicas y excede el prop\u00f3sito de esta columna. Con todo, s\u00f3lo quisiera ilustrar que ahora el titular debe publicar su solicitud en el Diario Oficial y radiodifundirla y si bien no requiere de un abogado, requerir\u00e1 de un especialista en estos procedimientos cuya reglamentaci\u00f3n (por medio de una Resoluci\u00f3n Exenta sin control de legalidad y emitida por la propia DGA) no solo es discutible sino sobre todo compleja para quien no conozca en detalle estos temas.<\/p>\n

Quienquiera que inicie cualquiera de los mencionados procedimientos puede saber de antemano que la respuesta que recibir\u00e1 ser\u00e1 una probable inadmisibilidad (por faltar uno de los m\u00faltiples requisitos que elabor\u00f3 la propia DGA) o, bien, una larga espera.<\/p>\n

Una m\u00e1xima jur\u00eddica es que nadie est\u00e1 obligado a lo imposible. Y bajo esa l\u00f3gica se podr\u00edan entender los atrasos. Pero son igualmente criticables el dise\u00f1o y la implementaci\u00f3n de estas nuevas exigencias. Dicho de otra forma, fueron las reformas propiciadas por el Estado (a trav\u00e9s del Poder Legislativo) las que han impedido que el Estado (a trav\u00e9s del Poder Ejecutivo) atienda adecuadamente a los usuarios de aguas. Y esto s\u00ed era evitable y previsible.<\/p>\n

Frente a este panorama, el Estado debiera enmendar su proceder y concretar tanto reformas legales como reglamentarias y agilizar decididamente los procesos en curso.<\/p>\n

Para lo anterior, nos consta que los propios usuarios (agrupados en organizaciones de usuarios) est\u00e1n disponibles para cooperar, ya que son ellos quienes tienen el conocimiento y cercan\u00eda territorial con los usuarios.<\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 del incumplimiento de los plazos legales para todo procedimiento administrativo, lo que m\u00e1s se lamenta es el incumplimiento del deber constitucional de servir a los usuarios, con la consiguiente p\u00e9rdida de credibilidad. Porque coincidir\u00e1 con nosotros el lector que pierde credibilidad un Estado que no es capaz de procesar en sus oficinas los requisitos y exigencias que \u00e9l mismo establece en sus leyes. \t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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