Felipe Martin Cuadrado<\/b><\/p>\n
Director Ejecutivo<\/b><\/p>\n
MAS Recursos Naturales<\/b><\/p>\n
El proyecto Dominga se encamina a cerrar un ciclo de tramitaci\u00f3n que se ha extendido por m\u00e1s de una d\u00e9cada, transform\u00e1ndose en un caso ilustrativo de los costos asociados a la incertidumbre regulatoria en Chile. La propuesta de redise\u00f1o ambiental impulsada por el Gobierno abre un espacio para abordar, en este contexto, brechas estructurales del Sistema de Evaluaci\u00f3n de Impacto Ambiental (SEIA).<\/p>\n
Con una inversi\u00f3n estimada de US$ 2.500 millones, Dominga refleja c\u00f3mo la ausencia de plazos efectivos y la superposici\u00f3n de instancias administrativas y judiciales pueden afectar la materializaci\u00f3n de proyectos de alta intensidad de capital. M\u00e1s all\u00e1 de este caso, la se\u00f1al hacia el mercado es relevante: la predictibilidad regulatoria constituye un factor determinante en la asignaci\u00f3n de inversiones, particularmente en sectores como miner\u00eda y energ\u00eda.<\/p>\n
Desde el punto de vista regulatorio, uno de los principales desaf\u00edos del SEIA radica en la coexistencia de componentes t\u00e9cnicos con espacios de discrecionalidad pol\u00edtica. La revisi\u00f3n del rol de estas instancias resulta clave para reducir la volatilidad en las decisiones y mejorar la consistencia del sistema. Sin embargo, la simplificaci\u00f3n de procedimientos debe resguardar la calidad t\u00e9cnica de las evaluaciones, dado que debilidades en esta etapa tienden a trasladarse a procesos de judicializaci\u00f3n posteriores.<\/p>\n
La evidencia reciente muestra que la judicializaci\u00f3n se ha convertido en un factor cr\u00edtico en la extensi\u00f3n de los plazos. Resoluciones de Calificaci\u00f3n Ambiental (RCA) que no logran sostenerse en sede judicial incrementan la incertidumbre y los costos de transacci\u00f3n. En este contexto, fortalecer la robustez t\u00e9cnica y jur\u00eddica de las decisiones iniciales aparece como una condici\u00f3n necesaria para mejorar la eficiencia del sistema.<\/p>\n
Un redise\u00f1o efectivo tambi\u00e9n requiere abordar restricciones de capacidad institucional. El Servicio de Evaluaci\u00f3n Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) operan con limitaciones de recursos que inciden tanto en los tiempos de evaluaci\u00f3n como en la calidad de la fiscalizaci\u00f3n. Desde una perspectiva econ\u00f3mica, una mayor inversi\u00f3n en estas capacidades puede generar retornos relevantes en t\u00e9rminos de reducci\u00f3n de incertidumbre y aceleraci\u00f3n de proyectos.<\/p>\n
Asimismo, instrumentos como la ventanilla \u00fanica apuntan a reducir costos de coordinaci\u00f3n y duplicidades regulatorias, facilitando la tramitaci\u00f3n sin necesariamente relajar est\u00e1ndares. Este tipo de mecanismos resulta especialmente relevante para proyectos vinculados a litio, hidr\u00f3geno verde e infraestructura energ\u00e9tica, donde la oportunidad de mercado est\u00e1 sujeta a ventanas temporales acotadas.<\/p>\n
Con todo, la eficiencia regulatoria no puede disociarse de la legitimidad social. Procesos de participaci\u00f3n ciudadana y consulta ind\u00edgena, conforme al Convenio 169 de la OIT, siguen siendo variables cr\u00edticas para la viabilidad de largo plazo de los proyectos. Su adecuada integraci\u00f3n en etapas tempranas permite reducir riesgos de conflicto y, por ende, costos asociados a paralizaciones.<\/p>\n
El caso Dominga, en conjunto con la discusi\u00f3n sobre el SEIA, pone en evidencia un punto central: avanzar hacia un sistema que entregue certeza regulatoria, reduzca la discrecionalidad y fortalezca las capacidades institucionales no solo es una agenda ambiental, sino tambi\u00e9n una condici\u00f3n habilitante para la inversi\u00f3n y el crecimiento econ\u00f3mico.<\/p>\n
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