\n| <\/td>\n | \n EL CASO, EN S\u00cdNTESIS<\/b><\/span><\/p>\nEl 14 de mayo de 2026<\/b>, el Segundo Tribunal Ambiental anul\u00f3 la RCA del proyecto \u201cDesarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva\u201d<\/b> de la Compa\u00f1\u00eda Minera Do\u00f1a In\u00e9s de Collahuasi, valorizado en m\u00e1s de US$3.200 millones<\/b><\/span>. La RCA hab\u00eda sido aprobada en diciembre de 2021 y ratificada por el Comit\u00e9 de Ministros en agosto de 2023. Al momento del fallo, la planta desaladora \u2014componente clave del proyecto\u2014 ten\u00eda un avance superior al 86%.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\nLas cifras: US$3.200 millones inversi\u00f3n total del proyecto, han transcurrido 5 a\u00f1os desde la aprobaci\u00f3n de la RCA (diciembre 2021), y el avance actual de la planta desaladora es de 86%.<\/p>\n Nuevamente est\u00e1 en tela de juicio la credibilidad de nuestras instituciones, las que regulan los proyectos mineros, con este fallo que no se entiende, introduciendo riesgos graves de incertidumbre jur\u00eddica y excesiva permisolog\u00eda. Los principales peligros para los inversionistas (controlada por Anglo American y Glencore) se centran en el deterioro del clima de negocios, retrasos y sobrecostos y poca confianza para invertir en el pa\u00eds.<\/p>\n I. EL FALLO: QU\u00c9 DIJO REALMENTE EL TRIBUNAL<\/b><\/span><\/p>\nEl Segundo Tribunal Ambiental fue quir\u00fargico en su diagn\u00f3stico. No cuestion\u00f3 la viabilidad t\u00e9cnica del proyecto ni el rol estrat\u00e9gico de Collahuasi en la producci\u00f3n cupr\u00edfera nacional. Lo que concluy\u00f3 es algo m\u00e1s grave: que la RCA aprobada en 2021 \u201ccarece de una debida fundamentaci\u00f3n\u201d, porque las observaciones ciudadanas fueron abordadas de manera incompleta y sin adecuada ponderaci\u00f3n t\u00e9cnica y jur\u00eddica.<\/p>\n Los dos ejes del fallo son concretos. Primero, en materia de factor humano: las asociaciones ind\u00edgenas aymaras de Caleta Chanavaya, pescadores que trabajan en Punta Patache y el sector Puerto Collahuasi, no fueron adecuadamente caracterizadas. El SEA no contaba con antecedentes suficientes para descartar una afectaci\u00f3n directa, lo que imped\u00eda determinar si proced\u00eda una consulta ind\u00edgena seg\u00fan el Convenio 169 de la OIT. Agravante: la CONADI formul\u00f3 observaciones durante la etapa recursiva que tampoco fueron consideradas.<\/p>\n Segundo, en materia de medio marino: el an\u00e1lisis t\u00e9cnico sobre la planta desaladora fue insuficiente en tres aspectos cr\u00edticos: verificabilidad de la velocidad de succi\u00f3n de agua de mar, sedimentaci\u00f3n de la salmuera en el fondo marino y comportamiento del flujo salino a largo plazo. El dato m\u00e1s dif\u00edcil de justificar: el plan de vigilancia ambiental cubr\u00eda solo los primeros cinco a\u00f1os de operaci\u00f3n, cuando la plena operaci\u00f3n de la planta comienza reci\u00e9n en el a\u00f1o ocho.<\/p>\n \u201cEl tribunal no invent\u00f3 los defectos de la evaluaci\u00f3n. Los encontr\u00f3 donde siempre estuvieron, es decir, en el propio expediente del SEA\u201d<\/i><\/b><\/p>\n II. EL ARGUMENTO DE LOS CINCO A\u00d1OS TIENE UNA TRAMPA<\/b><\/span><\/p>\nEl principal argumento de la industria es que el proyecto lleva cinco a\u00f1os aprobado, con cerca del 90% de la inversi\u00f3n ejecutada, y que el Comit\u00e9 de Ministros ya hab\u00eda rechazado los mismos recursos en 2023. Es comprensible. Pero ese argumento supone que el tiempo transcurrido y el avance de la obra convalidan autom\u00e1ticamente una evaluaci\u00f3n defectuosa. No es del todo verdad y muy cuestionable.<\/p>\n Si el avance constructivo fuera suficiente para blindar una RCA cuestionada, cualquier empresa podr\u00eda acelerar ejecuci\u00f3n durante la judicializaci\u00f3n para crear un hecho consumado que vuelva inconveniente la correcci\u00f3n judicial. Esa ser\u00eda una se\u00f1al muy peligrosa para el sistema ambiental chileno. El fallo retrotrajo el proceso, no por capricho institucional sino porque el SEA tramit\u00f3 sin resolver. Hay una diferencia fundamental entre procesar un argumento ciudadano y responderlo.<\/p>\n Lo grave es que en el pa\u00eds para hacer un proyecto en muchas ocasiones termina\u00a0 <\/span>en juicios y resoluciones sobre otras resoluciones, si no es por un mal dictamen es por sesgo pol\u00edtico y eso debe acabarse.<\/i><\/b><\/p>\nIII. LA PERMISOLOG\u00cdA NO SE RESUELVE SOLO CON PLAZOS M\u00c1S CORTOS<\/b><\/span><\/p>\nChile enfrenta hoy una presi\u00f3n real y leg\u00edtima por destrabar inversiones. La permisolog\u00eda le cost\u00f3 al pa\u00eds casi US$3.000 millones en 2025 y mantiene bloqueados m\u00e1s de 40.000 empleos. El Ejecutivo impulsa reformas para agilizar el sistema. La direcci\u00f3n es correcta. Pero la velocidad administrativa no reemplaza la calidad t\u00e9cnica de las evaluaciones.<\/p>\n Un proceso m\u00e1s r\u00e1pido que produce resoluciones mal fundamentadas no es una soluci\u00f3n: es un camino m\u00e1s corto al mismo tribunal. El fallo de Collahuasi lo demuestra con claridad: no fall\u00f3 en la velocidad de tramitaci\u00f3n. Fall\u00f3 en la rigurosidad de sus resoluciones. Si el SEA no mejora sus capacidades t\u00e9cnicas y sus criterios de evaluaci\u00f3n del componente humano y marino, las reformas legislativas reducir\u00e1n plazos, pero no litigios.<\/p>\n \u201cAcortar plazos sin mejorar la calidad t\u00e9cnica de las evaluaciones no resuelve la permisolog\u00eda. Solo acelera el camino al tribunal.\u201d<\/i><\/b><\/p>\n CINCO LECCIONES APRENDIDAS<\/b><\/span><\/p>\nPara fortalecer la miner\u00eda chilena y no repetir este escenario<\/p>\n \n\n\n| \n 1<\/b><\/p>\n<\/td>\n | \n La calidad t\u00e9cnica del SEA es una prioridad de competitividad nacional<\/b><\/p>\n El sistema de evaluaci\u00f3n ambiental chileno necesita con urgencia m\u00e1s capacidad t\u00e9cnica especializada, criterios uniformes para evaluar impactos sobre comunidades ind\u00edgenas y planes de monitoreo ambiental que cubran el ciclo completo de operaci\u00f3n de los proyectos. Una resoluci\u00f3n mal fundamentada no es un problema legal: es un pasivo de inversi\u00f3n para todo el pa\u00eds.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n \n\n\n| \n 2<\/b><\/p>\n<\/td>\n | \n La consulta ind\u00edgena es un est\u00e1ndar, no un obst\u00e1culo: implementarla bien es la soluci\u00f3n<\/b><\/p>\n Chile ratific\u00f3 el Convenio 169 hace d\u00e9cadas. El problema no es el derecho, sino la falta de protocolos claros, criterios uniformes y capacidades institucionales para aplicarlo con predictibilidad. El art\u00edculo 86 del Reglamento SEIA existe precisamente para que el SEA determine con anticipaci\u00f3n si procede consulta. Usarlo bien \u2014no evitarlo\u2014 es lo que genera certeza jur\u00eddica.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n \n\n\n| \n 3<\/b><\/p>\n<\/td>\n | \n Las observaciones de organismos p\u00fablicos como CONADI deben tener respuesta t\u00e9cnica documentada<\/b><\/p>\n Que la CONADI haya formulado observaciones durante la etapa recursiva y que estas no fueran consideradas por la autoridad ambiental es una falla institucional grave. En el futuro, toda observaci\u00f3n de un organismo sectorial del Estado debe recibir respuesta t\u00e9cnica y jur\u00eddica expl\u00edcita en el expediente. Si no hay respuesta documentada, hay vulnerabilidad.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n \n\n\n| \n 4<\/b><\/p>\n<\/td>\n | \n Los planes de vigilancia ambiental deben cubrir el ciclo operacional completo<\/b><\/p>\n Un plan de monitoreo de cinco a\u00f1os para una planta cuya operaci\u00f3n plena comienza en el a\u00f1o ocho es una contradicci\u00f3n t\u00e9cnica que un tribunal siempre detectar\u00e1. Los planes de vigilancia deben dise\u00f1arse para el ciclo completo del componente ambiental m\u00e1s cr\u00edtico del proyecto, no para el horizonte m\u00e1s c\u00f3modo. Este es un est\u00e1ndar m\u00ednimo que la industria y el SEA deben exigirse mutuamente.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n \n\n\n| \n 5<\/b><\/p>\n<\/td>\n | \n Chile necesita un mecanismo de revisi\u00f3n temprana de riesgo judicial en las evaluaciones<\/b><\/p>\n Ninguna empresa deber\u00eda llegar al 90% de ejecuci\u00f3n de un proyecto para descubrir que su RCA tiene deficiencias subsanables. El SEA deber\u00eda implementar revisiones de calidad jur\u00eddica antes de emitir la RCA definitiva, y la industria deber\u00eda desarrollar due diligence ambiental que detecte estas vulnerabilidades en etapa de prefactibilidad. El seguro es m\u00e1s barato que el siniestro.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n CONCLUSI\u00d3N: lecciones apreNdidas para EL CAMINO EN ADELANTE<\/b><\/span><\/p>\nEl fallo no es el fin del proyecto Collahuasi. El Tribunal mantuvo vigentes todos los aspectos validados de la evaluaci\u00f3n y acot\u00f3 la retroacci\u00f3n a los componentes deficientes: el ICSARA debe incorporar la caracterizaci\u00f3n del uso del maritorio por las comunidades reclamantes, previa realizaci\u00f3n de las reuniones del art\u00edculo 86. No es empezar de cero. Es hacer lo que debi\u00f3 hacerse antes.<\/p>\n Collahuasi opera uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo. Chile necesita esa producci\u00f3n. El mundo necesita ese cobre para la transici\u00f3n energ\u00e9tica. Nada de eso est\u00e1 en discusi\u00f3n.<\/p>\n Lo que este fallo pone en discusi\u00f3n es si el pa\u00eds tiene la institucionalidad ambiental a la altura de sus ambiciones mineras<\/i><\/b>.\u00a0 <\/span><\/p>\nLa tesis central es que el Tribunal no anul\u00f3 el proyecto: anul\u00f3 la negligencia del SEA, pero la consecuencia es mala imagen para el pa\u00eds.<\/b><\/p>\n El Convenio 169 sigue siendo la mayor fuente de incertidumbre regulatoria por falta de protocolos del propio Estado, y que la ley miscel\u00e1nea del Ejecutivo no basta si no mejora la calidad t\u00e9cnica del SEA<\/p>\n La respuesta es que, en este caso, no la tuvo. Y la tarea urgente es construirla, porque la competitividad minera de Chile en la pr\u00f3xima d\u00e9cada depende tanto de la calidad de sus yacimientos como de la robustez de su sistema de permisos.<\/p>\n Estos hechos solo propician que los inversionistas no lleguen a Chile si no que a Per\u00fa, Canad\u00e1 o Australia. Ah\u00ed el proceso es m\u00e1s predecible. Y Chile, que tiene la mitad de las reservas de cobre del mundo, se quedar\u00e1 mirando c\u00f3mo otros financian la transici\u00f3n energ\u00e9tica con nuestro metal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Dr. Manuel Viera F. Presidente Camara Minera de Chile EL CASO, EN S\u00cdNTESIS El 14 de mayo de 2026, el Segundo Tribunal Ambiental anul\u00f3 la RCA del proyecto \u201cDesarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva\u201d de la Compa\u00f1\u00eda Minera Do\u00f1a In\u00e9s de Collahuasi, valorizado en m\u00e1s de US$3.200 millones. 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