En medio de la selva tropical más grande del mundo, en la Amazonía ecuatoriana, los pueblos ribereños e indígenas le temen al hambre. Desde que miles de barriles de petróleo contaminaron los ríos Coca y Napo -fuentes de alimento para los habitantes-, se tuvo que suspender la pesca. Debido a de la pandemia de la COVID-19, ir a comprar comida a las ciudades es arriesgado.

«Ya no podemos alimentar a nuestros hijos. El derrame afecta nuestra forma de vida, donde nacimos, ya que nos hemos alimentado y transmitido esta enseñanza durante generaciones», dijo Carlos Jipa, líder de la etnia Quichua y presidente de Fcunae, una federación que reúne a las comunidades nativas de la Amazonía ecuatoriana.

En la madrugada del 8 de abril, mientras pescaban, los indígenas se dieron cuenta de la contaminación del río y dieron la alerta en redes sociales. En Quito, la capital de Ecuador, la fuga fue informada horas después. El mensaje del Ministerio de Energía fue para tranquilizar a los mercados: «El Gobierno garantiza el abastecimiento de productos petroleros y las exportaciones», decía el texto.

Según la nota, un deslizamiento de tierra entre las provincias de Sucumbíos y Napo, una zona cubierta por la selva amazónica, causó la interrupción del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y el Poliducto Shushufindi-Quito, que transportan crudo. El derrame fue de al menos 15.000 barriles, según las empresas que administran los oleoductos. Es el mayor derrame de petróleo de Ecuador en los últimos 15 años. El derrame afecta a más de 2.000 familias indígenas y compromete el acceso al agua potable de al menos 120.000 personas.

El miércoles (29.04.2020), las comunidades presentaron una solicitud de protección ante la Justicia. Quieren que los ministerios de Energía y Medio Ambiente, la empresa estatal PetroEcuador y la privada OCP Ecuador, proporcionen la asistencia adecuada y reparen los daños ambientales con urgencia.

«Las medidas hasta ahora son insuficientes e ineficaces. Hay una falta de transparencia en la divulgación de los datos y las empresas están tomando decisiones sin consultar a las comunidades», explicó la abogada Lina María Espinosa.

En medio de la pandemia, muchas familias ya no pueden usar el agua del río ni comer los alimentos que plantan. «Muchos cultivos fueron afectados por el petróleo. En el río no se puede lavar la ropa, ni tomar un baño», señaló Andrés Tapia, de la Confeniae, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.

Entre fallas sísmicas y volcanes

El oleoducto SOTE, uno de los que se rompió, opera desde 1972. Con casi 500 kilómetros de largo, la instalación cruza los Andes y transporta el petróleo crudo al Pacífico, que luego termina en las refinerías de todo el mundo. En el camino, el oleoducto pasa a través de un terreno peligroso, conocido por sus actividades sísmicas y volcánicas.

«Es una región crítica, con fallas sísmicas. Hay un camino, una planta hidroeléctrica en el río Coca y los oleoductos están muy cerca. Era previsible que pudiera haber un daño en el río Coca si algo le sucedía a los oleoductos», explicó Andrea Encalada, investigadora de la Universidad San Francisco de Quito.

Como el río Coca desemboca en el Napo, la contaminación llegó río abajo rápidamente. «Es realmente una emergencia económica, sanitaria y medioambiental», agregó Encalada.

El problema era conocido, según la abogada Lina María Espinosa: «El Estado y las empresas tienen que asumir la responsabilidad. Podían tomar medidas para evitar la tragedia, pero no lo hicieron y no advirtieron a las comunidades sobre el riesgo», dijo.

El petróleo y la selva amazónica

Actualmente, alrededor del 68% de la Amazonía ecuatoriana, que cubre 12 millones de hectáreas, está en concesión para la industria petrolera. Se estima que hay más de 4.000 pozos de petróleo en la región. «Al principio, no había ninguna regulación ambiental o social para tratar con las poblaciones nativas. Los pueblos indígenas desaparecieron completamente durante esas décadas», declaró Carlos Mazabanda, de la organización no gubernamental Amazon Watch.

Para Mitch Anderson, fundador de Amazon Frontlines, la actual fuga, en plena pandemia, no será la última. «Los pueblos indígenas están viviendo río abajo desde hace más de medio siglo y saben que estos derrames ponen en peligro sus ríos, sus bosques y su salud», afirmó. «Los derrames de petróleo no son sólo una consecuencia desafortunada de la perforación, sino parte del negocio inmundo de lucrar con una destrucción», agregó.

Los datos del ministerio de Medio Ambiente analizados por Amazon Frontines apuntan a 1.169 derrames reportados oficialmente entre 2005 y 2015 en Ecuador. De esos, el 81% fue en la Amazonía. «Ya basta. Necesitamos vivir. Vivir con salud. Queremos que nuestros hijos tengan una vida digna. Ya no podemos soportar que estas compañías petroleras nos contaminen», exigió Carlos Jipa.

DW (ju/jov)