La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, APRIMIN, manifiesta su alta preocupación por el descontrol del orden público que impera en el país, evidenciado en la violencia que cada uno de quienes habitamos este país estamos expuestos a sufrir. Al respecto, tanto las encerronas de automóviles con arma blanca y de fuego, como los robos con violencia a personas indefensas, incluso ancianos y niños, como asimismo los robos de madera en el sur del país y de cobre en el norte de Chile, ocurren a diario y a cada momento, al amparo de las limitaciones sobre las normas de legítima defensa que deben respetar las fuerzas policiales. Estas normas ignoran que el delincuente y, con mayor razón el terrorista, amparados por doctrinas que justifican la violencia como medio de acción política, atacan sorpresivamente, sin que quien se ve afectado pueda prevenir ni el ataque, ni las armas ni la fuerza con que se ve enfrentado a este riesgo muchas veces vital. Resulta imposible usar los medios proporcionales a aquellos con que los delincuentes y terroristas atacan, puesto que nunca se sabe cuáles son ni qué momento se usarán, sin verse expuestos al riesgo de la propia vida o a que la víctima se transforme judicialmente en victimario. Esto es válido para las fuerzas policiales y para cualquier persona que necesite defenderse de estos ataques producidos por delincuentes que se amparan en la legítima defensa y en las ventajas que les dan sus imprevistos ataques. Unas de estas situaciones que no resiste más tolerancia de la sociedad, son los robos de madera en el sur del país, reconocidamente para financiar acciones terroristas. Y otra, son los robos de cobre en el norte de Chile, que tiene con problemas de logística de transporte a los cátodos de cobre y otros productos mineros, habiendo anunciado la compañía ferroviaria FCAB (Ferrocarril Antofagasta Bolivia), que suspende todo transporte de estos commodities mientras se mantenga la inseguridad y la violencia en contra de su personal y los robos de la carga que transportan. Esto afecta gravemente la imagen de Chile, afecta a la minería, a las empresas proveedoras y los cientos de miles de trabajadores de esas empresas, lo que, desde nuestro gremio no podemos sino levantar la más enérgica protesta.
APRIMIN hace un llamado a incrementar la seguridad y el orden público, para impulsar el empleo, la producción y la inversión, único camino seguro con que el país puede avanzar en mejores condiciones de vida para las personas. Para este efecto, el Estado debe hacer uso de todos los medios que le da el uso legítimo de la fuerza y así mantener el orden público evitando que situaciones como las descritas se repitan por bandas criminales.
El Ministerio Público, la judicatura, las policías y las fuerzas de orden en general deben cumplir con su rol de proteger a la población de todo peligro que venga de la delincuencia y el terrorismo. Por su parte, para que puedan hacerlo, las autoridades públicas, especialmente el Gobierno, deben dar el más estricto respaldo al actuar de estas entidades que la sociedad chilena se ha dado para precisamente lograr la tan anhelada paz, el progreso y el bienestar de nuestra población.
ASOCIACIÓN DE PROVEEDORES INDUSTRIALES DE LA MINERÍA, APRIMIN
