Diversos estamentos valoraron los alcances que tendrá el proyecto para el desarrollo del país. Destaca la promoción de la investigación en las Instituciones de Educación Superior
Por unanimidad, el proyecto de ley de Transferencia de Tecnología y Conocimiento, fue aprobado en general, en su primer trámite, por la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados y Diputadas.
La normativa, que fue ingresada por el Gobierno en el mes de abril, busca promover la investigación en las Instituciones de Educación Superior (IES) y facilitar la creación de Empresas de Base Científica Tecnológica (EBCT) que se generen en las universidades, a lo que se suma el desarrollo de un Repositorio Nacional de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica.
Durante la comisión expusieron diversos actores que han sido protagonistas en la generación del proyecto, entre ellos, el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, Dr. Juan Yuz, quien comentó que la casa de estudios ha sido parte de la formulación de la iniciativa a través del CRUCH (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas), por lo que agradeció el trabajo del organismo, así como la labor liderada por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry que “recoge, enfrenta y aborda un tema clave para el país”, indicando que “proyectos como este y su factor habilitador nos permiten crecer en el impacto de la transferencia tecnológica”.
Sobre el proyecto, el rector – quien asistió junto al director académico del Campus Casa Central, Luis Pérez – agregó que los términos en que está presentado son muy adecuados, sin embargo, existen algunos elementos que requieren aún discusión como la revisión de plazos y obligatoriedad en el Repositorio Nacional de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica y el tema de la propiedad intelectual y los tiempos en los procesos de investigación.
Fondos
Por otro lado, el Dr. Juan Yuz aprovechó la ocasión para valorar la glosa que se incluyó en el presupuesto 2024 para el Fondo Estructural de la Investigación que se constituyó en “un hito”, e hizo un llamado para que, idealmente, el año que viene se incluya una glosa que pueda impactar y que logre concretar las iniciativas que se incluyan en el proyecto.
Asimismo, en materia de fondos, precisó que “ojalá el Parlamento revise la forma de cómo se legisla en la transferencia de fondos regionales hacia universidades “. En este punto dio a conocer el primer doctorado en IA en Latinoamérica que lanzaron la USM en conjunto con el CRUCH Biobío-Ñuble, afirmando que “este es un ejemplo de colaboración entre las universidades con fondos regionales que busca tener impacto y creación de conocimiento a nivel regional, nacional y global, pero las regulaciones que se han establecido en las transferencias de fondos de los gobiernos regionales no hacen viable repetir un proyecto exitoso como este”.
Habilitación de la ley
En relación con la habilitación que este proyecto tiene en cuanto a un trabajo más expedito entre IES y EBCT, Yuz agregó que, “en primer lugar no es la única forma en que las universidades hacemos transferencias tecnológicas, hay otras como a través de servicios y, en este sentido, las restricciones que las universidades no estatales tenemos con el pago del IVA en cualquier servicio que no sea educacional; creemos que es un tema que se debe revisar para habilitar este trabajo con empresas no, solo de base científico tecnológicas ,si no de aquellas que desde el conocimiento y el trabajo que podemos hacer en las universidades ayuden a poner en valor e impactar”.
Durante la Comisión de la Cámara, presidida por el diputado Eric Aedo, también expusieron la ministra Etcheverry, la exsubsecretaria de CYCI, Carolina Torrealba; Pedro Bouchon del CRUCH; Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas de la Sofofa y Gabriela Garham, gerenta general Adimech (Asociación Gremial de Dispositivos Médicos de Chile).
Tras esta aprobación, el proyecto avanzó a su discusión en particular, momento en que se realizarán las indicaciones, con un plazo hasta el 5 de junio para continuar con la discusión en la Comisión.
