La Cámara de Diputados, en sala aprobó el proyecto de ley que propone un nuevo fraccionamiento de las cuotas pesqueras entre el sector artesanal e industrial propuesto por el gobierno. La Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca F.G.), señala lo siguiente:
Desde que el gobierno decidió separar el fraccionamiento del proyecto para modificar la ley general de pesca y acuicultura hemos visto una tramitación con urgencia suma, lo que ha impedido el diálogo. Lamentamos que no se hayan tomado en cuenta, ni considerado, las diversas observaciones realizadas en la discusión, no se haya recibido a expertos en los temas tratados y no se hayan considerado los acuerdos suscritos por distintos actores de la pesca sobre este proyecto y en el de la nueva Ley de Pesca, que lo precedió en su discusión, los cuales afectarán la implementación de esta iniciativa legal.
Cabe recordar que la pesca industrial es un aporte relevante al desarrollo económico e inversiones en distintas zonas del país y da empleo local para más de 38 mil personas.
*Asimismo, es un proyecto que, como lo han establecido diversos constitucionalistas infringe garantías constitucionales de los titulares de las Licencias Transables de Pesca (LTP), al no respetar el periodo protegido de fraccionamiento establecido legalmente, hasta el año 2032, establecer nuevas licitaciones y que también afecta las LTP B que algunos han debido comprar en subastas organizadas por el Estado.*
Ello, provoca una incerteza jurídica en el ámbito económico, estancando la inversión en un contexto de desaceleración económica que vive el país. Esta inconstitucionalidad fue refrendada por el actual ministro de Justicia, al referirse en un informe jurídico a la duración de los derechos otorgados por la ley vigente en el gobierno de la presidenta Bachelet.
El proyecto tiene defectos técnicos que generarán problemas en su aplicación al dejar normas contradictorias en la propia ley. Se aprobaron artículos que van en sentido contrario a lo expuesto por la ciencia y de los propios estudios de la Subsecretaría de Pesca y el fraccionamiento fijado en algunas pesquerías dejara cuotas sin capturar.
Además, según el Informe Financiero presentado por el gobierno, el fisco tendrá déficit con los cambios del fraccionamiento aprobado.
Hemos manifestado durante todo el proceso nuestra disposición y generación de acuerdos, a través de un dialogo amplio, para analizar con fundamentos técnicos y con los demás actores del sector, en instancias amplias y transparentes las posibilidades que podrían existir de llegar a acuerdos favorables para la pesca en Chile, que permitan mantener y acrecentar las biomasas, para tener pesquerías sustentables, con más y mejores empleos. Situación que no sucedió.
Ningún fraccionamiento será viable, si no se establecen certezas jurídicas, que aseguren aspectos constitucionales y garantías para que los acuerdos y plazos esta vez sí se van a cumplir.
También se deben resolver aspectos claves como la sobrecapacidad de pesca que existen en algunas pesquerías artesanales; en general solo la mitad de la flota artesanal presenta actividad, por lo que es imprescindible determinar quienes realmente están activos, y, sobre esa base, establecer nuevas cuotas.
Una nueva Ley de Pesca, y puntos tan relevantes como el fraccionamiento que permite a las empresas proyectar inversiones y definir el modelo de desarrollo pesquero regional, debe ser fruto de un acuerdo nacional que incluya a todos los sectores, proporcionando las mejores condiciones para desarrollar la actividad artesanal e industrial, en base a criterios científicos, Proceso al que tenemos disposición a colaborar para mejorar la legislación, como lo hemos reiterado en diversas ocasiones al ministro de Economía, al subsecretario de Pesca y a los propios parlamentarios.
Esperamos que en las etapas que restan al trámite parlamentario se puedan corregir las deficiencias al proyecto que fueron observadas y no consideradas, y así, generar normas que den certidumbre y tranquilidad a todos los actores de la pesca.
