Mientras los ojos del mundo se centraban en el saldo trágico de los bombardeos sobre Gaza, la erupción del conflicto en Medio Oriente trajo consigo un nuevo frente de violencia: el de ciudadanos judíos y árabes dentro de Israel.
En una semana de escalada bélica, los ataques de Israel sobre Gaza dejaron 248 muertos, incluidos 66 niños, y casi 2.000 heridos. Los cohetes de Hamás dejaron 12 fallecidos en territorio israelí.
Las imágenes de domo de hierro interceptando los cohetes de Hamás dieron la vuelta al mundo.
Sin embargo,»las imágenes más sorprendentes de todas son de la violencia comunitaria dentro de Israel«, según Natan Sachs, director del Center for Middle East Policy del Brookings Institute, un centro de estudios con sede en Washington.
«Amenaza con romper las costuras del delicado e incómodo equilibrio entre la mayoría judía de Israel y el 21% de los ciudadanos israelíes que también son palestinos», escribió Sachs en su blog a propósito del conflicto.
«Ciudades mixtas judío árabes a las que se suponía eran ejemplos de coexistencia, como Acre, Ramla, Jaffa y Lod, estallaron en una orgía de violencia y vandalismo«, describió Shlomo Ben-Ami, historiador y exministro de Exteriores de Israel.
Y es que durante las más de siete décadas de existencia del Estado de Israel se había desarrollado una forma de convivencia pacífica entre la minoría árabe y la mayoría judía que no negaba el conflicto israelopalestino ni la percepción de discriminación denunciada por los árabes, pero que canalizaba el malestar por vías distintas a la violencia.
De acuerdo con el Índice de Democracia en Israel 2020, 81% de los encuestados árabes considera que los miembros de esa comunidad desean integrarse en el país y ser parte de esa sociedad. Sin embargo, solamente 35% cree que el régimen en Israel es democrático en su trato hacia los ciudadanos árabes, una caída de 10 puntos porcentuales desde 2017.
En los últimos años, ha habido algunas medidas tomadas por el Estado de Israel que han aumentado la sensación de agravio entre la minoría árabe.
Adalah, una ONG que defiende los derechos de los árabes en Israel, elaboró una base de datos que incluye más de 65 leyes que considera discriminatorias hacia los palestinos.
Aunque muchas de estas normas afectan a los residentes de Gaza y Cisjordania, Amjad Iraqi, editor de la revista 972 y analista del centro de estudios sobre temas palestinos Al-Shabaka, asegura que también impactan directa o directamente en aquellos árabes que tienen la ciudadanía israelí.
Agrega que gran parte de ellas se han hecho desde la llegada al poder de Benjamín Netanyahu en 2009.
Amir Fuchs ha impugnado algunas de estas leyes que, en su opinión, convierten al país que por décadas ha sido conocido como la única democracia de Medio Oriente en «una democracia con defectos».
«El hecho de que todo el mundo pueda votar, de que cualquiera pueda postularse al Parlamento, que cualquiera pueda abrir un periódico y decir lo que quiera, muestra que seguimos siendo una democracia, aunque tenemos problemas», dice este analista principal del Instituto de Democracia de Israel. «Creo que no tratamos a los árabes como deberíamos», destaca.
BBC Mundo te presenta algunas de las leyes más relevantes que los árabes israelíes o, como muchos de ellos prefieren ser llamados, los ciudadanos palestinos de Israel consideran discriminatorias.
1. La Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel
Aprobada por primera vez en 2003 como medida de emergencia temporal, esta ley impide que los cónyuges de ciudadanos israelíes obtengan permisos de residencia y la ciudadanía de forma automática si proceden de los Territorios Palestinos o de Estados considerados hostiles como Irán, Líbano, Siria e Irak.
La norma, que ha sido renovada y modificada desde entonces, estableció luego que estas limitaciones se aplican a los varones menores de 35 años y a las mujeres menores de 25 años.
«Lo que esta ley significa en la práctica es que un ciudadano palestino si se casa o si tiene hijos con alguien de Cisjordania o de la Franja de Gaza no tiene el derecho de transferirles la ciudadanía inmediatamente», señala Amjad Iraqi, analista del centro de estudios palestinos Al-Shabaka.
«Es básicamente una prohibición completa que veta a cualquiera que no sea judío», dice a BBC Mundo.
Afirma que aunque hay un mecanismo para pedir permisos para que esos familiares puedan residir en Israel, «es extremadamente difícil conseguir una respuesta y, cuando la hay, raramente son concedidos; y cuando los otorgan, suelen contener muchas restricciones y limitaciones».
Cuenta que, como consecuencia, muchas parejas terminan viviendo en Israel de forma ilegal; o los ciudadanos árabes israelíes «tienen que mudarse a los territorios ocupados, para vivir bajo régimen militar con sus familias; o se van todos a otro lugar».
Iraqi indica que decenas de miles de familias se ven afectadas por esta prohibición. «Esta ley es considerada desde hace tiempo como una de las más racistas de Israel, precisamente por la manera como apunta directamente hacia los palestinos».
Amir Fuchs, analista del Instituto de Democracia de Israel, coincide con Iraqi al valorar esta ley como «discriminatoria».
Destaca que la norma fue impugnada ante la Corte Suprema, donde su constitucionalidad fue validada por una ajustada mayoría.
«El Estado señalaba que había razones de seguridad, diciendo que si miles de palestinos adquirían la ciudadanía de Israel a través del matrimonio era probable que algunos de ellos fueran terroristas. La Corte Suprema acogió estos argumentos, pero yo creo que fue un error», explica Fuchs a BBC Mundo.
Esta ley fue aprobada inicialmente durante la Segunda Intifada, cuando grupos palestinos ejecutaban en Israel frecuentes atentados suicidas.
Citando cifras del Shin Bet, la agencia de inteligencia de Israel, el diario The Scotsman indicó en 2006 que unos 25 de casi 100.000 palestinos casados con ciudadanos israelíes habían participado en actividades consideradas terroristas en los últimos años.
«A inicios de la década de 2000, la situación era terrible, teníamos atentados con bomba casi cada dos semanas. Pero si entonces estaba justificada esta ley, ahora ya no. Debería ser abolida«, apunta Fuchs.
El experto coincide con las organizaciones propalestinas que afirman que esta ley responde a «preocupaciones demográficas».
«Alguna gente decía que si se permitía la entrada a Israel de decenas de miles de cónyuges procedentes de los Territorios Palestinos cambiarían el balance demográfico de Israel, aumentando la proporción de palestinos en el país. Creo que probablemente esa fue la verdadera lógica que aplicó el Estado, pero no se atrevieron a decirlo y ante la Corte Suprema se escudaron en las razones de seguridad», señala.
2. Ley de Retorno
Aprobada en 1950, la Ley de Retorno establece que cualquier judío del mundo puede emigrar a Israel y obtener la ciudadanía.
Para las organizaciones propalestinas, es uno de los mayores ejemplos de discriminación en Israel.
«Eso significa que el Estado ya decía desde el mismo inicio que si no eres judío, no eres una prioridad y no tienes igualdad de derechos», dice Iraqi a BBC Mundo.
«Contrasta esa situación con el hecho de que los refugiados palestinos que nacieron en la Palestina histórica antes de 1948 y sus descendientes aún tienen prohibido regresar a este Estado», agrega.
Fuchs, por su parte, considera desencaminadas las críticas a esta legislación pues, según sostiene, esa norma no establece ninguna discriminación entre quienes tienen la ciudadanía de Israel.
«La Ley de Retorno hace una discriminación entre las personas de otras partes del mundo, pero muchos países tienen leyes discriminatorias en temas migratorios. Y, en este caso, está justificada porque Israel es el Estado nación del pueblo judío. Esa fue, de hecho, la razón para su creación», apunta.
3. La Ley del Estado Nación
Aprobada en 2018, la Ley del Estado Nación declara a Israel como el Estado Nación del pueblo judío, algo que ya estaba inscrito en la Declaración de Independencia del país, pero que creó mucha polémica.
«Esta ley lo cambió todo y nada al mismo tiempo porque ya había muchas leyes en Israel que discriminaban a los ciudadanos palestinos y consagraban la supremacía de los ciudadanos judíos y de los judíos alrededor del mundo en comparación con los palestinos», señala Iraqi y destaca que esta norma tiene rango constitucional, a diferencia de otras.
Este analista cuestiona que la ley establezca los asentamientos judíos como un «valor nacional», cuya promoción y consolidación debe perseguirse; que el derecho a la autodeterminación es exclusivo del pueblo judío y que el idioma árabe fuera «degradado» de lengua cooficial a lengua especial
«En lo que concierne a la Ley del Estado Nación, la idea de la existencia de los derechos colectivos, de la pertenencia nacional, solamente corresponde a los judíos, mientras que los palestinos únicamente tienen derechos individuales, como tener el derecho al desarrollo socioeconómico o el derecho al voto», señala.
Amir Fuchs ha combatido la Ley del Estado Nación por considerarla un error, aunque señala su Constitución soñada diría en el primer párrafo que Israel es el estado nación del pueblo judío pues, según destaca, esa es su razón de ser.
«Muchas constituciones dicen, por ejemplo, ‘este es el Estado del pueblo croata’ o ‘este es el Estado del pueblo húngaro», pero en ese mismo párrafo o en el siguiente establecen que otorgan a todas las minorías igualdad absoluta ante la ley o algo por el estilo. Eso es lo que falta en esta ley y la razón por la que la combatimos», asegura.
El experto sostiene que esa omisión no fue un error, pues «quienes impulsaron a ley intentaron cambiar el equilibrio establecido por la Corte Suprema durante años de veredictos que establecen que el hecho de que Israel sea la tierra de los judíos no significa que puedes discriminar a los árabes«.
Fuchs destaca que en la práctica no cambia mucho porque Israel dispone de varias leyes que consagran la igualdad de derechos, pero considera grave el mensaje que se transmite con la norma.
«Las constituciones no son únicamente un tema de derechos y leyes, también tienen que ver con la educación y el mensaje de esta ley de que los árabes son ciudadanos de segunda clase es muy malo, incluso si es falso».
El experto indica que aunque no puede saber si la violencia intraisraelí de los últimos días era consecuencia de esta ley, está seguro de que su aprobación no ayudó a los árabes a sentirse parte del país, ni a sentirse tratados como iguales.
«Al contrario, les hace sentir alienados y ciudadanos de segunda clase; y eso es un gran error que espero que se corrija algún día».
4. Ley de Tierras de Israel
La ocupación, el control y la propiedad de la tierra han tenido un papel central en la conformación del Estado de Israel.
Ajmad Iraqi afirma que 93% de las tierras pertenecen al Estado, algo que solamente ocurre, según afirma, en países como China, Corea del Norte o Cuba.
«Este grado de control estatal sobre la tierra existe porque se quiere dar prioridad a los judíos en la entrega de tierras y viviendas«, dice.
La Ley de Tierras de Israel, aprobada en 1960 con rango constitucional, prohíbe la transferencia de la propiedad de esas tierras del Estado que son administradas por distintas entidades y que, usualmente, las alquilan con contratos a largo plazo.
Históricamente una de estas entidades ha sido el Fondo Nacional Judío (JNF, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental establecida a inicios del siglo XX con el fin de adquirir tierras para el pueblo judío.
Iraqi señala que los estatutos del JNF establecen que puede solamente alquilar sus propiedades a judíos.
Esta normativa fue cuestionada legalmente y la Fiscalía General de Israel determinó en 2005 que la adquisición y administración de tierras por parte del JNF era discriminatoria, por lo que no podía seguir realizándose con ayuda del Estado.
Iraqi sostiene que el efecto final de muchas leyes, políticas e instituciones implicadas en el tema de las tierras es que los árabes israelíes han terminado ocupando en torno a 3,5% del territorio, pese a que representan 20% de la población.
Indica que tras la creación de Israel fueron confiscadas muchas tierras de localidades mayoritariamente palestinas, lo que redujo en un tercio, por ejemplo, las tierras de su pueblo natal.
Además, refiere que en 2011 se aprobó una ley que permite el establecimiento en pequeñas comunidades de comités de admisión que tienen la potestad legal de rechazar a quienes buscan residir en ellas.
«Eso quiere decir que yo puedo hacer una solicitud y ser rechazado porque el comité de admisión considera que por ser árabe no voy a encajar en el tejido social de esa comunidad», afirma Iraqi.
Para Amir Fuchs, la Ley de Comités de Admisión es «discriminatoria» y «problemática».
«Escribimos mucho sobre ella en el Instituto de Democracia de Israel. Yo estaba en la Knesset (Parlamento) cuando se aprobó. Intentamos detenerla, pero no pudimos», cuenta.
Destaca que el problema con las tierras no son las leyes sino las prácticas.
«La Corte Suprema ha establecido en muchos veredictos que el país y las instituciones que administran las tierras no pueden discriminar entre judíos y no judíos. Por supuesto, hay gente que discrimina porque son racistas, pero esa discriminación no está fundamentada en la legislación«, indica.
«Cuando hay una discriminación que puedes probar, la Corte Suprema interviene. Hubo un veredicto famoso llamado Kaddan, en el que el tribunal dijo que no podías crear un pueblo y decir ‘este pueblo es para judíos’. Eso quedó prohibido después de esa decisión», agrega.
5. Ley de la Nakba
En 2011, Israel aprobó la Ley de la Nakba, que establece la posibilidad de que las autoridades retiren el financiamiento público a cualquier institución que conmemore la Independencia de Israel como un día nacional de duelo.
«En la práctica esto significa que si un teatro, una escuela o una universidad, por ejemplo, permiten que ciudadanos palestinos realicen una vigilia o una protesta para hablar sobre la catástrofe (Nakba, es la palabra en árabe usada por los palestinos para referirse a ese día) de 1948, en contraste con el día de la Independencia de Israel, el gobierno puede amenazar a esas instituciones con retirarle los fondos», explica Amjad Iraqi.
«Básicamente, es un intento de las instituciones de Israel para silenciar y prevenir cualquier intento de conmemorar la Nakba«, añade.
Iraqi señala que cuando la derecha llegó al poder en 2009, con el triunfo electoral de Benjamín Netanyahu, «estaban aterrorizados por el hecho de que los palestinos insistían en exigir igualdad y en reafirmar su identidad».
«Terminamos teniendo leyes discriminatorias para suprimir esto», concluye.
La ley, afirma el experto, ha servido para intimidar a muchas instituciones, pero los palestinos en Israel han encontrado nuevas formas de conmemorar la Nakba.
«Este es uno de esos casos en los que el Estado toma un rol activo en intentar borrar cualquier tipo de historia o memoria palestina», asegura.
Desde el Instituto de la Democracia de Israel, Amir Fuchs aclara que no se trata de una ley criminal, sino civil. No prohíbe la conmemoración de la Nakba, explica, sino que permite retirar fondos públicos de las instituciones que lo hagan.
«El problema es que te pueden quitar tres veces el dinero que gastaste en ese evento específico y hasta la mitad de todo tu presupuesto. Así que, obviamente, nos opusimos a ella porque va en contra de la libertad de expresión».
Fuchs afirma que árabes e israelíes tienen distintas versiones de lo que ocurrió en 1948.
«Hubo una guerra y ellos la perdieron. No es importante si una narrativa u otra es la correcta. Esto es un hecho, hubo abuelos que murieron y familiares que se convirtieron en refugiados. Y no importa cómo ocurrió o por qué. Por eso apoyo totalmente su derecho a conmemorarlo», señala.
Fuchs explica que muchos israelíes se oponen a la conmemoración de la Nakba porque creen que, al equiparar la fundación de Israel con una «catástrofe», están deslegitimando la creación del Estado. «Por eso dicen, vale, puedes conmemorarlo pero no con el dinero del Estado».
En todo caso, apunta que hasta ahora la Ley de a Nakba nunca se ha ejecutado y que el gobierno no le ha retirado los fondos a ninguna institución.
«Creo que hay un caso en el que casi se aplica, pero no hay una decisión final. Era un procedimiento para retirar los fondos a un teatro que tenía espectáculos que implicaba temas de terrorismo o algo por el estilo», señala.
Agrega que cuando fue impugnada, la Corte Suprema dijo que era demasiado pronto para decidir porque no se había aplicado.
«En cualquier caso, cuando se aplique si, por ejemplo, una escuela realiza una ceremonia sobre la Nakba y el ministerio de Educación le quita fondos irá a la Corte Suprema donde creo que va a ser derogada», concluye.
- BBC Mundo
