Su satisfacción manifestó la diputada (PS) por Atacama Daniella Cicardini, tras la aprobación en particular en la Cámara de Diputados y Diputadas y paso al Senado, del proyecto de su coautoría que modifica el Código Penal para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y afectación de las aguas.
La iniciativa retornó a la sala de la Cámara, donde fue aprobada en general a principios de junio, y luego que fuese devuelta a la Comisión de Recursos Hídricos por haber sido objeto de indicaciones.
La propuesta tipifica y castiga el delito de afectación del agua, estableciendo multas que parten en 500 a 5.000 unidades tributarias mensuales, y de tres años y un día a cinco años de presidio, hasta castigos máximos de presidio mayor en su grado medio (10 años y un día a 15 años), llegando además a multas desde mil a 10 mil unidades tributarias mensuales (520 millones de pesos al valor actual).
Estas últimas para casos graves de reincidencia con daño al medioambiente o riesgo para la salud de la población, y en momentos de emergencia o sequía.
Respecto al avance de la iniciativa, la diputada Daniella Cicardini señaló que “estamos muy satisfechos de la aprobación en particular y paso al Senado de este proyecto que presentamos junto a la diputada Girardi y otros parlamentarios, porque es un proyecto que se hace cargo de sancionar el daño y el robo del agua que es un recurso escaso, fundamental y que nos pertenece a todas y todos”.
“Estamos estableciendo multas significativas y también sanciones penales, porque en medio de la sequía, del saqueo y del cambio climático, es inaceptable que hayan algunos grandes empresarios que se rían de todos los chilenos y chilenas, y que prefieran pagar las multas ridículas que hoy existen, pero seguir robando y desviando el agua para alimentar sus negocios millonarios”, enfatizó la legisladora.
Asimismo Cicardini recordó que “la crisis hídrica también tiene su origen en la sobre explotación, el sobre otorgamiento de los derechos de agua, porque fíjese que entre 2016 y 2020, incluso en medio de la pandemia, el número de derechos de agua otorgados no disminuyó sino que aumentó en las cuencas del país.
“Por lo tanto no podemos aceptar que además de eso se siga afectando el agua, y por eso hemos dicho que este proyecto busca terminar con la impunidad en el robo del agua, y que no se siga afectando ese bien esencial que es de todas y todos, que esperamos ojalá se consagre en la nueva constitución como un verdadero bien de uso público y acceso garantizado como un derecho humano”, remarcó.
El texto del proyecto fija también excepciones cundo se haga uso de agua para la sobrevivencia humana y sin fines de explotación y comercialización, así como para pequeños agricultores y campesinos cuya subsistencia depende del acceso al recurso.
Además, una investigación por este delito podrá ser iniciada por denuncia de cualquier persona, por oficio por parte del Ministerio Público, o por organizaciones sin fines de lucro, como comités y cooperativas de agua potable, organizaciones de usuarios de defensa de las aguas sin fines de lucro; y podrán deducir querella la Superintendencia del Medio Ambiente, el Consejo de Defensa del Estado o las municipalidades.
