La mujer mira fijamente la imagen en la pantalla, con varios edificios. Muestra uno, donde se llevaban a cabo los «procesos judiciales»: farsas procesales, sin asistencia jurídica, sin posibilidad de defensa ni objeciones.

La mujer comienza a llorar, silenciosa y prolongadamente. El recuerdo del tiempo que pasó en un campo de «reeducación” chino la estremece. Recuerda la suciedad y el miedo permanente. Y luego llegó aquel día, en que fue obligada a reconocer algo que no había hecho.

«Es terrible, te quitan el último resto de libertad”, cuenta. Está traumatizada, la agobian las pesadillas y, según dice, ha perdido las ganas de vivir.

Esta mujer uigur es parte de esa minoría, en gran parte musulmana, que habita en la provincia de Xinjiang, en el noroeste de China, muy lejos de Pekín. Desde el punto de vista cultural y étnico, tiene más en común con sus vecinos de Kazajistán o Kirguisistán, que con los chinos de la mayoría han. El gobierno chino discrimina, hostiga y vigila a los uigures, que desde hace tiempo aspiran a la independencia.

Los considera un riesgo de seguridad. En 2009 se produjeron violentas protestas uigures en la capital de la provincia de Xinjiang, en las que murieron 140 personas. En 2014, terroristas suicidas realizaron un atentado en un mercado, cobrando docenas de vidas. A ese peligro terrorista se remite Pekín.

Simulacros de procesos

A fines de 2016, el gobierno Chino comenzó a actuar con mayor rigor contra los uigures. Desde entonces se ha creado una amplia red de campos de internamiento y prisiones. Organizaciones y activistas de derechos humanos afirman que hay por lo menos un millón de personas internadas allí. Quienes son liberados, siguen siendo vigilados y con frecuencia son obligados a trabajar en fábricas, que en parte producen para empresas extranjeras.

El gobierno chino habla de «centros de capacitación laboral voluntaria”, dirigidos a combatir las «ideas extremistas”. En realidad, los uigures son forzados allí a abjurar de su religión y su cultura, y a aprender chino mandarín. Así lo prueban también documentos internos que se han filtrado.

Las detenciones parecen ser arbitrarias. Tener un volumen del Corán en la estantería puede bastar para ser apresado.

En algunos casos, de acuerdo con lo descubierto en investigaciones de DW, los prisioneros incluso pueden «elegir” sus delitos: la mujer relata que le dieron una lista con 75 presuntos delitos y fue forzada a elegir por lo menos uno. Es decir, ella debía determinar, a posteriori, por cuál hecho se la había encarcelado. En la lista figuraban varias cosas cotidianas, como llevar pañuelo islámico, rezar o contactar a parientes en el extranjero.

Castigo de prácticas religiosas y culturales

La mujer, cuya identidad mantenemos en reserva por razones de seguridad, vive actualmente en Kazajistán. Pero su permiso de permanencia no está aún seguro, y ella teme que sus parientes en Xinjiang puedan sufrir represalias. Relata que, obligada, ella había escogido una visita al exterior como su «delito”.

Ex prisioneros cuentan que después de haber escogido «sus delitos” eran llevados a un recinto donde se les hacía un simulacro de proceso, sin defensa o posibilidades de plantear objeciones. El procedimiento variaba según el campamento. Unas veces los prisioneros eran condenados de manera individual, otras, en grupo. En un campamento también estaban presentes familiares.

La mujer fue condenada a dos años. Otros recibieron condenas de prisión mucho mayores. Las más largas eran para quienes escogían de la lista «delitos religiosos”, como rezar regularmente.

Farsas judiciales

Los cuatro exprisioneros que DW entrevistó durante meses vivieron sus «procesos” en tres diferentes campamentos en Xinjiang. Sus descripciones coinciden en aspectos centrales. Eso hace pensar que los simulacros de procesos están muy extendidos.

Aunque no había oído hablar de esas farsas, Rian Thum, de la universidad británica de Nottingham, considera muy plausible que hayan tenido lugar efectivamente. Indica que los uigures no tienen posibilidad de contar con un juicio justo tampoco fuera de los campamentos. «Están completamente a merced de la arbitrariedad de burócratas o funcionarios del partido”, afirma.

La respuesta de China

Las reiteradas consultas enviadas a la embajada china en Berlín y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín no obtuvieron respuesta. A cambio, la embajada envió un enlace a una declaración de fines de 2019, en la que se dice que no hay campos de internamiento en Xinjiang, sino solo instituciones de capacitación laboral.

Según esta versión, allí se ayuda a volver al buen camino a apersonas que se han dejado guiar por ideas terroristas y extremistas, pero no han ocasionado aún daños serios.

DW (jov/er)