Para formar un gobierno del PSOE y Sumar (centro e izquierda) y evitar uno de PP y VOX (derecha y extrema derecha), pactaron de 8 partidos, con 179 escaños, que representan a 12,3 millones de ciudadanos. Los independentistas catalanes, imprescindibles para conseguir el pacto, exigieron, como condición inicial, aprobar una ley de amnistía que desactivara la represión judicial con la que la alta magistratura, motivada por su exacerbado nacionalismo español, ha perseguido a los nacionalistas catalanes (500 personas tienen condenas o juicios pendientes). El PSOE, que también es muy nacionalista y que rechazaba la amnistía, después de las elecciones dio un giro de 180º y aceptó la amnistía para no perder el gobierno.
La ley de amnistía no está siendo aceptada por el nacionalismo español, por tanto, ya veremos cómo se acabará aplicando, pero en realidad lo que hubiera sido justo hubiera sido un proceso de nulidad de las causas, admitiendo que los independentistas catalanes no habían cometido ningún delito al organizar un referendo de autodeterminación y que las acusaciones contra ellos eran parte de la «lawfare» (instrumentalizar la justicia con fines políticos) que utilizó el estado contra ellos. Entonces se hubiera podido juzgar a los policías que atacaron indebidamente a los votantes del referéndum. En la amnistía, en cambio, se anulan los delitos que se entiende que cometieron ambos bandos, pero es que el bando independentista actuó democráticamente y no cometió ningún delito, mientras que el estado sí actuó fuera de la ley.
Pese a que la amnistía es injusta con los independentistas porque les atribuye delitos, lo que saca de quicio al nacionalismo español es que, siendo ellos los fuertes, no puedan ganar y humillar a los débiles, como han hecho siempre. Por ser el estado la parte fuerte, que apruebe la amnistía implica que acepta implícitamente que jugó sucio con el ilegítimo objetivo de intentar destruir un movimiento político perfectamente legítimo.
El Congreso español ha procurado que la ley no tuviera ninguna ambigüedad porque se tenía la certeza de que los jueces intentarían interpretarla tergiversadamente contra los independentistas catalanes. Como no se puede amnistiar a personas concretas por el hecho de ser independentistas (de hecho «ser independentistas» fue «su delito»), se amnistiaban delitos concretos, en el contexto del proceso independentista catalán, con algunas exclusiones: la malversación (con enriquecimiento personal o afectación de los intereses financieros de la UE), la alta traición (con «un uso efectivo de la fuerza contra la integridad territorial») y el terrorismo ( «que haya causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos»).
La ley, aprobada el 7 de marzo, fue rechazada por la derecha y los jueces, y el expresidente Aznar dijo que «quien pudiera hacer algo contra la ley de amnistía, que lo hiciera». Desde el correo electrónico oficial del Consejo General del Poder Judicial (máximo órgano de la judicatura española) se distribuyó, a todos los jueces, un manual sobre cómo paralizar la aplicación de la ley de amnistía, ignorando el espíritu del legislador, lo que anula el estado de derecho para los independentistas catalanes.
En cuanto al delito de alta traición, el juez Joaquín Aguirre no quiere amnistiar a los acusados del plan secreto que, según él, el independentismo catalán tenía con Putin para desestabilizar Europa. Él mismo ha dado declaraciones a la televisión alemana esparciendo información secreta del sumario para desprestigiar a los acusados.
Tampoco el juez Manuel García-Castellón quería amnistiar a Puigdemont y otras siete personas (que se habían exiliado a Suiza) por el delito de terrorismo que atribuía a unas manifestaciones de 2019. Afortunadamente, el juez se ha visto obligado a archivar la causa, pero no por la aplicación de la amnistía, sino por un error de procedimiento. Cinco de los encausados han podido finalmente regresar del exilio.
Tampoco se quiere amnistiar a los siete chicos que, en el 2019, fueron detenidos por terrorismo con un impresionante operativo policial que salió en todos los noticiarios, que parecería que intentaba influir en las elecciones que se celebraban dos meses más tarde, insinuando que el pacífico movimiento independentista catalán había basculado hacia el terrorismo. Se filtraron a la prensa informaciones y fragmentos descontextualizados de los vídeos de los interrogatorios en una grave vulneración del secreto de sumario. Pasadas las elecciones, les dejaron en libertad con fianza. ¿Los hubieran liberado si fueran realmente terroristas? El juez ha decidido no amnistiar y llevar el caso a la Justicia Europea, lo que retrasará aún más su exculpación final.
En cuanto a la malversación, el Tribunal Supremo rechazó la amnistía y mantendrá vigentes las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig (¡con acusaciones de 12 años de cárcel!). Argumentan que los políticos malversaron en la organización del referéndum con «enriquecimiento personal» porque, aunque no se quedaron ni un euro, se puede considerar que se ahorraron de poner dinero personal. También argumentan que habrían perjudicado a los intereses financieros de la UE.
Los jueces nunca especifican la cantidad malversada porque no sabrían ni qué hacer constar, pero es que en 2017 las finanzas del gobierno de Catalunya estaban intervenidas por el gobierno de Madrid, y el ministro de hacienda Cristóbal Montoro del PP ya aseguró que no se había dedicado ningún euro público para financiar el referendo. En realidad, no hubo malversación de ningún tipo porque el referéndum se hizo con voluntariado y con fondos privados.
Además, los jueces quieren justificar perjuicio financiero para la UE, usando una directiva de la UE que todavía no está aprobada (!) y que se refiere a apropiarse de fondos económicos europeos, lo que no se hizo constar en la sentencia del Tribunal Supremo de 2019, pero ahora argumentan que sí que hubo.
Lo positivo es que, en este pronunciamiento del Tribunal Supremo, cinco magistrados han votado a favor, pero una magistrada, Ana Ferrer (inequívocamente anti-independentista), ha votado en contra porque considera que, no concediendo la amnistía, se está retorciendo la interpretación de la ley y ve el peligro de que esto implique una condena contra la justicia española por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por el momento, se ha amnistiado: por un lado, 20 activistas y 4 cargos públicos catalanes y, por el otro lado, 50 policías españoles. Resulta doblemente insultante que la amnistía no se pueda aplicar con normalidad a independentistas catalanes pacíficos y, en cambio, se aplique a los policías que les agredieron.
Y lo más grave a nivel humano es que la población española, salvo los catalanes, está justificando el abuso de la justicia contra los independentistas catalanes, porque los medios de comunicación les han deshumanizado y han presentado su objetivo como totalmente inaceptable. Sacando derechos a los catalanes, están alimentando a la bestia del fascismo. Esta bestia que preocupa a la UE, hace siglos que ataca a los catalanes y ahora, que Cataluña se reivindica políticamente, este fascismo es transversalmente aceptado en el Estado español sin ninguna objeción.
En Cataluña, ha causado estupor que los altos magistrados no estén aplicando la ley de amnistía tal y como está escrita, sinó como les parece, en una especie de golpe de estado judicial contra el parlamento español, y que no les va a pasar nada por hacerlo. Si incluso el Tribunal Constitucional se lo permite, no habrá manera de detenerlos en España, y se tendrá que recurrir a la Justicia europea, donde los casos se demorarán años. La única solución es que Cataluña sea como Andorra o Portugal, un nuevo estado de Europa.
Por Jordi Oriola Folch
Barcelona, Cataluña
