En el marco de la votación del proyecto que establece gratuidad para los estudiantes de las carreras técnicas de CFT e IP, la senadora Yasna Provoste señaló que “el gobierno tomó un compromiso tras constatar que el proyecto tenía vicios de constitucionalidad, sin embargo, cuando se ven las indicaciones, se postergan tres años más el beneficio para estudiantes que opten por carreras técnicas en universidades o en otro tipo de instituciones”.
“El proyecto despachado de la comisión de Educación tuvo una larguísima tramitación, porque se ingresó en mayo de 2018 y escuchamos a todos los invitados propuestos por los parlamentarios tanto oficialistas como de oposición. Y ahí ocurrió una situación que es importante volver a recordar, porque cuando se invitaron a abogados constitucionalistas del oficialismo (senadores que apoyan al gobierno) como también invitados de la oposición, ambos señalaron que el proyecto tenía vicios de constitucionalidad, toda vez que el propósito que esta iniciativa es adelantar la gratuidad al séptimo decil para los estudiantes de las carreras técnicas. Y ese es el titular que el Presidente dio, sin embargo, cuando conocimos el texto claramente había una discriminación arbitraria”, explicó Provoste.
Al respecto, la parlamentaria puntualizó que el proyecto solo beneficiaba a los estudiantes del séptimo decil que iban a determinados centros de formación técnica y no a estudiantes de carreras técnicas de universidades de gran prestigio, como la Universidad Santa María, Universidad Valparaíso y el Instituto Tecnológico de la Universidad de Atacama.
Además, la legisladora comentó que lo que hemos rechazado hoy es una indicación del Ejecutivo que buscaba postergar el beneficio para tres años más para aquellos estudiantes de carreras técnicas que lo hacían en universidades.
“Esto es muy complejo porque si uno piensa en la duración que tiene una carrera técnica, el gobierno está dejando a más de una generación por completo, de recibir el beneficio de la gratuidad. Pero tras la votación se aseguró eliminar la discriminación arbitraria, y los recursos provendrán del tesoro público”, concluyó
