{"id":305566,"date":"2026-10-27T22:50:24","date_gmt":"2026-10-28T01:50:24","guid":{"rendered":"https:\/\/tierramarillano.cl\/?p=305566"},"modified":"2026-10-27T22:50:24","modified_gmt":"2026-10-28T01:50:24","slug":"no-fue-un-error-fue-una-decision","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/2026\/10\/27\/no-fue-un-error-fue-una-decision\/","title":{"rendered":"No fue un error, fue una decisi\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p class=\"p1\"><strong><i>Tom\u00e1s Garay P\u00e9rez es abogado, exseremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama y presidente regional del Frente Amplio Atacama.<\/i><\/strong><\/p>\n<p class=\"p3\">Hablar de un \u201cerror del Estado\u201d diluye una responsabilidad que corresponde examinar con precisi\u00f3n. Los decretos que redujeron las condenas de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes fueron firmados por autoridades del Gobierno en ejercicio de sus atribuciones, y un decreto no se firma solo ni la responsabilidad pol\u00edtica puede desaparecer detr\u00e1s de una firma. El lenguaje construye realidades, y esta debe nombrarse como lo que fue, una decisi\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"p3\">Lo digo desde mi experiencia como seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric. En esos cuatro a\u00f1os el criterio administrativo fue rechazar las solicitudes de rebaja de condena de quienes hab\u00edan cometido este tipo de delitos, poniendo en el centro la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas. Sab\u00edamos que esas decisiones pod\u00edan ser impugnadas ante los tribunales y que ser\u00edan los jueces quienes resolver\u00edan la controversia, pero entend\u00edamos que la autoridad administrativa deb\u00eda asumir la responsabilidad de sus actos y no trasladarla a otros.<\/p>\n<p class=\"p3\">Los antecedentes conocidos muestran que entre marzo y mayo de este a\u00f1o el Ministerio de Justicia rechaz\u00f3 al menos cinco solicitudes de este tipo, mediante decretos firmados por el ministro Fernando Rabat y por el subsecretario Luis Silva, entre ellas la de un hombre condenado a once a\u00f1os por violar reiteradamente a una persona de menos de catorce a\u00f1os. Desde el 16 de junio comenz\u00f3 a concederlas, afirmando que estaba jur\u00eddicamente impedido de negarlas, aunque la ley era la misma, los delitos eran de la misma \u00e9poca y la Corte Suprema hab\u00eda fallado en ambos sentidos. Lo \u00fanico que cambi\u00f3 fue el criterio de quienes firmaban.<\/p>\n<p class=\"p3\">La controversia jur\u00eddica sobre la aplicaci\u00f3n de la ley de 2022 a delitos cometidos antes de su vigencia es real y merece una discusi\u00f3n seria. Pero quien dispone de margen para decidir y elige una de las lecturas posibles no cumple una orden, ejerce una opci\u00f3n, y esa opci\u00f3n debe poder explicarse ante el pa\u00eds. Si negar estas rebajas era incumplir la ley, el propio ministerio la incumpli\u00f3 durante tres meses, y si no lo era, nadie lo obligaba a concederlas despu\u00e9s. No hay forma de sostener ambas cosas a la vez.<\/p>\n<p class=\"p3\">Tampoco resiste el intento de instalar que el gobierno anterior actu\u00f3 de la misma manera. Nuestra administraci\u00f3n defendi\u00f3 un criterio restrictivo aun cuando ello implicara enfrentar recursos judiciales, e impuls\u00f3 la creaci\u00f3n de tribunales especializados en ejecuci\u00f3n de penas, precisamente para que el control del cumplimiento de las condenas descanse en jueces y no en la autoridad pol\u00edtica de turno. El actual Gobierno, en cambio, neg\u00f3 estas rebajas y luego dej\u00f3 de hacerlo, de modo que no puede reprochar a otros lo que \u00e9l mismo hizo.<\/p>\n<p class=\"p3\">La magnitud de los hechos exige transparencia. Cada uno de los 56 expedientes debe examinarse individualmente, sin confundir una reducci\u00f3n de pena con una excarcelaci\u00f3n autom\u00e1tica, pero tampoco minimizando sus consecuencias, porque detr\u00e1s de cada uno hay una condena judicial y v\u00edctimas cuyo derecho a la justicia debe ser respetado. A ello se suman las rebajas concedidas a dos condenados por secuestro y tortura recluidos en Punta Peuco, lo que muestra que cuando el margen existe parece usarse siempre en la misma direcci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"p3\">Frente a la reacci\u00f3n del pa\u00eds, el Ministerio suspendi\u00f3 la tramitaci\u00f3n de nuevos decretos y el Presidente decidi\u00f3 mantener a su ministro, encomend\u00e1ndole adem\u00e1s la revisi\u00f3n caso a caso de decretos que \u00e9l mismo firm\u00f3. Dif\u00edcilmente eso puede llamarse una correcci\u00f3n. Las acciones penales ya presentadas ser\u00e1n resueltas por los tribunales, como corresponde, pero la responsabilidad pol\u00edtica es distinta y exige explicaciones p\u00fablicas y rendici\u00f3n de cuentas sin esperar una sentencia.<\/p>\n<p class=\"p3\">Desde el Frente Amplio sostenemos que la protecci\u00f3n de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes debe ocupar un lugar central en las decisiones del sistema de justicia. Por eso exigimos que se transparenten \u00edntegramente los fundamentos de los 56 decretos y que se agoten las v\u00edas jur\u00eddicas para dejar sin efecto los ya concedidos. Exigimos la renuncia del ministro Rabat y consideramos que la responsabilidad alcanza tambi\u00e9n al subsecretario Silva. Atacama, como el resto del pa\u00eds, espera de quienes gobiernan que respondan por sus decisiones, porque no basta con decir que se cumpli\u00f3 la ley, tambi\u00e9n hay que explicar c\u00f3mo se interpret\u00f3, por qu\u00e9 se decidi\u00f3 de esa manera y qui\u00e9n asume sus consecuencias.<\/p>\n<p class=\"p3\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tom\u00e1s Garay P\u00e9rez es abogado, exseremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama y presidente regional del Frente Amplio Atacama. Hablar de un \u201cerror del Estado\u201d diluye una responsabilidad que corresponde examinar con precisi\u00f3n. Los decretos que redujeron las condenas de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes fueron firmados por &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":288998,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-305566","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-columna-opinion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/305566","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=305566"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/305566\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/media\/288998"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=305566"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=305566"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=305566"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}