Su evaluación está marcada por el 18 de octubre de 2019. La TV dio tempranamente el piadoso nombre de “estallido social” a lo que en realidad fue una asonada antisocial y antidemocrática, cuyo propósito se hizo evidente poco después: provocar una situación de ingobernabilidad y derribar a Piñera. El Presidente dio un paso en falso, cuando, en medio del ataque brutal al Estado de Derecho, propició el reemplazo de la Constitución. Tras dos años, está a la vista que la Convención, capturada por una corriente refundacional, es el mayor factor de inestabilidad e incertidumbre.
Es probable que el presidente Sebastián Piñera sienta alivio en estos días al constatar que, pese a tantas dificultades, el país no se descarriló, las libertades no sufrieron merma, las elecciones se realizaron conforme a la ley, la economía sigue teniendo bases firmes y las instituciones continúan cumpliendo su tarea.
Tiene derecho, por supuesto, a sentir satisfacción por la forma en que su gobierno enfrentó el reto sanitario de la pandemia, como también los efectos económicos y sociales. Alcanzó a concretar la Pensión Garantizada Universal, y ello constituye un logro social indiscutible.
Inevitablemente, la evaluación de su período está marcada por el 18 de octubre de 2019, cuando llevaba solo un año y medio en el cargo, y nada hacía pensar que el país sufriría una ofensiva de violencia, destrucción y pillaje que lo haría asomarse a la pesadilla del lugar sin límites. La TV dio tempranamente el piadoso nombre de “estallido social” a lo que en realidad fue una asonada antisocial y antidemocrática, cuyo propósito se hizo evidente pocas horas después de los primeros saqueos y ataques incendiarios al Metro: provocar una situación de ingobernabilidad y derribar a Piñera.
Desde 1990, nunca estuvo en mayor riesgo el régimen democrático y, por desgracia, hubo múltiples expresiones de deslealtad hacia sus fundamentos. La barbarie con rostro social dañó profundamente nuestra convivencia y contaminó la política.
Nada fue sorprendente en el caso del PC, que se excitó con la posibilidad de la sublevación nacional tantas veces soñada. Lo bochornoso fue la actitud de los partidos de la vieja centroizquierda, que hicieron suyo el criterio de que cuando gobiernan los adversarios, todo vale en su contra.
El PS, en particular, se entusiasmó con la perspectiva de volver a La Moneda antes de 4 años. El 12 de noviembre de 2019, en medio de una de las peores jornadas de violencia, todos los partidos opositores firmaron una proclama cuasi golpista que reflejó hasta dónde había llegado la insensatez.
Respecto de la génesis de la revuelta y la oscura coalición político/delictiva que la llevó adelante, está casi todo por investigarse. Consultado por El Mercurio (27/02) sobre la posible influencia extranjera, Piñera respondió: “Es una tesis que planteó Inteligencia del Ejército y también el ministro de Defensa de la época. Les dije que llevaran todos los antecedentes a la fiscalía. Una cosa es saber algo, otra poder probarlo judicialmente”.
Suena extraño. Es obvio que la respuesta condigna a una agresión externa no requiere un pronunciamiento de los tribunales. Todo sugiere que, frente a la información de que 600 agentes cubanos y venezolanos, expertos en sabotaje, habían ingresado a Chile, el mandatario optó por no escalar un enfrentamiento con Cuba y Venezuela, probablemente por las dudas que tenía sobre la cohesión del frente interno.
En el origen de lo ocurrido se encuentra el temerario viaje de Piñera, en febrero de 2019, a la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, a instancias del presidente Iván Duque, con el fin de apoyar a Juan Guaidó, el líder opositor venezolano, en un momento en que parecía tambalear la dictadura de Nicolás Maduro. Se equivocó completamente. No midió las consecuencias de desafiar a un régimen sin escrúpulos.
No hay duda de que Maduro se desquitó de un modo terrible contra nuestro país. En los días de octubre, bastaba con observar cómo celebraba en Caracas nuestras desgracias, y bastaba también con observar el comportamiento de sus fieles aliados chilenos, para entender muchas cosas.
Frente al quiebre del orden público y la persistencia de los focos de violencia, Piñera tuvo que poner en la balanza no solo la necesidad de imponer el orden, sino el precio involucrado. Las violaciones de los DD.HH. fueron, sin duda, un penoso costo en medio de la insurgencia, lo que atizó la campaña por estigmatizarlo como nuevo dictador y demostrar que tales violaciones eran una política de Estado. La izquierda autoritaria demostró que nadie la supera en el manejo de las técnicas del odio contra un enemigo contra el cual fomenta todas las furias.
Producido el 18/O, los partidos de derecha y centroderecha no enfrentaron la amenaza antidemocrática en toda la línea ni denunciaron a sus instigadores con suficiente entereza. Salvo escasas excepciones, sus parlamentarios se mostraron muchas veces aturdidos por la violencia, amedrentados por el matonaje revolucionario, preocupados de actuar al ritmo de las encuestas, sin verdadera disposición de sostener las bases del régimen democrático.
Piñera dio un paso en falso el 15 de noviembre de 2019, cuando, en medio del ataque brutal al Estado de Derecho, propició el reemplazo de la Constitución, lo que significó ponerlo todo en discusión. En la entrevista de El Mercurio, dice no arrepentirse de haber actuado así. Lo concreto es que alentó un proceso saturado de malentendidos y cuyo núcleo fue la creación de un segundo parlamento. Pasados dos años, está a la vista que la Convención, capturada por una corriente refundacional, es el mayor factor de inestabilidad e incertidumbre. Lo que cuentan son los hechos: el presidente Piñera concluirá su mandato y el país quedará en un laberinto constitucional.
Aunque en este período no faltaron los motivos para criticar a Piñera, fue cómodo el recurso de culparlo por casi todo. Cometió errores políticos de bulto, sin duda, que generaron problemas que han quedado abiertos, pero corresponde juzgar también lo que hicieron sus adversarios. Llegará el momento de evaluar equilibradamente la labor global de su gobierno. No hay duda de que le tocó navegar en las aguas más revueltas que hayamos visto en Chile, y que mostró una impresionante capacidad de resistencia. No se dejó abatir, con lo cual es probable que haya evitado males mayores. Defendió la democracia, y esta sigue siendo nuestra mayor fortaleza.
