- Sostener que el Apruebo del plebiscito de entrada obliga al Apruebo en el de salida es una treta demasiado burda. Es muy grande la distancia entre el plebiscito de entrada, en el cual dominaron las buenas intenciones, y el de salida, en el cual corresponde juzgar un proyecto concreto que, no por casualidad, está provocando cada día mayor rechazo.
En la madrugada del 15 de noviembre de 2019, cuando todos los partidos –excepto el PC y una parte del FA-, firmaron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, hubo una sensación de alivio en el país. Era comprensible. Había transcurrido un mes de la irrupción de la violencia, destrucción y pillaje en gran escala, y eran inmensos los estragos materiales, el miedo y el sentimiento de que Chile se deslizaba hacia el caos.
Tres días antes había tenido lugar una de las jornadas de mayor barbarie, y todos los partidos opositores –desde la DC al PC-, habían dado a conocer un manifiesto en el que afirmaban que ya estaba en marcha un proceso constituyente en las calles. Se entiende, entonces, que la mayoría de la población haya interpretado la firma del acuerdo como una posibilidad de frenar la violencia y encauzar los conflictos políticos por una vía racional.
La mayoría entendió que, si se habían unido los partidos de gobierno y de oposición, y el propio Presidente de la República respaldaba el acuerdo, significaba que se podían lograr asegurar la paz y el entendimiento, y que, si todos consideraban que para ello se requería elaborar otra Constitución, había que hacerlo.
Sin embargo, no llegó la hora de la paz. El 19 de noviembre, 10 diputados del PC, PS, RD, PH, Comunes, PPD, CS y PL presentaron la primera acusación constitucional contra el Presidente Piñera. Si no hubiera sido porque 8 diputados opositores se dieron cuenta de los riesgos institucionales implicados, la acusación habría sido aprobada.
Al concluir el 2019, la violencia bajó temporalmente en Santiago, pero recrudeció en La Araucanía, y las reyertas políticas no amainaron.
El plebiscito de entrada al proceso constituyente se programó originalmente para abril de 2020, pero la pandemia obligó a postergarlo hasta octubre. Aunque se realizó con voto voluntario, contó con una amplia participación (50,9% del padrón). La opción Apruebo obtuvo el 78, 27% de las preferencias, en tanto que la fórmula que proponía elegir a todos los integrantes de la Convención Constitucional (155) logró el 78,99% de las preferencias.
Para la elección de convencionales, realizada en mayo de 2021, el Congreso creó en los hechos un nuevo sistema electoral, que permitió presentar de listas de independientes con facilidades que no tenían los partidos, estableció la paridad de género en los cargos elegidos, (lo que obligaba a “corregir” los resultados) y, finalmente, reservó 17 escaños para los pueblos originarios. Allí se consumó la transgresión más grave al principio de igualdad del voto. Los 17 escaños indígenas sumaron solo 89 mil votos en todo el país, en tanto que, por ejemplo, la convencional Marcela Cubillos, no indígena, obtuvo 84 mil votos.
Ya existen suficientes elementos de juicio como para tener una idea cabal de lo que se incubó en la Convención. Ahora sabemos en qué consistía la refundación de Chile. La asociación de colectivos, que tiene el control desde el comienzo, ha operado con la idea de que el plebiscito de entrada les concedió plenos poderes para rearmar el país a su gusto.
Han hecho y deshecho en los ámbitos político, institucional, económico, social, étnico, territorial, jurídico, moral, etc. Incluso han intentado establecer una especie de cosmovisión que debería convertirse en doctrina de Estado. Nada de lo humano les ha sido ajeno.
La armazón creada revela incongruencias de todo tipo, pero es evidente el espíritu que la anima, muy distante del constitucionalismo asociado con los principios de la democracia liberal. Su pulsión autoritaria es indisimulable. Se trata de una Constitución “programática”, hecha para colmar las aspiraciones de las diversas familias de izquierda que han vivido en estado de euforia en la Convención. Su motivación principal es dejar las cosas atadas y bien atadas para que sus familias ideológicas consigan el control de las instituciones en el futuro.
Con una Cámara “plurinacional”, que concentrará amplísimos poderes, y no tendrá el contrapeso del Senado ni del Presidente, el diseño está hecho para cocinar una mayoría como la de la Convención. El sistema electoral, que consagra las reglas de la competencia política, quedará fuera de la Constitución: la idea de los controladores es resolverlo mediante una ley en la Cámara, donde confían tener la manija.
Sostener que el Apruebo del plebiscito de entrada obliga al Apruebo en el de salida es una treta demasiado burda. En el plebiscito de entrada prevaleció la esperanza de que el país iba a dejar atrás la violencia, se establecerían nuevos derechos sociales y se mejorarían las instituciones. Fue una apuesta de buena voluntad. Se aprobó una idea general de lo que parecía ser un camino de pacificación y reencuentro. Hoy, estamos obligados a actuar con estricto sentido de la realidad, atentos al inmenso riesgo de que el país se extravíe por mucho tiempo. Hasta los parlamentarios se están dando cuenta de la criatura que crearon.
Como probablemente en la campaña del plebiscito volveremos a escuchar apelaciones propagandísticas sobre la igualdad, la dignidad y la justicia, será indispensable poner el foco en los contenidos del proyecto. Es crucial que los ciudadanos tengan la mayor información posible sobre el texto que se propone, por ejemplo, su ostensible exaltación de la desigualdad racial y su propósito de anular el principio unificador de la nacionalidad chilena.
Es muy grande la distancia entre el plebiscito de entrada, en el cual dominaron las buenas intenciones, y el plebiscito de salida, en el cual corresponde juzgar un proyecto concreto que, no por casualidad, está provocando cada día mayor rechazo.
Por Sergio Muñoz Riveros
Ex-ante
