Jorge Poblete
Ex- Ante
Francisco Ljubetic —fiscal regional entre 2005 y 2013 y actual vicedecano de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma en Temuco— analiza el operativo de la Armada del miércoles 3 en que murió un comunero en el Biobío y la serie de atentados incendiarios y videos de encapuchados armados que han circulado tras el hecho. Quien es considerado un entendido en la violencia en la macrozona sur advierte que, de no realizarse el allanamiento en Temucuicui, “será la impunidad la que reine, como hasta ahora ha sucedido”.
¿Estamos asistiendo a una nueva ola de violencia como ocurrió tras la muerte de otros comuneros en el pasado?
Me parece que sí, y es evidente. Ya en el pasado, frente a otros hechos, la reacción ha sido similar: actos de fuerza, cortes de camino, quemas, amenazas, por una parte, por la emocionalidad, el dolor, también de solidaridad y, obviamente, de rechazo de quienes estiman que el deceso ha sido deliberado. Son reacciones esperables, pero que no nos deben confundir ni menos deben ser justificadas ni en su tipo ni menos en cantidad. Habrá que esperar el avance de la indagatoria, que es la herramienta prevista en nuestra institucionalidad para esclarecer lo sucedido.
Tras el operativo de la Armada se han difundidos videos donde se escuchan tiros durante el traslado del féretro del comunero muerto y un registro del grupo radical WAM en que se ve a encapuchados armados, algunos aparentemente disparando fusiles. ¿Chile está en camino de tener guerrillas?
Lo ocurrido en el funeral del señor (Pablo) Marchant (integrante de la Coordinadora Arauco Malleco) transmitido en directo con una custodia militarizada armada (en julio), que no trepidó en disparar reiteradamente a vista de quien quisiera, o el recibimiento del cuerpo de la persona fallecida esta semana con disparos reiterados, o las imágenes de células con armamento en caminos y rutas, y últimamente el video en que se aprecia participan más de 40 personas fuertemente armadas, son, más que ejemplos visuales, la confirmación de una realidad que obliga a actuar. No hacerlo es una forma de coautoría omisiva.
¿A qué se refiere exactamente con actuar?
La formación de grupos organizados, con logística y despliegue, liderazgos, financiamiento y armas para acometer y lograr impunidad en sus acciones violentas debe indagarse en profundidad, por ser una realidad viviente y que la sufre una importante parte de la población, que vive atemorizada y reclama seguridad efectiva.
¿Cuáles son, a su juicio, las mejores herramientas legales para perseguir estas situaciones?
Tanto la Ley de Seguridad del Estado como la Ley de Control de Armas, o la misma Ley Antiterrorista, son normativas que permiten abrir investigaciones, no sólo para establecer la formación de estos grupos, sino que también su desempeño, relaciones con el mundo civil y con otras organizaciones delictivas, tarea relevante para avanzar en su desarticulación.
En un estado democrático de derecho no es permisible la existencia de grupos armados, milicias privadas o una ‘policía comunitaria mapuche’ como fue anunciada en Temucuicui, en que las policías, cumpliendo mandatos judiciales, son recibidos a balazos.
Usted menciona el caso de Temucuicui. El estado de emergencia está por terminar y no se ha realizado el anunciado allanamiento a la comunidad. ¿Debiera hacerse la diligencia en el escenario actual?
La dirección de la investigación le corresponde monopólicamente al Ministerio Público y sus fiscales que, para cumplir este mandato, cuentan con el auxilio de las policías, sociedad donde debe existir la coordinación más fluida, decidiendo la forma y mejor oportunidad para realizar diligencias, anticipando cuando éstas puedan traer aparejadas resistencias o derechamente ser repelidas con armamento, como ha ocurrido.
¿Pero debiera hacerse antes de que expire el estado de emergencia, o es más prudente esperar?
De lo que no debe quedar duda, es que tarde o temprano esas diligencias deben ser cumplidas, ya que, de no hacerlo, será la impunidad la que reine, como hasta ahora ha sucedido, socavando pilares esenciales de toda sociedad: la igualdad ante la ley, la igual protección de los derechos, y el cumplimiento de las decisiones de la autoridad. Nada de ello se observa cumplido a cabalidad.
Volviendo al operativo de la Armada. Se han reactivado algunas críticas tras el operativo que plantean que las FFAA están formadas para matar en guerras, pero no para cumplir labores policiales…
Lo cierto es que, de acuerdo a nuestra Constitución, las FFAA deben actuar y se preparan para la defensa de la patria, pero también son esenciales para la seguridad nacional, y es en este marco que el decreto presidencial que declaró el estado de emergencia por grave alteración del orden público permite su participación junto a las fuerzas policiales (…). Si en este contexto de actuación han sido atacadas utilizando armamento, tienen el derecho y el deber de responder en protección de sus vidas y la de terceros. Es la legítima defensa legal.
A su juicio, ¿las FFAA han sido o no un aporte a la labor policial estas semanas?
Las informaciones difundidas por la autoridad permiten concluir, a priori, que el apoyo prestado ha permitido mejorar y aumentar los patrullajes, la logística y ciertas actuaciones como controles vehiculares, con lo cual se ha logrado la detención de personas con órdenes vigentes, y detectar la comisión de ciertos ilícitos. Ciertos resultados que van en abono de la decisión. Pero lo cierto es que es una medida que, por sí sola, es insuficiente, debe ser acompañada de otras.
¿Qué otras medidas?
Modificaciones legislativas entrabadas, búsqueda de testimonios protegidos, rastreos terrestres y aéreos para ubicar a los partícipes, o el ocultamiento del armamento en casas de seguridad o en barretines, toma de imágenes. Estas son algunas diligencias que se podrían sumar, además de inteligencia concreta que proporcione información fidedigna y confirmable para efectos probatorios.
¿Respalda o no una ampliación del estado de emergencia por parte del Congreso?
Muchos manifiestan sentir mayor seguridad, validando in situ la decisión y también a través de encuestas de medios de comunicación y portales informativos, que igualmente lo confirman. Un dato relevante será el que fluya de la consulta ciudadana regional dispuesta por el Gobierno Regional y las municipalidades de la región, insumo que se tornará relevante al momento de discutir y decidir su prórroga.
Otro factor relevante me parece en favor de la ampliación son las sentencias dictadas la semana pasada por la excelentísima Corte Suprema que, acogiendo 6 acciones de protección presentadas por 78 víctimas, no solo reconoció como hecho conocido la existencia de la denominada ‘violencia rural’, sino que además declaró arbitraria la actuación estatal por no haber desarrollado todas las medidas conducentes para enfrentar adecuadamente las acciones de violencia constante que se registran en la zona sur (…), ordenando en forma perentoria a la autoridad política disponer, en breve plazo, un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral a los afectados, personas y grupos sociales vulnerados reiteradamente. Estas decisiones judiciales son mandatos que deben cumplirse y entiendo son un fundamento concreto para prorrogar el estado de emergencia.
¿Estima que el decreto debiera seguir rigiendo en las mismas 4 provincias o debiera ampliarse a otras regiones como han pedido parlamentarios?
Es posible visualizar que hechos de violencia armada han tenido lugar en la Región de Los Ríos, en número creciente y con idénticas modalidades de actuación y que, de considerarse aislados, sería un craso error como lo fue en su tiempo en La Araucanía y en Arauco.
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