El gobierno de México lo vendió como una victoria ante la amenaza arancelaria de Trump, pero muchos consideran que fue una concesión a todas y cada una de las exigencias estadounidenses.
El acuerdo migratorio alcanzado la semana pasada por ambos países, que contempla entre otras medidas el despliegue de 6.000 miembros de la Guardia Nacional de México en su frontera con Guatemala, no dejó a nadie indiferente.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, reconoció este lunes que la negociación fue el momento «más difícil» de las relaciones con Washington, pero que el acuerdo evitó la imposición de aranceles de un 5% a todos los productos mexicanos importados por EE.UU. tal y como había anunciado el presidente Trump si no se detenía «el flujo de inmigrantes indocumentados».
En sus conversaciones, EE.UU. puso sobre la mesa la cifra de 140.000 migrantes llegados en mayo al país vía México antes de darle «un ultimatum», dijo Ebrard.
Pero pese a esquivar la amenaza arancelaria -al menos de momento-, muchas voces criticaron la postura del gobierno mexicano al considerar que se había concedido demasiado al dejar todo el poder de la negociación en manos de EE.UU. y contradiciendo en parte algunas de las políticas de migración defendidas por el presidente López Obrador.
Los ataques llegaron incluso de las filas del propio partido de AMLO, Morena.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que aceptar las medidas de EE.UU. «es una traición a la historia de México» y precisó que la Guardia Nacional es una solución contra el crimen organizado y no contra los migrantes.
«Estamos con una mentalidad de país colonizado», dijo este jueves en una entrevista con la periodista Carmen Arístegui.
«Sí, con esto México está doblando las manos (cediendo, dando el brazo a torcer) ante EE.UU. con este acuerdo», coincide Alejandro Hope, analista de seguridad y quien ejerció diversos cargos directivos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el pasado.
En medio de la polémica, el titular del Instituto Nacional de Migración de México (INM), Tonatiuh Guillén, dejó su cargo este viernes, a petición del mismo presidente.
«Esto tiene que ver con la estrategia que se está aplicando para mejorar el servicio de migración en el país», dijo AMLO, en declaraciones recogidas por el diario El Universal. Le reemplazará Francisco Garduño, hasta ahora encargado de los penales federales y uno de las personas de más confianza del mandatario, apuntó el medio.
«Una tregua» temporal
Una de las críticas al acuerdo migratorio se centra en la «incertidumbre» que supone el no saber cómo se evaluarán sus resultados tras los 45 días iniciales fijados como plazo.
«A los 45 días, nos tendremos que sentar las partes y ver si tuvo éxito o no tuvo éxito (…). Y si no logramos resultados, tendríamos que participar en discusiones para un acuerdo que incluye el retorno de solicitantes de asilo bajo una perspectiva regional», anunció el canciller.
Pero ¿cómo se medirá ese «éxito» para que EE.UU. no retome de nuevo la amenaza de los aranceles?
«No hay parámetros oficiales», responde Hope. «Lo que hizo México fue someterse a un proceso de revisión continua en el cual la métrica de éxito-fracaso la imponen de manera unilateral los estadounidenses», le dice a BBC Mundo.
«Desde luego, no parece un acuerdo especialmente satisfactorio para México», opina.El canciller Ebrard, sin embargo, subrayó que de haberse aplicado los aranceles se podrían perder 1,2 millones de empleos en México y el PIB caería en un punto.
Pero Hope cree que conseguir que se retirara «temporalmente» la amenaza de aranceles fue más bien «una tregua, un cese al fuego, más que un arreglo ejecutivo.
Otro de los logros que México expuso tras su negociación fue haber evitado convertirse en «primer país de asilo» o «tercer país seguro» para las miles de personas, sobre todo centroamericanas, que tratan de buscar asilo en EE.UU.
Sin embargo, sí que aceptó recibir a un número indeterminado de migrantes en esta situación hasta que se resuelvan sus casos, que hasta el momento asciende a 10.000. Según dijo este miércoles el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración de México, Alejandro Encinas, la cifra podría ascender a 50.000.
Por esto, muchas personas se preguntan si, en la práctica, México ya está actuando en cierto modo como «tercer país», algo que Hope descarta ya que para ello, «México tendría que iniciar procesos de asilo en su país», algo que no está ocurriendo.
«Muro militar»
La medida acordada que más polémica despertó fue el despliegue de la Guardia Nacional mexicana en la frontera para tratar de frenar a los migrantes.
«La extensa y espantosa historia de abusos vinculados con la militarización de la seguridad pública en México hacen que sea fácil prever que esta medida podría resultar en un desastre», dijo este miércoles el director ejecutivo adjunto de Human Rights Watch, Daniel Wilkinson.
Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, coincide en que este «muro militar» en la frontera sur podría «incrementar las violaciones a los derechos humanos» de los migrantes mediante operativos y retenes que acaben en detenciones.
El canciller mexicano Ebrard negó en su conferencia del lunes que se busque criminalizar al migrante, pero sí dijo que será necesario registrarse para cruzar territorio mexicano.
«Se dice que se va a criminalizar a los migrantes, México nunca haría eso, ni menos este gobierno. Es decir, porque alguien se quiera mover, eso no lo convierte en criminal», dijo.
«Por parte del gobierno, todo han sido discursos falsos con respecto a lo que prometió respecto a la migración. Lo que se siente y se ve en la frontera es totalmente lo contrario, esa supuesta ayuda a migrantes ha sido nula, sobre todo respecto a la migración pobre y forzada», le dice Figueroa a BBC Mundo desde el estado de Tabasco, en la frontera con Guatemala.
Además, Figueroa alerta que la presencia de la Guardia Nacional en la frontera podría tener como consecuencia el aumento de tráfico de personas.
«Para los migrantes que van solos sería mucho más difícil cruzar territorio mexicano y optarían por buscar traficantes de personas que podrían tener convenio o complicidad con autoridades corruptas», alerta.
EE.UU. aseguró que 140.000 migrantes llegarón en mayo al país vía México antes de darle «un ultimatum» para llegar a un acuerdo.A la espera de conocer los resultados de este acuerdo migratorio tras los anunciados 45 días, Hope alerta del daño que su aceptación ya habría causado sobre la figura de AMLO.
«Ahorita medio salvaron la crisis, pero esto le va a perseguir el resto de su mandato», asegura, pronosticando que si la amenaza de los aranceles de Trump acaba por regresar, al presidente mexicano no le quedaría margen de maniobra.
«Hacerle una concesión adicional a EE.UU. sería políticamente muy costoso. Ahorita medio lo pudieron vender como victoria, pero ¿una más? No lo creo», concluye.
