La acción presentada por los parlamentarios Johannes Kaiser y Juan Irarrázaval busca que el órgano contralor no curse las renuncias aceptadas por la alcaldesa Irací Hassler y que adopte esta medida provisional para asegurar la eficacia de la investigación en curso.
A más de dos meses de que se iniciara la investigación penal en contra de la Municipalidad de Santiago por la compra de la ex Clínica Sierra Bella, los parlamentarios del Partido Republicano Johannes Kaiser y Juan Irarrázaval solicitaron a la Controlaría General de la República ordenar como medida provisional no tramitar las renuncias de los funcionarios municipales que participaron en la adquisición del inmueble y que fueron solicitadas y aceptadas por la alcaldesa Irací Hassler.
De acuerdo al documento presentado por los diputados republicanos al contralor Jorge Bermúdez, se solicita “pueda acoger nuestra petición de adopción de medida provisional, en cuanto ordenar no se cursen las renuncias del Director Jurídico de la Municipalidad de Santiago, Sr. Jean Pierre Chiffelle Soto y del Secretario Comunal de Planificación de la Municipalidad de Santiago, Sr. Luis Mayorga Salces con el objeto de asegurar la eficiencia y eficacia de la investigación, en atención a que ambos funcionarios municipales fueron los que intervinieron activamente en las gestiones referidas a la adquisición de la ex clínica Sierra Bella”.
Según explicó Juan Irarrázaval, diputado del Partido Republicano, “la alcaldesa Hassler dice una cosa y hace otra. Públicamente afirma que va a colaborar con la justicia y ya hemos visto que no es así; dice que va a tomar medidas, pero en realidad libera de responsabilidad a quienes participaron activamente de esta operación, que ya se comprobó que ella lideraba. No saca nada con impulsar querellas, instruir sumarios, despedir funcionarios, culpar a tasadores y negar todo, si no es capaz de establecer responsabilidades, partiendo por ella misma. Trata continuamente de endosarle su responsabilidad a otros y no es capaz de asumir que aquí existió una operación que apuntaba a defraudar al Fisco a costa de la salud de sus vecinos. Esta medida apunta a resguardar que la investigación en curso no sea vea alterada y principalmente, que se identifique y sancione las responsabilidades administrativas de quienes están involucrados en esta fallida compra”.
Irarrázaval agregó que “a estas alturas la responsabilidad de la alcaldesa en esta causa es evidente, no sólo por su permanente ánimo de entorpecer el proceso, sino también por las medidas que se han tomado con su persona. Medidas como las que solicitamos hoy buscan llegar hasta el final, caiga quien caiga, para que ningún costo o multa de este delito consumado corra por parte del presupuesto municipal de la comuna de Santiago, sino que sean los responsables directos de esta operación fraudulenta los que se hagan finalmente cargo de esto”.
Por su parte, el diputado Johannes Kaiser señaló: “La alcaldesa Irací Hassler se encuentra en una situación procesalmente muy delicada, hoy se confirmó por parte del vendedor, que ella fue la negociadora en nombre de la Municipalidad de este contrato. Sabemos que el vendedor pretende forzar la compra del inmueble por parte de la Municipalidad de Santiago, por lo que vamos a interponer todas las acciones que sean necesarias para impedir este daño al patrimonio municipal de la comuna de Santiago. Existe una razón por la cual se bloqueó la inscripción de la propiedad, esa es la lesión enorme, creemos que esa excepción o ese vicio de nulidad hace completamente ilegal todo el contrato y, por lo tanto, vamos a perseguir en ese sentido que se actúe de acuerdo con esa realidad jurídica, es decir, no se va a pagar un peso si eso está en nuestra posibilidad de impedirlo”.
En el escrito, los parlamentarios explican que en el estatuto administrativo para funcionarios municipales las responsabilidades se extinguen cuando cesa en el ejercicio de su cargo un funcionario municipal, salvo que exista un sumario administrativo en su contra. “Para poder perseguir la responsabilidad administrativa es necesario que el funcionario no haya cesado en el ejercicio de sus funciones y que tanto el Secpla como el Director Jurídico, Mayorga y Chiffelle, respectivamente, estén ejerciendo sus cargos”, describen en el documento.
