Los abajo firmantes, miembros de la Mesa de Salud de la Corporación de Universidades Privadas, en el marco de la inminente crisis financiera del Sistema Privado de Salud, queremos declarar lo siguiente:
- Son variadas las causas que han contribuido en la situación actual, y compartidas las responsabilidades entre los distintos actores y sectores; estas incluyen fallas de diseño y regulación, incapacidad política y modelos de atención y de negocio que confluyeron en un proceso de judicialización que han llevado a las Isapres a una situación difícil de sostener.
- Dentro de los aspectos estructurales que influyen en esta crisis están, por una parte, una regulación inadecuada para abordar las fallas de mercado. A modo de ejemplo, sistemas de pago por servicios inflacionarios, falta de incentivos a la prevención, sistema de tarificación y reajuste de precios que no cumplen con estándares de transparencia suficientes y que se han judicializado, cautividad y exclusión por preexistencias, falta de un plan estándar de beneficios, etc. Por otra parte, la incapacidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo de ponerse de acuerdo para resolverlos, lo que se evidencia en los diversos proyectos de ley “congelados” en el Congreso y comisiones que han elaborado diferentes propuestas en los últimos quince años.
- En lo inmediato, la crisis de las Isapres se explica en parte, por el aumento explosivo del gasto en prestaciones y en subsidios por incapacidad laboral (SIL) a partir del segundo año de Pandemia, sumado a la limitación al reajuste del valor de los planes. A lo anterior se suma la implementación de la ley 21.350 que regula dichas alzas de precios, y que fue interpretada por la actuación de la Corte Suprema y la Superintendencia de Salud. Pero, es el fallo sobre la aplicación de la Tabla de Factores lo que podría generar un escenario terminal.
- Esta situación puede tornarse crítica para millones de beneficiarios del sistema de salud. Primero, a quienes han confiado en las Isapres y en la capacidad de la autoridad para asegurar su funcionamiento bajo las normas legales que las regulan. Y segundo, a los adscritos al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), tanto en el caso de que esta entidad deba recibir a un grupo importante de nuevos afiliados y sus cargas, como en el caso de que los prestadores privados que atienden pacientes de Fonasa se vean afectados.
- El Gobierno ha declarado que quiere proteger a las personas, cumplir el fallo de la Corte Suprema y que esto no sea un simple salvataje a la industria. Por lo que creemos que esta crisis puede y debe ser transformada en una oportunidad para avanzar en una reforma integral al sistema de salud, tantas veces postergada por falta de acuerdo político. Pero esto no se debe hacer a costa del sufrimiento e incertidumbre de las personas, sean usuarios o trabajadores, ni de la sostenibilidad de la red prestadora.
- Dado a que es el Poder Ejecutivo quien tiene las herramientas para liderar la búsqueda de una solución, es que hacemos un llamado urgente a las autoridades del sector salud, al gobierno, y también a los parlamentarios, a que asuman la imperiosa necesidad de dar un cauce de solución a la incertidumbre actual, asegurando la continuidad de beneficios a los millones de afiliados a Isapre, sin que esto requiera de aporte fiscal, que ya es insuficiente para atender a la población del Sistema Público.
- La solución a la que llamamos debe ser propuesta a la brevedad, idealmente debiera ser lo suficientemente robusta para que su diseño no sea nuevamente cuestionado por el Poder Judicial. Las soluciones para la sostenibilidad debieran dar pasos decididos hacia una reforma integral futura de la seguridad social en salud.
- Entre los elementos estructurales que se debieran abordar pronto y que estamos convencidos que concitan acuerdos transversales que aseguran su viabilidad política, están: la ineludible reforma al esquema de licencias médicas (incluyendo el subsidio por incapacidad laboral), y el avanzar hacia un modelo universal de promoción y prevención en salud, así como mejorar la accesibilidad y confianza en la Atención Primaria de Salud. Asimismo, debe hacerse cargo de los problemas como cobros y exclusión por riesgo en salud y de eficiencia tanto de la prestación pública como privada.
- En tanto, urge avanzar en paralelo en la modernización del sector público, tanto asegurador como prestador. Entre otros, fortaleciendo su gobernanza y atribuciones, con objeto de mejorar el uso de los recursos y de que exista mayor transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía, con captación de capital humano de primer nivel, liderazgo tecnológico y participación ciudadana. Fonasa debe cumplir con su rol asegurador, con prestadores estatales a la altura de estos desafíos.
- Todos los firmantes creemos que el sector salud requiere de mejoras. Es por ello que en esta oportunidad nos ponemos a disposición para aportar en el desarrollo de los mecanismos que permitan abordar los desafíos del sector, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo. Estamos conscientes de la diversidad de visiones sobre los modelos de organización del sistema de salud que están presentes en nuestro equipo, pero nos une el deseo de garantizar a la población el acceso a una salud oportuna y de calidad.
Alberto Dougnac L.
Presidente de CUP – Salud
Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae
Enrique Paris, IPSUSS – Universidad San Sebastián.
Osvaldo Artaza, Universidad de las Américas.
Marco Antonio Núñez, Universidad Finis Terrae.
Karla Rubilar, Universidad Autónoma.
Luis Castillo, Universidad Autónoma.
Ricardo Fabrega, Universidad Santo Tomás.
Sebastián Pavlovic, Universidad Finis Terrae.
Enrique Ayarza, Universidad SEK.
Carolina Velasco, IPSUSS – Universidad San Sebastián.
Jorge Rodríguez, Universidad Bernardo O’Higgins.
