Más de 20 mil niños chilenos habrían sido sustraídos o adoptados irregularmente en las últimas décadas. La mayoría fueron entregados en el extranjero. Hoy buscan sus raíces y se reencuentran con sus familias.
A la madre de Alejandro Quezada le dijeron que su hijo había muerto. Él fue adoptado por una familia en los Países Bajos cuando tenía 6 meses.
Muchos crecieron creyendo que fueron abandonados o escuchando que tener una familia adoptiva les daba oportunidades que de otra forma no hubiesen tenido. Pero la gran mayoría de las veces, la historia que los chilenos adoptados descubren es mucho más compleja.
Constanza del Río se enteró de que no era hija biológica de sus padres recién a los 39 años. Ellos la recibieron recién nacida de un afamado médico que hacía estos «favores” ilegales. «Fue un terremoto”, dice a DW. En medio de la complicada búsqueda de sus padres orígenes, descubrió que no era un caso aislado. Dos años más tarde, en 2014, creó la Fundación Nos Buscamos para ayudar también a otros.
Jóvenes solteras con un embarazo no deseado o convencidas por su familia de evitar la supuesta vergüenza, eran las proveedoras de niños. A veces eran engañadas y se les decía que el hijo había muerto. Las sustracciones y adopciones irregulares no quedaban en ningún registro.
En su investigación, Constanza descubrió también redes de matronas, médicos, asistentes sociales, sacerdotes, monjas y jueces, que captaban niños, en su mayoría para enviar al extranjero. En ese caso apuntaban a recién nacidos en hospitales públicos con madres adolescentes, mujeres pobres, analfabetas, campesinas o indígenas. Las amenazaban con perder el empleo o no ser capaces de hacerse cargo del hijo. O les mentían para quitárselo, decían que estaba enfermo o no había sobrevivido.
Constanza del Río recién supo que era adoptada a los 39 años. Su búsqueda de raíces la llevó a crear la Fundación Nos Buscamos, desde la cual ayuda a otros a encontrar a su familia biológica.
«La Policía de Investigaciones estima que son más de 20 mil casos, pero también se ha hablado de 50 mil”, dice Constanza del Río. En pocos años, la fundación Nos Buscamos ha reunido 7.000 registros de personas que piden ayuda para encontrar a sus padres, o familias que buscan niños perdidos. Los casos van desde 1965 hasta 2020. Han logrado resolver 200.
El ministro Jaime Balmaceda, juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, investiga estos delitos. Consultado por DW, dice que se han iniciado 636 causas, de las cuales 624 aún están en tramitación. La gran mayoría, 548 casos, se concentra entre 1965 y mayo de 1988. La disminución posterior tiene que ver con la promulgación de leyes que regulan mejor la salida de niños con fines de adopción.
«Del total de denuncias, en un 52,9 por ciento el destino de los niños aún es desconocido. El 36,8 por ciento salieron del país con fines de adopción en el extranjero y el 10,3 por ciento restante se mantuvo en Chile”, explica Balmaceda. Los principales países de destino son Suecia (15,2 por ciento) y Estados Unidos (7,5 por ciento). Alemania aparece en sexto lugar, con un 1,1 por ciento. Del Río estima que la modificación legal que desde los años 90 exige autorización notarial de ambos padres para permitir viajes de menores al exterior contribuyó también a detener el tráfico.
En busca de pistas
En la fundación sin fines de lucro Nos Buscamos trabajan 20 voluntarios. Una vez que entra una solicitud, reúnen las pistas. En ocasiones hay un certificado de nacimiento, un papel del juzgado, el nombre de la madre o el hospital. En otros, la investigación comienza a oscuras y casi la única esperanza es el test de ADN que se envía a un banco internacional para encontrar posibles coincidencias. También colaboran e intercambian información con la plataforma internacional Chilean Adoptees Worldwide (CAW), que desde Europa ayuda a adoptados chilenos en todo el mundo a encontrar a su familia biológica.
El ministro Jaime Balmaceda, de la Corte de Apelaciones de Santiago, lleva las causas por tráfico de niños y adopciones irregulares.
En cada hospital funcionaba una asociación ilícita con una persona a la cabeza: «En el de Chillán era una monja belga. En el caso de los niños que se fueron a Suecia, la cabecilla era una sueca que vive en Chile hace 40 años, fue denunciada, pero nunca ha sido encarcelada”, relata del Río. Los que llegaron a Alemania provienen principalmente de la zona de la colonización alemana en el sur, en torno a las ciudades de La Unión y Osorno. «Allí había una monja alemana y sacerdotes con contacto estrecho con su país, que facilitaron el tráfico”, agrega.
Durante años, una jueza fue conocida por entregar permisos de tuición para sacar menores de Chile. «Los niños podían salir en menos de dos semanas del país. Incluso padres adoptivos alemanes y suecos no necesitaban venir a buscarlos. Partían con una azafata o se le pagaba a alguien para llevarlo en brazos y entregarlo en el centro de adopción”, relata la directora de la fundación.
A la fecha, la justicia ha tomado declaraciones, revisado documentación, hecho pruebas biológicas e incluso ordenado exhumaciones. Pero no hay personas sometidas a proceso, confirma Balmaceda. Un miembro del poder judicial actualmente tiene la calidad de rebelde: «citada a comparecer al juicio no lo hizo y se le despachó una orden de detención que fue devuelta diligenciada sin resultados”, agrega el ministro Balmaceda. El tiempo pasa y se dificulta acceder a testigos y documentación antigua y diseminada por el país. De acuerdo con la ley chilena, no existe un plazo fijo para la investigación.
Búsqueda y reencuentro
Constanza del Río se ha reunido con ministros, parlamentarios y embajadores. Ha recorrido Chile y varios países tratando de armar el puzzle, encontrar apoyos y promover políticas de prevención. Muchos niños que llegaron a Alemania y Suecia eran registrados en Chile con sus futuros nombres, lo que dificulta pesquisar sus orígenes. «Esos casos son como un ‘lavado de niños’. Es imposible buscar hacia atrás. Otro factor que facilitó estas sustracciones es que en Chile todavía se puede registrar a un niño con testigos, sin necesidad de un certificado de parto”, advierte del Río.
La Fundación Nos Buscamos recibe solicitudes de chilenos adoptados que buscan a sus padres biológicos y de padres que quieren recuperar a sus hijos. Tienen 7.000 casos registrados, de los años 1965 a 2020, y han logrado resolver 200.
La Fundación sostiene que la búsqueda debiera ser una tarea del estado, no sólo de organizaciones particulares, y pide mejorar el acceso a documentos online, también para quienes viven fuera de Chile. «Los extranjeros que se comunican con nosotros siempre supieron que fueron adoptados, pero hoy se preguntan si fueron traficados y quizás su mamá no los abandonó. Saber eso les permite pararse distinto en la vida”, dice del Río.
«El octavo artículo de los derechos de los niños es el derecho a la identidad y la historia personal. Saber de dónde venimos nos pone un pasado, se puede ver hacia adelante de otra forma y entenderse mejor”, agrega. Así le ocurrió a ella hace tres años: «Cuando encontré a mis hermanos biológicos encontré a mi tribu. Nos parecemos, nos gustan las mismas cosas”. Su historia la cuenta en el libro «Nos buscamos”.
Para muchas madres es impactante encontrar a un hijo que siempre creyeron muerto. Muchas se sienten culpables o se avergüenzan de no haber luchado más por ellos. Pero cuando se dan cuenta de que fueron víctimas de redes de tráfico de niños, comienzan a mirar hacia adelante y la gran mayoría acepta entrar en contacto, relata del Río: «El hijo o hija sólo quiere verla, no la va a juzgar ni criticar. Para la mayoría, contactar a su familia les da tranquilidad y son más felices”.
DW (dz)
