Hoy se debaten distintas fórmulas para enfrentar el problema relacionado con el saneamiento ambiental de los suelos contaminados. Aunque ha habido avances, aún no contamos con una legislación específica vinculada a este tema, siendo el único país de la OCDE que no la tiene.
Actualmente Chile cuenta con 3.363 sitios con suelos contaminados, ubicándose su gran mayoría en las regiones de Antofagasta y Araucanía, seguidos de Tarapacá y Los Ríos, según el Ministerio de Medio Ambiente (MMA). Para ser precisos, Antofagasta cuenta con 651 Sitios con Potencial Presencia de Contaminantes (SPPC), y 56 de ellos corresponden a Suelos Abandonados con Potencial Presencia de Contaminantes (SAPPC) como hidrocarburos, arsénico, plomo, cadmio y mercurio.
Para hacer frente a esta realidad, el MMA ha avanzado durante los últimos años en materia de estudios de contaminación de suelos a nivel nacional, por lo que en 2009 se promulgó una “Política Nacional para la Gestión de Sitios con Presencia de Contaminantes”.
Sin embargo, a la fecha aún no disponemos de una legislación específica vinculada al tratamiento y disposición de terrenos contaminados y tampoco para suelos, siendo el único país de la OCDE que no la tiene.
Por otro lado, en 2013 se aprobó una “Guía Metodológica para la Gestión de SPPC”, la cual completó ya su Fase III denominada “Investigación Delimitatoria y Evaluación de Riesgos”. Esta etapa arrojó como resultado un listado de SAPPC con alta prioridad y jerarquización de sitios para ser tratados en primera instancia ya que, debido a su ubicación (menos de 2 km. de focos poblacionales o industriales), pudieran generar un riesgo no aceptable para la salud humana o al medio ambiente.
Frente a este escenario, y a fin de aportar a la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente de nuestro país, existen empresas dedicadas a ofrecer soluciones ligadas a esta problemática y día a día estudian la forma en cómo mejorar los procesos para tratar estos suelos contaminados. Y es que la remediación de suelos contaminados no solo ayuda a la rehabilitación de la calidad del suelo, sino además se logra mejorar las condiciones de protección de la salud humana y la integridad de los ecosistemas.
Tecnología de primer nivel
Una de las empresas que ha contribuido a solucionar este problema es Hidronor, firma chilena que está presente desde hace más de 25 años en la industria nacional con servicios que aportan a la remediación ambiental, destacando, entre otros, la remediación y saneamiento de terrenos contaminados, con lo que favorecen al combate del cambio climático.
“En Hidronor cuidamos el medio ambiente entregando soluciones integrales para la remediación, saneamiento y revalorización de pasivos ambientales, como los depósitos de relaves abandonados y terrenos contaminados con hidrocarburos y otras sustancias”, comenta Juan Andrés Salamanca, gerente comercial de Hidronor, quien detalla que en la última década han gestionado exitosamente más de 450 mil toneladas de suelos contaminados.
En este contexto, la empresa realiza rigurosos controles analíticos antes y durante el proceso, permitiéndole determinar la peligrosidad y principales contaminantes presentes en cada terreno para posteriormente aplicar el tratamiento más adecuado y asegurar la descontaminación del mismo.
Como resultado de este servicio de remediación “el lugar queda en óptimas condiciones para diversos usos industriales, agrícolas, turísticos, habitacionales, entre otros, evitando de esta manera que afecte el entorno natural y humano”, afirma el ejecutivo.
Desafíos por venir
A futuro, nuestro país enfrenta varios desafíos en materia de recuperación y saneamiento de suelos contaminados. El principal tiene relación con la implementación de una legislación clara y una fiscalización firme, lo que redundará en que la demanda por servicios de remediación, en general y de biorremediación, en particular, se fortalecerá y hará que la limpieza efectiva de suelos sea una realidad concreta.
A ello se suma la necesidad de avanzar a estándares de países desarrollados con lineamientos de la OCDE, en políticas de conducta empresarial responsable y en la implementación del Acuerdo de Escazú; considerar al suelo como un recurso y acelerar la regeneración de terrenos contaminados; y contar con un plan de acción para la gestión de los residuos contenidos en los pasivos ambientales mineros.
