La acusa, junto a dos de sus ministros que ya fueron detenidos, de los delitos de «sedición y terrorismo», relacionados con la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia.
La Fiscalía de Bolivia emitió este viernes (12.03.2021) una orden de detención contra la expresidenta Jeanine Áñez y varios de sus ministros por sedición y terrorismo, cargos vinculados a un supuesto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales. Dos de sus exministros ya han sido detenidos.
Agentes de la Policía y la Fiscalía permanecen a las afueras de la residencia de Áñez en la ciudad de Trinidad, en el departamento amazónico de Beni, para proceder con la detención.
La exlegisladora del partido oficialista Lidia Patty denunció en diciembre pasado que Áñez, varios de sus exministros, exmilitares, expolicías y civiles habían promovido el derrocamiento del izquierdista Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.
Las primeras reacciones
El presidente de la Cámara de Senadores, el oficialista Andrónico Rodríguez, dijo que las órdenes de arresto contra Áñez y varios de sus exministros son un acto de «justicia» y que no se trata de «persecución», como denuncia la oposición boliviana.
«No es persecución, es justicia», expresó Rodríguez a través de sus redes sociales, según un comunicado del Senado.
Rodríguez sostuvo que «lo que hubo en 2019» tras las fallidas elecciones en Bolivia fue un «golpe de Estado» y un «golpe a la democracia».
De la misma forma, Segundina Flores, la líder de las Bartolinas, un colectivo de mujeres indígenas que es parte del oficialista MAS, pidió que también se aprehenda a los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga, como también al exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín.
Por el contrario, Comunidad Ciudadana, la principal fuerza opositora en el Parlamento, señaló que los autores del supuesto fraude electoral en 2019 «se amnistían y pretenden ser víctimas» y denunció que se comenzó «un proceso brutal y arbitrario de persecución política».
También sostuvo que estas acciones son un «atentado contra la libertad y que es una ofensa a los millones de bolivianos» que lucharon por la democracia.
lgc / gs (afp. efe, La Razón)
