Según el estudio “Pack Swap 2022”, el 37,4% de los cigarrillos que se consumen en el país son ilegales, generando anualmente una pérdida de US $800 millones por concepto de evasión tributaria.
El centro de medición Mide UC, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica, publicó los resultados de la encuesta “Pack Swap 2022” sobre la incidencia en el consumo del cigarrillo en Chile y las características del comercio de cigarrillos en fumadores habituales, dando un seguimiento al estudio aplicado en 2019 y 2021.
Entre los principales resultados, cabe destacar que el 37,4% de los cigarrillos que se consumen en el país son ilegales, donde el 52,8% de los cigarrillos que consumen los fumadores de la Macrozona Norte, que considera las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta y Calama, corresponden a productos de contrabando.
Acorde a Mide UC, el 86% de los cigarrillos ilegales que ingresan al país provienen de Paraguay, los que son vendidos principalmente a través de ferias libres y comercio ambulante. Carlos Gajardo, abogado y exfiscal, explica que estos productos ingresan en su mayoría por la frontera que compartimos con Bolivia, para luego ser distribuidos por bandas criminales hacia diferentes zonas del país.
“Un factor importante a considerar es la criminalidad que está detrás de este delito”, dice Gajardo. “La importación y distribución del contrabando de cigarrillos está a cargo de bandas organizadas semejantes a las que se dedican al narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero. Para ellas, el negocio del cigarrillo ilícito es una manera rápida para generar ingresos, aprovechando las bajas penas existentes”, explica.
Anualmente, el contrabando de cigarrillos provoca una pérdida tributaria de US $800 millones. Para poder combatirlo, el exfiscal acentúa la importancia de que las distintas instituciones tomen acciones conjuntas, trabajando de forma coordinada en su persecución, especialmente a través del control fronterizo.
Ludwig Ureel, director de Asuntos Legales y Corporativos de BAT Chile, agrega que, además de la evasión fiscal, este problema también afecta a toda la cadena de valor del comercio formal, desde los pequeños y medianos productores, hasta la manufactura y comercialización. “El precio promedio de una cajetilla legal está en torno a los $3500, precio que en muchos casos supera el precio de una cajetilla ilegal en más de 300%. Por este motivo, es necesario que las autoridades tomen acciones para proteger la recaudación fiscal y la generación de empleo en el país”, resalta.
