«Es la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país», dijo el fiscal Diego Luciani en un extenso alegato que culminó con la petición de 12 años de prisión para Fernández de Kirchner, de 69 años, además del veto a perpetuidad para ejercer la función pública.

Luciani dedicó tres semanas a desgranar acusaciones y pruebas en un juicio oral y público que ocupa amplios espacios en los medios argentinos y está siendo seguido con gran interés por buena parte de la población: los que quieren ver condenada a la ex presidenta y los que alegan que todo se trata de una confabulación política en contra de la líder peronista.

Todo comenzó en 2003, aseguró el fiscal el 1 de agosto, primer día de su alegato. Y prosiguió hasta 2015, cuando Fernández de Kirchner dejó la Casa Rosada. La justicia argentina investiga irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, recibieron para desarrollar en la provincia patagónica de Santa Cruz, dominada políticamente por los Kirchner desde hace casi tres décadas.

Contratos por miles de millones de dólares con sobreprecios del 65%, falta de capacidad técnica para hacer las obras, licitaciones amañadas y el pago total de las obras pese a que la mayoría no habían sido terminadas: la lista de acusaciones fue extensa, y la figura penal es asociación ilícita y defraudación a la administración pública. Luciani sostiene que la vicepresidenta fue la jefa de esa asociación ilícita mientras era presidenta.

«Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país».

Luciani insistió este lunes en las premisas que presentó hace tres semanas. «La corrupción fue la regla, el Estado de derecho quedó rezagado, y esto debe restaurarse con una sentencia justa (…). Se ha creado un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública (…). Se designó y se mantuvo en puestos clave a funcionarios que prestaron su acuerdo a este sistema».

«El orden público ha sido subvertido, dirigido nada más y nada menos que por la entonces presidenta y por sus ministros como ejecutores», añadió.

Es la primera vez que en la justicia argentina se piden penas de prisión para Fernández de Kirchner, una de las líderes políticas más poderosas en la historia del país. La vicepresidenta intentó días atrás recurrir a los fiscales y a uno de los jueces con la intención de que fueran reemplazados y de que el proceso se extendiera, pero las peticiones fueron rechazadas.

Este lunes sorprendió con una nueva maniobra: pidió ampliar su declaración indagatoria, que ya fue hecha hace meses, alegando que «ante la falta de pruebas» para acusarla, los fiscales «montaron» nuevas cuestiones que nunca antes le habían reprochado.

La maniobra procesal es ciertamente original y descolocó al Tribunal Oral Federal, en el que no hay recuerdo de que alguna vez se haya autorizado algo semejante, cuando ya se está cerrando la etapa de alegatos y reclamación de penas.

«Los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto», escribió la ex jefa de Estado en sus redes sociales.

Los alegatos de las defensas comenzarán el 5 de septiembre, aunque Fernández de Kirchner tiene una posibilidad de hablar aún, en el momento de las «últimas palabras» antes de la sentencia, que se espera para diciembre.

La intensificación de los problemas judiciales llega en semanas especialmente complejas para Fernández de Kirchner, que atraviesa probablemente su momento político de mayor debilidad desde que accedió al poder junto a su esposo en 2003.

La vicepresidente volvió a cortar el diálogo con el presidente, Alberto Fernández, y Sergio Massa, el nuevo ministro de Economía, se mueve en el poder con las ínfulas de un primer ministro. Por primera vez en su carrera, la ex presidenta no encuentra alternativas al embrollo político: su mayor preocupación pasa por el hecho de verse cada vez más acorralada por la justicia.

Fuente: La Nación