- Tiene 21 años y ha sido condenado a pasar más tiempo del que ha vivido en una cárcel de Cuba.
Walnier Luis Aguilar Rivera, un joven residente en el barrio de La Güinera, uno de los más populosos y pobres de La Habana, fue sentenciado este mes a 23 años de cárcel por participar en las masivas protestas del 11 de julio pasado.
«Estamos destrozados. Mi hijo tiene un retraso mental producto de una lesión y en el juicio ni siquiera tuvieran en cuenta eso. Él salió a protestar como todo el pueblo y ahora le quieren meter más años que su propia edad. Tiene 21 años y le han metido 23″, dice Luis Aguilar, padre del joven.
Según su testimonio, su hijo fue detenido pocos días después de las manifestaciones y la familia no pudo volver a verlo hasta tres meses después.
«Nosotros afuera sufriendo sin saber de él. Ahora lo tienen en el Combinado del Este, que es una cárcel de máxima seguridad y él es solo un muchacho de 21 que tiene problemas psiquiátricos», agrega.
Su caso no es el único.
En las últimas semanas, una veintena de personas han recibido condenas de entre 12 y 30 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11-J, algunas de las cuales duplican la edad de los manifestantes.
Según datos recopilados por Justicia 11J, un grupo independiente sobre detenciones por motivos políticos creado tras las protestas, cerca de 150 personas han sido llevadas a juicio en las últimas dos semanas con causas asociadas a las protestas.
La mayoría de ellos han sido acusados del delito de «sedición», uno de los cargos más delicados del código penal cubano y que implica sentencias mayores que las que recibirían un asesino o un ladrón.
«Es un abuso, una condena desmedida. Y estamos atados de pies y manos porque no hay a quién recurrir. A mí hijo la Fiscalía le pedía 22 años y le metieron 23. A otro de mi barrio, de 18 años, le pedían 15 y le metieron 18, su misma edad», cuenta Aguilar.
El régimen cubano y los medios oficiales de la isla no se han referido a las sentencias ni ofrecido información sobre estos juicios.
Sin embargo, en meses anteriores, las autoridades aseguraron que lo ocurrido en julio fueron «disturbios» «financiados desde EE.UU.» y han calificado a los detenidos de ser «vándalos» «delincuentes», «revoltosos» o «mercenarios» que tuvieron un «comportamiento totalmente vulgar, indecente».
Los presos después de las protestas
Los juicios de este mes se suman a otros realizados en julio y octubre y en los que las condenas variaron desde multas hasta 14 años de cárcel.
«A mí hijo le han pedido ocho años y lo único que hizo fue hacer una directa de las protestas», dice a BBC Mundo Mabel, madre de Yoan de la Cruz, el joven que trasmitió por Facebook el inicio de las manifestaciones en San Antonio de los Baños.
FUENTE DE LA IMAGEN, AFP
«A él le hicieron el juicio este mes, pero todavía estamos esperando la sentencia. Alguien se puede imaginar que a un ser humano le pidan ocho años de cárcel solo por trasmitir una protesta», agrega.
Sin embargo, las penas mayores han recaído en un grupo de vecinos de La Güinera, el barrio de Aguilar y donde también se reportó el único muerto oficial por las protestas.
Entre las condenas más severas, grupos de activistas señalan la de Dayron Martín Rodríguez, de 36 años, fue condenado a 30 años; Lázaro Zamora González, de 26, fue sentenciado a 20 y Marlon Brando Díaz Oliva, de 20, condenado a 18.
Un número creciente de presos
Recuentos de Justicia 11J y la plataforma legal independiente Cubalex indican que, actualmente, más de 700 personas siguen presas tras participar en las protestas de julio y unas 500 fueron liberadas a la espera de juicio o tras recibir sanciones menores o multas.
«Hasta ahora hemos documentado en total 205 juicios ordinarios», dice a BBC Mundo Salomé García, una de las responsables de Justicia 11J.
Del total de los detenidos, 14 son menores de edad, según los datos de los activistas.
Algunos de ellos, como Kendry Miranda Cárdenas, de 17 años, tienen una petición fiscal de 20 años de privación de libertad y a otros como Brayan Piloto, de 16 años, le piden una condena igual a su edad, de acuerdo a sus familiares.
BBC Mundo no pudo confirmar de forma independiente estos datos y las autoridades cubanas no ofrecen información oficial al respecto.
Esta incertidumbre ha llevado a que organizaciones internacionales, como Unicef, pidan al gobierno de la isla una mayor transparencia.
«Unicef está preocupado por los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba. Hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionen información adicional verificada sobre niños y niñas presuntamente en esta situación», indicó la organización en Twitter el mes pasado.
Un año inusual
Los juicios contra los manifestantes del 11-J ponen fin a un convulso año en la isla del Caribe donde, en los últimos 60 años, las protestas en contra de la dictadura y las expresiones de disenso nunca habían alcanzado niveles como los vistos en 2021.
La pandemia tuvo un profundo impacto en la vida económica y social de la isla este año, a lo que se unió una creciente inflación, apagones y la escasez de comida, medicamentos y productos básicos.
Uno de los motores de la economía cubana, el turismo, quedó prácticamente paralizado por meses a causa de la pandemia.
A inicios de 2021, el régimen propuso un nuevo paquete de reformas económicas que, a la vez que aumentaron los salarios, dispararon los precios.
Economistas como Pavel Vidal, de la Universidad Javeriana de Cali, estiman que podrían aumentar los costos de los productos hasta en 900%.
Y en junio, el régimen decidió dejar de aceptar «temporalmente» dólares en efectivo, la principal divisa que reciben en remesas los cubanos, una medida que fue vista por economistas como la más restrictiva impuesta sobre la moneda estadounidense desde que estuvo penalizada durante Fidel Castro.
De la escasez a las calles
La situación económica, unida a la crisis del coronavirus y al acceso a internet y redes sociales, preparó el caldo de cultivo para hacer de 2021 un año peculiar.
El momento que marcó el año tuvo lugar en la mañana del 11 de julio, cuando cientos de personas se lanzaron a las calles de San Antonio de los Baños e hicieron que el resto de la isla se sumara en pocas horas como en un efecto dominó.
Más de 1.000 personas fueron detenidas desde entonces, en lo que grupos de derechos humanos calificaron como una «cacería de manifestantes».
A raíz de la protesta, un colectivo creado entonces, Archipiélago, convocó a una nueva protesta para noviembre, lo que llevó a las autoridades a prohibir la marcha y a realizar un amplio despliegue militar el día en que estaba prevista.
Nuevos juicios y nuevas sentencias se esperan a inicios de 2022, mientras la incertidumbre se multiplica para aquellos que ya han sido condenados. Y para sus familiares.
«Qué Navidad y qué fin de año nos están regalando. Nadie sabe el dolor por el que estamos pasando. Ya no pensamos en año nuevo, sino en los años que le están metiendo a nuestros hijos en la cárcel», dice Mabel.
