El PSOE, el partido en el gobierno español, ha cambiado su postura ante el independentismo catalán, y eso está abriendo un resquicio por donde afloran verdades incómodas: El nacionalismo español ha estado utilizando fraudulentamente la justicia, con fines políticos, para intentar destruir el movimiento independentista catalán. El giro se debe a que, para gobernar España, el PSOE necesita los 7 votos de Junts, el partido independentista catalán de Puigdemont. Actualmente el PSOE no tiene apenas representación en ningún otro nivel institucional, ni regiones ni ciudades importantes, por lo tanto necesita gobernar España para poder situar en los cargos del gobierno a gran cantidad de gente de su partido y así subsistir económicamente. Esto ha forzado el PSOE reconociera implícitamente que se había acusando falsamente al independentismo de golpista, violento, terrorista, racista, supremacista, de pactar con Putin para debilitar la UE,… y, como sabía que todo esto era inventado, ahora ha necesitado aclarar la falsedad de esas acusaciones para que la ciudadanía acepte el pacto, reconociendo además que el movimiento independentista catalán ha sufrido «lawfare» (guerra sucia judicial). El único «delito» del independentismo catalán ha sido ofender al nacionalismo agresivo e intransigente que forma parte del ADN español.
Sabíamos, por un ex-agente, que el gobierno del PP organizó la «Operación Cataluña», utilizando fondos reservados del Estado, para intentar encontrar delitos que hubieran podido cometer los independentistas catalanes y, al no encontrarlos, sobornó, fabuló y difundió acusaciones totalmente inventadas con la ayuda de la prensa española. Ahora unos periódicos han publicado información contrastada de las maneras cómo, el entonces presidente del gobierno Mariano Rajoy, iba recibiendo las informaciones de esta operación de las cloacas del Estado. También hemos conocido una lista de personas investigadas, no por ser sospechosas, sinó por quienes son políticamente. La «Operación Cataluña» hizo posible que, presuntamente, se acusaran a líderes políticos inocentes, intentaran influir en procesos electorales, hicieran quebrar un banco andorrano, jugaran a esconder informaciones sobre un grupo yihadista que acabó atentando en Barcelona en agosto de 2017,…
Tras la dictadura franquista, la incipiente democracia española tuvo que luchar contra el grupo terrorista vasco ETA y recurrió a todo tipo de guerra sucia (torturas, vulneraciones de derechos humanos, estigmatización de lo que era vasco, e incluso terrorismo de estado por parte del grupo GAL) y, con un movimiento pacífico y democrático, como el independentista catalán, han decidido activar el mismo patrón de guerra sucia por parte del Estado pero ahora aplicados contra un movimiento que no ha hecho ningún delito. Como en ese ataque se han aunado los discursos de los partidos políticos, las actuaciones judiciales y policiales y los relatos fabricados por los medios de comunicación, cuesta desenmarañar la verdad a la luz pública y juzgarlo. Además, el mismo PSOE, al que ahora le interesa destapar las actuaciones irregulares del gobierno del PP, en su propio gobierno también ha practicado espionaje ilegal y «lawfare» contra el independentismo catalán. En todo caso, este caso es irresoluble dentro de España porque ¿Cómo se puede juzgar por delito a la mismísima cúpula judicial? Por eso es necesario que la UE se implique: penalice a España y la fuerce a aceptar una solución democrática en forma de referéndum.
Por Jordi Oriola Folch
Barcelona, Cataluña
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