En los \u00faltimos dos a\u00f1os, Chile ha experimentado un alza sostenida en las tomas y ocupaciones ilegales de terrenos, fen\u00f3meno que se ha intensificado durante 2024 y 2025. Seg\u00fan cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el n\u00famero de campamentos pas\u00f3 de 1.091 en 2022 a 1.432 en 2024, un incremento del 31,1 %, mientras que estudios privados estiman que estas ocupaciones se expanden a un ritmo del 30 % anual, afectando m\u00e1s de ocho millones de metros cuadrados y a unas 200 mil personas. Llama la atenci\u00f3n que un 56 % de los casos corresponde a terrenos privados y que el 77 % de las tomas responde a loteos planificados, lo que da cuenta de un fen\u00f3meno cada vez m\u00e1s organizado y menos espont\u00e1neo.<\/p>\n
El abogado y especialista en propiedades Marcelo P\u00e9rez del Valle, indic\u00f3 que, aunque el C\u00f3digo Penal sanciona la usurpaci\u00f3n de inmuebles, persiste un vac\u00edo legal que permite a los ocupantes prolongar su permanencia por a\u00f1os, incluso con sentencias en contra. El uso de recursos procesales, la lentitud de los juicios y la ausencia de mecanismos expeditos de restituci\u00f3n inmediata han generado que, en la pr\u00e1ctica, propietarios con t\u00edtulos claros enfrenten graves dificultades para ejercer su derecho a la posesi\u00f3n, afectando la valorizaci\u00f3n de los terrenos y exponi\u00e9ndolos a da\u00f1os e incluso a explotaci\u00f3n comercial no autorizada.<\/p>\n
Un caso reciente ilustra esta problem\u00e1tica. En Calama, la Sociedad Inversiones e Inmobiliaria Norte Uno S.A. acusa que, a pesar de haber adquirido legalmente en 2015 un terreno de 11.028 m\u00b2 ubicado en Bilbao 727, por $380 millones, no ha podido tomar posesi\u00f3n del mismo. Seg\u00fan la querella criminal presentada contra C\u00e9sar Silva Movimiento de Tierra EIRL, el vendedor se ha negado a restituir el predio, manteniendo su ocupaci\u00f3n e incluso destin\u00e1ndolo a actividades comerciales y firmando contratos con terceros.<\/p>\n
La disputa se arrastra desde hace casi una d\u00e9cada. La compraventa fue inscrita en el Conservador de Bienes Ra\u00edces en enero de 2016, pero la empresa afirma que Silva no solo impide el acceso al terreno, sino que ha instalado a terceros y causado da\u00f1os a las construcciones e instalaciones existentes.<\/p>\n
En mayo de 2022, ambas partes firmaron un avenimiento con fuerza de sentencia que reconoc\u00eda el derecho de Norte Uno a la restituci\u00f3n del inmueble. No obstante, el acuerdo fue incumplido, prolongando la ocupaci\u00f3n hasta la fecha.<\/p>\n
El caso se encuentra actualmente en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que deber\u00e1 pronunciarse sobre la restituci\u00f3n forzada del bien. El terreno, ubicado en una zona urbana de alto inter\u00e9s comercial, podr\u00eda generar entre $2 y $5 millones mensuales en arriendos, pero sigue ocupado sin autorizaci\u00f3n del propietario.<\/p>\n
Este conflicto refleja c\u00f3mo, incluso con t\u00edtulos de dominio inscritos y resoluciones judiciales favorables, la recuperaci\u00f3n de un inmueble puede verse entrampada por un marco legal que no contempla procedimientos \u00e1giles para la restituci\u00f3n, dejando a los propietarios expuestos a p\u00e9rdidas econ\u00f3micas y a la depreciaci\u00f3n de sus bienes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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