Hasta el palacio de La Moneda en la capital llegó la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini, junto a Hernán Calderón, presidente la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, y del alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, en su calidad de presidente de la Asociación de Municipalidades Libres; para ingresar una carta que pide al Presidente de la República la regularización de las deudas acumuladas por usuarios de servicios básicos en la pandemia del COVID-19.
En el texto los firmantes expresan al mandatario su “profunda preocupación” respecto de la creciente deuda por el no pago de los servicios básicos que las familias de nuestro país acumulan producto de la vigencia de la ley 21.249, que prohíbe el corte por no pago de servicios sanitarios, electricidad y gas de red y permite prorratear las deudas morosas hasta en 12 meses.
Al respecto, la diputada Daniella Cicardini detalló que “solo en el sector eléctrico tenemos cerca de 800 mil boletas impagas y una deuda acumulada nada menos que de 248 mil millones de pesos a mayo de este año, y de ese monto el 76% corresponde a pymes y sobre todo personas de bajos ingresos, clase media, con una deuda promedio de 344 mil pesos”.
Asimismo, la legisladora recordó que la vigencia de la ley que impide el corte de los servicios básicos se extiende hasta el próximo 31 de diciembre de 2021, a lo que en paralelo se suma el término del plazo de operación del mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía, lo que proyecta un aumento en el monto de la tarifa eléctrica que pagan los clientes regulados a partir del segundo semestre del año 2022.
En esa línea, la parlamentaria cuestionó señalando “yo me pregunto, y le pregunto al gobierno si cree que un emprendimiento, una pyme o una familia vulnerable o de clase media, que esté todavía en pandemia o en el mejor de los casos saliendo de la crisis de la pandemia, va a poder resistir y va a poder pagar entre un 15 hasta un 50% más en su boleta de la luz por los próximos 4 años; claramente que no”, sentenció.
“Por eso el llamado que estamos haciendo al presidente y al gobierno es a adelantarse y a no llegar tarde una vez más como es su costumbre, a hacernos cargo hoy y con urgencia de este problema que se nos viene, antes que se transforme en un problema de deuda estructural para el sistema y sobre todo para las familias, y para eso tenemos que entregar una solución real, porque una nueva extensión del aplazamiento de pagos, es seguir chuteando la pelota para adelante, pero no una verdadera solución”.
Entre las posibles alternativas a la problemática, la diputada Daniella Cicardini señaló que dependen de la voluntad del Ejecutivo, pero que “puede ser a través de un subsidio escalonado según vulnerabilidad económica o una rebaja del IVA para servicios básicos, como propone CONADECUS y que se ha hecho en otros países, o una solución tripartita que involucre a las empresas, al estado y a los usuarios en la medida de su realidad y sus posibilidades; pero exigimos una solución para las y los trabajadores y las familias chilenas y de Atacama”, subrayó.
Según cifras de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC, del universo de deudores, el 67% corresponde a clientes residenciales los que conforman el 43% de la deuda total. Asimismo, el 64,4% de la deuda fue contraída posterior al inicio de la pandemia, donde de la totalidad de los clientes morosos, sólo el 11% cuenta con algún instrumento de regularización de la deuda.
