“Las Maras” un nuevo concepto que los chilenos deben ir tomando en consideración en el contexto del crimen organizado y que tiene muy preocupada a la Policía de Investigaciones de nuestro país, razón por la cual solicitó a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga sobre Criminalidad en la Macrozona Norte una sesión a puertas cerradas el próximo lunes, a partir de las 15.00 horas, ocasión en que espera dar a conocer los informes reservados que posee sobre el ingreso de esta temida organización criminal y terrorista.
Las maras son pandillas de alta peligrosidad, originarias de El Salvador, que ya estarían operando tanto en el norte como en la Región Metropolitana, organizando focos delictuales que atacan sin compasión alguna a sus víctimas, operando en secuestros, narcotráfico y situación migratoria, entre otros puntos. Estas bandas se han dispersado por el continente tras la ofensiva del Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en contra de las maras.
La Comisión Especial Investigadora, constituida el 21 de diciembre pasado, está formada por trece diputados que representan a distritos de la Macrozona Norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama), apoyados por parlamentarios de las regiones de Coquimbo y Metropolitana.
¿Qué son las maras?
Estas pandillas son organizaciones criminales que tienen su origen en El Salvador, que extorsionan a la población y controlan territorios, contando con un contingente cercano al medio millón de personas vinculadas a la estructura criminal de estos grupos delictivos.
Para un mayor control sobre el territorio, las maras se estructuran en las denominadas “clicas”, que son grupos barriales de entre diez y 60 personas que controlan la actividad criminal en un territorio específico.
Su organización es lineal, llevándose a cabo “juntas de cabecillas” de entre ocho y diez miembros. Con frecuencia, los líderes están en la cárcel, desde donde controlan a los pandilleros del exterior, que son quienes ejecutan las órdenes.
La principal fuente de ingresos es la extorsión mediante el cobro de “rentas”, pagos de dinero a los delincuentes por parte de comerciantes y transportistas, principalmente. Estos tipos de delitos ya ha sido detectados en Chile.
En El Salvador es tal el grado de control que tienen las pandillas sobre la ciudadanía, que incluso los colegios privados y algunas instituciones pagan a estos grupos criminales para garantizar su seguridad.
Las maras también son contratadas por estructuras de crimen organizado locales y transnacionales, vinculadas al tráfico de drogas, armas y personas.
Lamentablemente, estas bandas han ingresado libremente por los accesos del norte chileno, sin control alguno, debido a la debilidad que han mostrado los gobiernos de Piñera y Boric en la falta de voluntad para poner mano dura en el control fronterizo.