La persecución de los precandidatos y opositores en Nicaragua preocupa a la comunidad internacional, así como el destino de los que aún están libres. ¿Qué esperanzas hay para las elecciones en noviembre?
Allanamientos violentos, secuestros, detenciones arbitrarias e ilegales: esa es la realidad para los precandidatos opositores detenidos en Nicaragua, según informan en medios y redes sociales. Y al parecer esa es la amenaza que se cierne sobre los miembros de la oposición que aún están libres. Son ya 21 los opositores que han sido detenidos en las últimas cuatro semanas por el régimen de Daniel Ortega, quien busca la reelección, luego de 15 años de gobierno, en los comicios presidenciales de noviembre.
Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora son los cinco precandidatos arrestados en las últimas semanas. Fueron acusados, entre otras cosas, de «terrorismo”, «traición a la patria” y «lavado de dinero”, así como de «incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos”, «desestabilizar el país” y «lesionar los intereses supremos de la nación”.
La comunidad internacional considera que los arrestos de los precandidatos son síntomas de un deterioro institucional y democrático que avanza sin freno en el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La cifra de presos políticos en Nicaragua asciende a 130. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, habla de una «dictadura” en el país centroamericano.
Cristiana Chamorro, precandidata nicaragüense detenida por el gobierno de Daniel Ortega y en prisión domiciliaria.
«Hasta hoy, el gobierno de Ortega ha impuesto un sistema electoral y partidario sumamente restringido y excluyente, para perpetuarse en el poder”, dice a DW desde el exilio en Costa Rica el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, que forma parte del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, y trabajó en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). «El régimen Ortega-Murillo decide quién vive y quién muere, y quién va al exilio”, agrega. Solo en Costa Rica ya viven cerca de 90.000 nicaragüenses exiliados en los últimos tres años, desde que comenzaron las protestas contra el gobierno.
Con una oposición «brutalmente arrinconada, contra la pared”, no hay competencia para el partido de gobierno dirigido por la pareja presidencial, «que impone su pretensión de volver al poder sin toparse con límite alguno”, puntualiza Carrión, que tiene un máster en Derecho Constitucional. «El Poder Judicial está subordinado al Poder Ejecutivo. En pocas palabras, estamos gobernados por una dictadura”, sentencia.
Ortega no calculó la reacción internacional
«Ortega venía preparando una farsa electoral, designando candidatos comparsa, cerrando el espacio, pero dejando algunas pequeñas ranuras para obtener una mirada condescendiente de la comunidad internacional”, sostiene el analista nicaragüense Enrique Sáenz, desde su exilio en Costa Rica, entrevistado por DW. El economista añade que el presidente, sin embargo, «no calculó la reacción de la comunidad internacional, su intensidad ni su duración, así como tampoco la de los medios internacionales”.
Según Sáenz, que fue diputado por el Movimiento Renovador Sandinista y presidente de ese partido, Ortega sintió que, debido a la fuerte reacción de la comunidad internacional, ya estaba pagando los costos por anticipado, y por eso «resolvió cobrarse y transformar lo que era una farsa electoral en un expediente administrativo que van a suscribir los miembros del Consejo Supremo Electoral a los que designó y controla. Ellos van a acreditarlo, al mejor estilo de los gobiernos totalitarios”, asegura.
«Si las elecciones fueran este fin de semana, sabríamos que se trata de un fraude, porque los principales precandidatos están presos”, subraya Carrión. «Si fuésemos a votar, iríamos como si nos pusieran una la pistola en la cabeza”, sentencia, y destaca la necesidad de que haya unidad en la oposición para lograr un cambio, poniendo a un lado los intereses partidistas.
El precandidato opositor Juan Sebastián Chamorro, encarcelado por el gobierno de Ortega.
¿Qué pueden hacer los candidatos opositores?
Los precandidatos opositores que aún están libres temen por su vida y la de su familia en medio de una vigilancia y persecución estatal que es característica de regímenes dictatoriales. Tuvieron que esconderse o escapar. «En esas condiciones es difícil que puedan pensar en una estrategia electoral, cuando resulta claro que Ortega no tiene la más mínima voluntad de que se realicen elecciones”, agrega Sáenz. «Cualquiera que tenga aspiración a una candidatura, tiene su libertad prácticamente cercenada. Ortega no va a permitir ninguna candidatura independiente”, dice, por su parte, Carrión.
Para ambos expertos, la salida electoral en Nicaragua no desembocaría necesariamente en el 7 de noviembre de 2021. Y los dos recalcan la importancia vital de una salida pacífica. «Ya hay antecedentes, como durante el gobierno de Fujimori, en Perú, de que, debido a la correlación de fuerzas a nivel nacional e internacional, se tuvo que acortar el período presidencial y hubo que llamar a elecciones”, recuerda Enrique Sáenz. «Los nicaragüenses no renunciamos al derecho a elegir, pero en condiciones apropiadas, no bajo las condiciones de Ortega”.
¿Hasta dónde podría llegar el gobierno de Ortega para sacar del camino a los candidatos opositores? «Por un lado, está la cuestión patológica que hace que Ortega intente todo para seguir en el poder. Esa es su garantía de impunidad. Por el otro lado, está su objetivo de mantener su riqueza material, y el Ejército y algunos sectores económicos lo apoyan. Habrá que ver hasta qué punto están dispuestos a acompañar a Ortega hasta el borde del abismo”, plantea.
El recrudecimiento de la crisis política agrava la crisis económica y social, dice el analista político. Y «Ortega ya no cuenta con ningún instrumento para romper ese ciclo”.
