Tras varias semanas en que el propio Boric y los partidos de su coalición se rehusaban a hacer cambios en la propuesta de la Convención, las colectividades integrantes de Apruebo Dignidad y de Socialismo Democrático suscribieron un documento, mediante el cual se comprometen a hacer una serie de modificaciones a la nueva Constitución en caso de un triunfo del Apruebo.
¿Por qué llegaron a la firma de este acuerdo? Debido a que la nueva propuesta constitucional ha generado divisiones por algunos puntos de su contenido, como son la eliminación del Senado, las excesivas atribuciones a los pueblos indígenas, el derecho al aborto, el «derecho humano al agua», el tema de la propiedad habitacional y una amplia garantía de derechos sociales en relación a los sistemas de pensiones, salud y educación, que provocan inquietud en algunos sectores de la población, sin contar el capítulo aparte de la plurinacionalidad.
Obviamente, que este acuerdo no es al azar, sino que surge como el último salvavidas del oficialismo para tratar de revertir la ventaja de casi 10 puntos que muestra la opción Rechazo sobre el Apruebo en todas las encuestas desde hace semanas.
Gran parte del acuerdo busca establecer “mínimos comunes”, como le llaman algunos, pero no enumera medidas significativas en materias sociales ni políticas, salvo en lo relacionado al plurinacionalismo. De hecho, el Partido Comunista logró establecer un veto para no tocar el punto que alude al fin del Senado.
El acuerdo titulado “Unidos y unidas para aprobar una nueva Constitución” lo firman Natalia Piergentili (Partido por la Democracia), Patricio Morales (Partido Liberal), Tomás Hirsch (Acción Humanista), Lorena Fries (Movimiento Unir) Paulina Vodanovic (Partido Socialista), Leonardo Cubillos (Partido Radical), Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática), Flavia Torrealba (Federación Regionalista Verde Social), Guillermo Teillier (Partido Comunista) y Diego Ibáñez (Convergencia Social).
En su introducción, las fuerzas políticas firmantes dicen que suscriben el acuerdo “con el fin de contribuir a que las chilenas y chilenos tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”.
Sin embargo, contrario a lo que se pudiera pensar, no todos quedaron conformes dentro de los mismos defensores del gobierno y la opción Apruebo. Por ejemplo, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, aseguró que «la ciudadanía votó para que no fuera el Congreso quien redactara la nueva Constitución ni menos que los partidos le metieran mano antes del plebiscito”.
Por su parte, quienes están por rechazar la propuesta de la nueva Constitución aseguran que el acuerdo anunciado por los partidos del oficialismo “es un engaño” y que no sería viable en caso de que gane el Apruebo. Así lo reconoció el ex diputado y miembro fundador del PPD,Jorge Tarud quien cuestionó la relevancia del acuerdo: “Es un engaño lo que están haciendo. Además, ¿quién garantiza que después van a estar dispuestos a hacer cambios? Cambian de discurso día por medio. La única alternativa factible que tenemos es el Rechazo para tener una nueva Constitución, una que nos proyecte realmente como país”, enfatizó.
Otro que sacó la voz, no para alegrarse por estas modificaciones, sino que por el contrario, fue el polémico alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue, quien dijo: «Yo creo que eso huele mal. Huele mal (…) huele a cocina de muy malos cocineros. Yo creo que aquí hay un proceso que hay que respetar”.
Al respecto, junto con pedirle al edil que “se calle”, parodiando al Rey de España, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, puntualizó que «no son cambios antes de…, son solamente precisiones o modificaciones que proponemos. Nosotros no estamos corrigiendo la Constitución, ni estamos modificándola”.
Por su parte, Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, valoró el acuerdo alcanzado con los partidos del oficialismo para reformar algunos aspectos de la propuesta de nueva Constitución, explicando que » hay algunos puntos del texto de la nueva Constitución que quizás no se entienden bien y era necesario hacer este acuerdo para decir mire, nosotros queremos asegurar tales cosas. Ese es nuestro compromiso no podemos garantizar que vamos hacer estas cosas».
No obstante, los más críticos al acuerdo sostuvieron que con las modificaciones incorporadas, la nueva propuesta se acerca más a la Constitución del 80 que a una nueva Carta Magna. Por ejemplo, en materia de salud citan que se dejó en claro que “no se limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores de los servicios”, ya que las clínicas, hospitales y centros médicos privados seguirán existiendo, obviamente, con fines de lucro. Lo mismo ocurre con la educación, asegurándose que seguirá existiendo la enseñanza particular subvencionada y los colegios particulares. Ambos eran temas clave y muy sensibles en el colectivo gobernante.
En el caso de las pensiones, el texto oficialista precisa que el derecho a una pensión será en base a un modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual.
En cuanto al tema de la propiedad de las viviendas, se agregó el siguiente párrafo: «Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia». Nada nuevo.
En materia política, la propuesta estipuló que «la reelección presidencial no procedará consecutivamente», con lo cual se mantendrá la tradición histórica que ha tenido nuestro país en materia de elección presidencial.
Respecto de las autonomías territoriales contempladas en la Constitución, se establece expresamente que sus atribuciones deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile (…) y en ningún caso el establecimiento de una autonomía territorial indígena ni su regulación puede limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional, respetando la Constitución y las leyes.
Respecto a los sistemas de justicia indígena, se reafirmó que todas las personas, indígenas y no indígenas, son iguales ante la ley en dignidad y derechos. No existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. Además, la justicia indígena siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema.
En estas modificaciones, faltaron aclarar temas de real importancia para Atacama, como son las concesiones mineras y el uso y la propiedad del agua, considerando que ya no será “comerciable” y, por ende, se pone en jaque la subsistencia y continuidad de la agricultura y de la pequeña y mediana minería que, a diferencia de las grandes transnacionales, no están en condiciones económicas de construir sus propias plantas desaladoras.
Lo importante es que, a desmedro de encuestas varias y de nuevos arreglos “cosméticos” al texto, la última palabra la sigue teniendo el ciudadano común, cuya voluntad se expresará libre, soberana e informadamente en las urnas el 4 de septiembre venidero.
Fotografía de referencia de representantes de los partidos oficialistas
