En Venezuela se repite lo vivido en los últimos periodos de gestión gubernamental, esto es, el gobernante aferrado a la presidencia. Para ello utiliza el poder que le brinda el control de todas las instituciones del Estado sin contrapesos. En esta realidad juega un papel fundamental la adhesión incondicional de las fuerzas armadas y de orden. En los últimos días se pudo observar como Maduro exhibió su control sobre ellas castigando a miembros de diversa graduación de esas instituciones, acusándolos de graves delitos.
En Venezuela, hay que decirlo de manera clara, no impera un estado de derecho, que se caracteriza por la separación de poderes para garantizar una actuación autónoma de ellos. En particular la existencia de un poder judicial y órganos electorales que ejerzan sus funciones sin interferencias de quien ejerce el poder ejecutivo, para garantizar transparencia, justa administración de justicia y procesos electorales libres y competitivos.
Ante la perspectiva de elecciones el presente año la exigencia no es otra que el proceso cumpla con las condiciones que exige un sistema democrático. Para ello se hizo el esfuerzo del denominado Acuerdo de Barbados del pasado año 2023, para garantizar elecciones libres, transparente, informadas, sin persecución a las fuerzas políticas que compitieran en ellas y respeto a los derechos humanos. El gobierno de Maduro ha incumplido flagrantemente estos compromisos. El accionar más evidente en tal sentido es inhabilitar a toda persona que tenga posibilidades de competir en la elección presidencial y para ello ha utilizado la institucionalidad judicial. Lo ocurrido con la candidata María Corina Machado se inscribe en este sentido.
Ante lo que ocurre en Venezuela la comunidad internacional debe reaccionar con energía exigiendo las garantías esenciales para las elecciones presidenciales. Lo ocurrido en Guatemala hace pocos días debe servir de referencia. En efecto, gobiernos democráticos, no solo de la región latinoamericana, mostraron su capacidad para exigir la asunción al poder de quien había sido elegido por la voluntad ciudadana. Esta misma actitud es la que se debe plasmar para exigir en Venezuela la verificación de un proceso con legitimidad democrática.
Por Edgardo Riveros Marín
Académico Facultad de Derecho U. Central
