Las poblaciones rurales y más afines al régimen bolivariano se rebelan contra la falta de gasolina y ponen a Maduro contra las cuerdas
Venezuela está llena de protestas, aunque no sean masivas, aunque no sean coordinadas, aunque no sean necesariamente políticas. Pero el país ha visto en septiembre cómo el hartazgo social explotó justo donde se creía que no pasaría: en las poblaciones más chavistas y rurales del país. ¿Qué cambió? La gasolina.
Petróleos de Venezuela es una empresa postrada, incapaz de producir ni medio millón de barriles de crudo y con las refinerías sin capacidad para abastecer de combustibles al mercado interno. No es una realidad de ahora, sino de hace años, pero que era compensada con importaciones. Ahora al régimen de Nicolás Maduro se le hace difícil acceder a mercados internacionales, a excepción de Irán que le intercambia nafta por oro. Pero las pocas cantidades del carburante en existencia se prioriza en su distribución: Caracas primero. Así ha sido desde hace algunos años, pero se llegó al llegadero. Por eso septiembre se convirtió en el mes más conflictivo del año con 1.193 protestas, equivalente a un promedio de 40 diarias, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
El dato aumentó un 68% con respecto al mismo mes de 2019.
Y octubre inició con reportes diarios de protestas en distintos puntos del país, particularmente en poblaciones pequeñas, casi rurales. Es la réplica de lo que comenzó en Urachiche, una localidad de menos de 24 .000 habitantes hacia el occidente del país, donde el chavismo siempre ha ganado electoralmente, pero que registró en septiembre sucesivas protestas de calles llenas. Fue el campanazo que despertó al resto de las regiones. Alejandra García trabaja en una farmacia en Urachiche. «Lo que pasa es que colapsó el pueblo entero. La gasolina dejó de llegar, la luz se sigue yendo por varias horas casi todos los días y el servicio de gas doméstico pasa semanas sin reponer las bombonas. La cantidad de gente que cocina con leña es impresionante. Y no me hagas hablar de la cuarentena, la pandemia y cómo está aquí el ambulatorio de salud».
Lo que comenzó en Urachiche se extendió como pólvora por municipios aledaños como San Felipe, Yaritagua y Chivacoa, donde hasta una alcaldía terminó quemada. Y no fue casualidad, el alcalde de Yaritagua, Juan Parada, grabó un audio llamando a los chavistas a «entrompar sin miedo» a quienes protestan, además profiriendo amenazas: «No te vayas a quejar si eres un comerciante y te escoñetan (malogran) tu comercio. No te vas a quejar después si salen los colectivos, porque los chavistas mochos no somos».
Pero quienes protestan son chavistas. «Voté por Chávez y por Maduro pero aquí estoy bien molesto y reclamando. Apoyo la revolución, pero la revolución tiene que responder», dice Felipe Barrios, un carpintero yaracuyano. La llama de Yaracuy se extendió por otras zonas rurales. Tan solo del 22 al 30 de septiembre el OVCS registró 701 protestas. Son reclamos por deficientes servicios públicos, crisis de combustible, reivindicaciones laborales, salud y alimentación, en el 90% de los casos. Además sin acompañamiento político por parte de la oposición, donde el liderazgo se ha limitado a reinvindicar las luchas y pedir que más personas se sumen.
Represión
La respuesta del régimen fue la habitual: represión. 74 manifestaciones fueron atacadas por el Gobierno, en 19 estados del país, dejando un saldo de una persona asesinada, 233 detenidos y 52 heridos. El asesinado fue Víctor Rivero, de 20 años, por herida de arma de fuego en el abdomen, durante una protesta por alimentos en Cariaco, un pueblito de apenas 2 kilómetros cuadrados ubicado al oriente, en Sucre. Vecinos señalan a la Policía regional como la responsable de la muerte ocurrida el 30 de septiembre, convirtiendo a Rivero en el quinto manifestante asesinado en protestas sociales en lo que va de año. Adicionalmente, el régimen ordenó la militarización de 20 estados del país donde se reportaron manifestaciones o donde las autoridades consideraron que podrían ocurrir movilizaciones vecinales.
Incluso modernizó la represión. En Yaracuy se desplegó el Conas, un grupo de élite de la Guardia Nacional, que debería ocuparse de secuestros, pero que se dedicó a operar con civiles armados para disolver protestas apretando gatillos. Pero eso no paró a la gente, tampoco en Barinas, cuna de Hugo Chávez, donde la protesta por combustible ha sido más intensa, junto a Nueva Esparta.
«Todo lo mandan a Caracas siempre. Aquí uno pasa hasta tres o cuatro días en una cola para echar gasolina, mientras en Caracas se quejan por algunas horas, si acaso. Eso nos impide trabajar, no podemos ni siquiera distribuir alimentos, todo se paraliza», denuncia Guillermo Márquez, vecino de Sabaneta, tierra natal del «comandante eterno».
“Bloqueo imperial”
Nicolás Maduro no se ha referido a las protestas, ni las menciona. Habla del “bloqueo imperial”, culpa a la Casa Blanca por las dificultades económicas y afirma que gasolina hay pero racionada. En la oposición, el debate sigue en torno a participar o no en el evento electoral convocado por el chavismo para diciembre, que califica como fraudulento, pero no se ha visto una articulación con esos movimientos de base, muchos del chavismo descontento.
Eso sí, hay quienes creen que si las manifestaciones aumentan el régimen entra en jaque. Una noción que el sociólogo Luis Pedro España no ve tan clara: “La conflictividad social es una condición necesaria para el cambio político, pero no es suficiente. Lo que pasa es que en Venezuela hay una suerte de fantasía construida con el 27 de febrero (de 1989), de que hay algo así como un momento de saturación, y eso no es verdad. Necesitamos los otros ingredientes para el cambio político. Tú puedes tener países política e institucionalmente frágiles que son frágiles toda su vida. Y eso es lo que nos está empezando a pasar a nosotros”.