El presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó la ley que prohíbe a cualquier persona involucrada en las actividades de organizaciones consideradas extremistas presentar sus candidaturas en elecciones locales y federales.
La controvertida ley, que afecta especialmente al movimiento del encarcelado líder opositor Alexéi Navalni, fue aprobada unánimemente esta semana por el Senado y la pasada por la Duma o Cámara Baja.
Los fundadores y responsables de esas organizaciones «extremistas o terroristas» no podrán ser elegidos durante cinco años desde la entrada en vigor del fallo judicial sobre la liquidación o prohibición de esas estructuras, plazo que en el caso de los empleados y miembros será de tres años.
Además, la medida es retroactiva, motivo por lo que fue rechazada en la Duma por la oposición comunista y fue considerada «anticonstitucional» por los partidarios de Navalni.
«En Rusia se ha adoptado una ley que reconoce como cómplices de extremismo todos aquellos que estén vinculados, de alguna forma, con Navalni. Esta ley apesta a fascismo», dijo en Twitter Iliá Yashin, aliado del líder opositor.
Serán vetados los que ejercieron un cargo de responsabilidad en organizaciones declaradas extremistas por un juez tres años antes del fallo y los miembros, un año antes.
Un «me gusta» puede ser motivo de rechazo de candidatura
También pueden ser vetados aquellos que apoyen esas organizaciones, ya sea mediante donaciones, asesoramientos o declaraciones de respaldo en Internet. Un simple «me gusta» en las redes sociales puede ser motivo de rechazo de la candidatura.
Según los colaboradores de Navalni, la ley podría afectar a más de 200.000 personas que trabajaron o colaboraron con sus organizaciones.
El 9 de junio comienza el juicio que podría declarar extremistas las organizaciones sin ánimo de lucro fundadas por Navalni: Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos (FZPG) y la red de oficinas del movimiento del líder opositor.
Sin embargo, la norma no se aplicará a las elecciones que ya hayan sido convocadas antes de su entrada en vigor. Es decir, no afectará a las legislativas de septiembre.
La oposición ha acusado al Kremlin de lanzar una campaña de «persecución judicial» y «purga política» de cara a las elecciones a la Duma, que comenzó con el envenenamiento de Navalni en agosto de 2020.