Claudia Pizarro es alcaldesa de la comuna de La Pintana, un barrio dormitorio de viviendas sociales en el sur pobre de Santiago -la capital de Chile-, que sufre el embate del narco.
La tasa de homicidios en esta comuna es de 18,5 por cada 100.000, mientras que la media de todo el país es de 3,3, según datos de 2020 del Centro de Estudios y Análisis del Delito.
Y la alcaldesa, del partido opositor Democracia Cristiana, está segura de que todas esas muertes están relacionadas con el mundo del narcotráfico, aunque no es fácil confirmarlo.
Lo que sí es un hecho es que Pizarro va con protección policial permanente desde que, hace tres años, recibiera amenazas de muerte por denunciar a los narcotraficantes que operan en su comuna.
«Hace poco recibí un impacto de bala en mi oficina, del calibre 40. Y penetró los ventanales», le dice a BBC Mundo.
En total, las balas disparadas contra la sede municipal y la alcaldía fueron 10.
Durante muchos años, la presencia del crimen organizado en Chile ha sido mucho menos evidente que en otros países de América Latina, como México o Colombia, por ejemplo.
Y aun hoy, el país sigue estando muy lejos en términos de violencia asociada al narcotráfico o la existencia de grandes grupos criminales y carteles.
Pero el aumento de los sucesos violentos, la constatación de que el narcotráfico se está valiendo del dinamismo de los puertos chilenos para exportar grandes cantidades de cocaína y el surgimiento de nuevas amenazas, como la producción de drogas sintéticas, han hecho saltar algunas alarmas.
Al igual que Pizarro, expertos como Luis Toledo, director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes del Ministerio Público, tienen un sentido de urgencia.
«Lo que queremos es llamar atención de las autoridades (…). Esto sí impacta, sí es una amenaza, sí es algo que nos preocupa desde un punto de vista objetivo, porque sí le importa a la gente», avisa.
Como ejemplo del agravamiento del problema, Toledo relata: «Hace cinco años era habitual decomisar escopetas que eran dos fierros con un clavo como percutor. Esto dejó de existir de la noche a la mañana y hoy en día solo vemos 9 milímetros e incluso subametralladoras».
«El fenómeno (de la violencia narco) se ha expandido por todo el territorio nacional, afectando a numerosas poblaciones y asolando espacios públicos que antes no se habían afectado jamás», constata el informe 2020 del Observatorio del Narcotráfico de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes de la Fiscalía Nacional.
Gran parte de la opinión pública parece compartir la preocupación en este país que se ha visto tradicionalmente a sí mismo como próspero y seguro.
El 79% de los encuestados citados en el informe «Percepciones sobre política exterior y seguridad nacional» del centro de estudios AthenaLab y la encuestadora Ipsos, aseguraron que el narcotráfico representa una «amenaza crucial o determinante para la seguridad nacional».
«Es bueno que tengamos la piel más sensible», asegura el licenciado en Información Social y experto en seguridad Juan Pablo Toro, director ejecutivo de AthenaLab, miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y con experiencia como reportero cubriendo temas de narcotráfico en Colombia y México.
Sucesos violentos como las «balas locas» -disparos al aire o por enfrentamientos que acaban impactando a inocentes- y manifestaciones culturales como los «narcofunerales», despedidas pomposas a jefes narco con fuegos artificiales y disparos al aire, incluso en plena pandemia, han contribuido a una nueva sensación de impunidad, asegura Toro.
«Esto impacta mucho. Antes era impensable», añade.
Territorio deseado
«Por muchos años la preocupación principal en Chile era el tránsito de drogas, por la cercanía con Perú y Bolivia», le dice a BBC Mundo Lucía Dammert, socióloga, profesora de la Universidad de Santiago y experta en seguridad pública.
«Yo creo que esto inhibió que uno pudiera mirar los temas con más detalle, y en el proceso se generaron dos cosas: aumentó el consumo fuertemente dentro del país y el tránsito por Chile», explica Dammert.
Su ubicación geográfica, vecino de Perú y Bolivia -grandes productores mundiales de cocaína-, con los que comparte una extensa frontera; sus conexiones aéreas intercontinentales y su amplia salida al Océano Pacífico lo sitúan como territorio deseado por el crimen organizado.
De hecho, el tráfico marítimo de drogas está en auge, como señala la Fiscalía a través del Observatorio del Narcotráfico en su informe de 2020.
La información, en su mayoría, procede del exterior, sobre todo de países europeos, donde regularmente informan de cargamentos decomisados que salieron de puertos chilenos.
Por ejemplo, entre enero y marzo de 2019 se decomisaron 1.451 kgs de cocaínaprocedente de Chile en el puerto de Amberes, en Bélgica, el principal punto de llegada de cocaína a Europa, de acuerdo el Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y Adicciones.
Ese año Chile fue el cuarto país de procedencia, solo después de Colombia, Brasil y Ecuador, aunque en el mismo periodo de 2020, ya en plena pandemia del coronavirus, había descendido al noveno puesto.
Lo mismo ocurrió en otros países.
Un reporte de 2019, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) – un organismo independiente asociado a Naciones Unidas – indica que Chile se ha convertido «junto a Brasil y Colombia, uno de los principales países de salida de la cocaína incautada en España, que es una importante vía de entrada de remesas de cocaína en Europa».
Y no solo a Europa. Chile es también uno de los principales exportadores de la cocaína que entra a Australia y Nueva Zelanda, reporta la misma fuente, solo por detrás de Estados Unidos.
Sin embargo, según Dammert, a pesar de que «el 80% de la cocaína del mundo se mueve en barco, aquí ha habido una respuesta mucho más tímida en términos de estrategias para mirar el sistema portuario».
«Es parte de una negación como país (…) de incluirnos en un club en el que Chile no ha querido estar, que es el latinoamericano que se enfrenta a problemas más estructurales», opina la experta.
BBC Mundo solicitó entrevistar a algún responsable del Ministerio del Interior y la Seguridad Pública de Chile, competente para temas de narcotráfico, y envió varias preguntas, pero al momento de publicación de esta nota no había obtenido respuesta.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, expresó recientemente su «profunda preocupación por el alto consumo de drogas» de niños y jóvenes y anunció, en junio de este año, un proyecto de Ley para endurecer las sanciones contra el narcotráfico, y atacar «sus recursos, sus bienes y su economía».
Aumentan las drogas sintéticas
El consumo interno de drogas también ha llamado la atención de las autoridades, sobre todo el de marihuana.
Entre 2010 y 2018, el consumo de esta droga aumentó en un 8,1%, según constata un estudio del Observatorio Chileno de Drogas, de 2018.
En solo tres años, las incautaciones de marihuana de origen colombiano o «creepy» -más potente y barata que la Paraguaya que tradicionalmente entra en Chile- se multiplicaron en un 700%.
«El consumo (de drogas) aumentó en los últimos 15 años», asegura Dammert.
«No es un problema de este gobierno, es estructural».
En las zonas pobres del país, como La Pintana, el consumo mayoritario es de pasta base de cocaína, una droga barata similar al crack que «desintegra a la persona», en las crudas palabras de la alcaldesa Pizarro.
«Hay lugares donde hay mucha pobreza, hacinamiento, deserción escolar, hogares desintegrados…Ahí son presa fácil para el consumo», dice.
Pero también han aumentado enormemente las incautaciones de drogas sintéticas, como el éxtasis, más caras y consumidas normalmente en fiestas y festivales.
Mientras que en 2010 la Policía de Investigaciones (PDI) incautó 2.304 dosis de drogas sintéticas, en 2019 fueron más de 1,6 millones de dosis.
Es un «área de creciente peligro», asegura Toledo. «Chile es uno de los países del Cono Sur que más decomisa, y donde más se trafica a través de aeropuerto».
«Durante el último año y medio en Santiago y las grandes ciudades se fueron instalando laboratorios de producción, al estilo como comenzó en Holanda, con sustancias que provienen de España o de Holanda, muchas veces intermediadas por organizaciones colombianas», relata.
En estos laboratorios se recibe la materia prima y se convierte en tabletas listas para vender.
El mercado interno es pequeño, en comparación con otros países latinoamericanos, pero Chile «es un país rico comparativamente, y hay harto poder de consumo para comprar droga», asegura Toro, director de AthenaLab.
«No se puede hablar de carteles»
Los expertos consultados por BBC Mundo coincidieron en que un problema importante es la poca información existente.
Se sabe poco sobre cuál es la verdadera dimensión del narcotráfico en Chile, cómo son los grupos involucrados y sus vínculos con otras organizaciones extranjeras o a cuánto asciende el dinero ilegal generado por este suculento negocio.
Pero, afirma Dammert, «hay evidencia cada vez más grande de que están muy consolidados algunos grupos y empiezan a tener una presencia territorial importante, lo cual no significa que tengan un dominio 100% de todo el territorio».
«Entre 2015 y 2019 se decomisaron 156 toneladas de droga [que no lograron ingresar a Chile desde el extranjero]. Es nada. Lo que sabemos es muy poco. La información oficial representa una minúscula parte de lo que sucede», le dice a BBC Mundo Valeska Troncoso, co-coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (CeCOT) de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina.
La policía ha ido desarticulando numerosos clanes familiares, que funcionan con una estructura pequeña y cerrada.
Sin embargo, explica Dammert, la logística de la exportación «requiere vínculos internacionales, capacidades de corrupción institucional…Es un tipo de organización muy distinta del que está negociando el manejo del terreno en territorios muy vulnerables».
Héctor Espinosa Valenzuela, director general de la Policía de Investigaciones (PDI), afirma que Chile no está «todavía en ese nivel de hablar de carteles».
«No tenemos los problemas de otros países donde están coludidas las autoridades, los fiscales, eso todavía no lo tenemos», asegura.
«Afortunadamente aquí las autoridades son sumamente serias, los fiscales igual».
La Policía de Investigaciones cuenta con grupos especiales de fronteras que trabajan para detectar los ingresos de drogas desde Perú y Bolivia y lleva a cabo la «estrategia microtráfico 0» paro identificar y desarticular puntos de venta en los barrios.
Además, relata Espinosa, la PDI está volcada a incautar el patrimonio de las organizaciones criminales.
«Es una modalidad que hemos empleado en los últimos dos años», explica, «que es dejarlos con cero patrimonio».
«Porque nos dimos cuenta de que con alguna propiedad, terreno… lo vendían y empezaba nuevamente la cadena. Cuesta harto porque hay ciudadanos extranjeros. En todas las organizaciones criminales que hemos desarticulado en los últimos años había ciudadanos extranjeros».
Espinosa cree que «el narcotráfico, en general, lo tenemos controlado, aun sabiendo que es algo que no se va acabar de un día para otro porque es un negocio muy lucrativo».
Y destaca la buena coordinación con los fiscales.
«Narcobeneficencia»
Toledo, sin embargo, critica queno haya «una visión integrada de la seguridad», y personas como Pizarro alertan que, poco a poco, los narcotraficantes están intentando «colonizar el territorio» a través de prácticas como la «narcobeneficencia».
«El narco financia bingos, fiestas navideñas, piscinas. Están tratando de meterse y aparentar que son buenos para la sociedad», afirma la alcaldesa de La Pintana.
Donde no llega el Estado, indica, lo hace el narco. Y no solo con regalos, sino también con violencia.
El pasado 11 de septiembre, la joven de 18 años Yasna Yaupe murió mientras amamantaba a su hija de dos meses por una bala perdida que se coló en su habitación a través de una pared de madera.
Hace más de un año una bala entró por el techo de una vivienda y mató a Baltazar, un bebé, cuando dormía en brazos de su madre.
Son solo algunos casos de «balas locas» que la alcaldesa asocia al fenómeno del narcotráfico, aunque son especialmente difíciles de investigar.
«Apuesto mi cabeza que provienen del mundo del narco, porque ellos empiezan a disparar para sorprender al resto, para que les tengan miedo. Ellos maniobran las armas en la noche y esas balas caen en los techos».
Pizarro cree que «no hay que perderle la pisada al narco, hay que respirarle en la oreja».
«El narco es por definición un individualista socialmente, individualista y brutal.El narco se salva solo, vende veneno a nuestra gente y se hace rico, no tiene ninguna responsabilidad social. Es mercantilmente salvaje», sentencia.
«No ganamos nada en esconder esta basura bajo la alfombra», concluye.
- Antía Castedo, @anticas
- BBC News Mundo
