Por: Rodrigo Varela, Gerente Legal de ALTO Inmune.
Santiago,2024.- Hace unas semanas senadores de nuestro país coincidieron en la necesidad de exigir que los profesionales que emitan licencias médicas se encuentren en Chile y de reestablecer las sanciones a los médicos contralores que facilitan o participan en estas prácticas irregulares.
En Chile, la venta de licencias médicas fraudulentas se ha convertido en un problema grave y una especie de bola de nieve con la participación de algunos médicos en la comercialización de estos documentos. Estas licencias falsas suelen ser distribuidas a través de redes sociales y otros canales informales, como cafés o mediante intermediarios, lo que ha generado un impacto negativo considerable en el sistema de salud, tanto público como privado. Se estima que alrededor de 1.500 médicos están implicados en la emisión de licencias fraudulentas, lo que provoca pérdidas millonarias en el sistema de subsidios por incapacidad laboral.
En Chile, existen más de 70 mil médicos habilitados para emitir licencias médicas, de estos, hemos pesquisado que, alrededor de dos mil profesionales están vendiendo licencias falsas. Además, algunos no sólo tienen este “negocio”, sino que también crean consultas médicas falsas para poder vender este instrumento falsificado.
Hasta hoy, como Alto Inmune nos hemos querellado en contra de más de 650 médicos y alrededor de 100 afiliados involucrados en la compra de licencias médicas. De casos emblemáticos es posible mencionar, la pena de 541 días que recibió uno de los primeros afiliados condenados por este ilícito como comprador, como, asimismo, un caso que fue mediático en su momento y que consistió en la venta de licencias en la rotonda de plaza Italia donde los vendedores ni los compradores eran médicos y fueron condenados a penas de 541 días y mantenidos en prisión preventiva por más de 3 meses.
En estudios recientes realizados por Inmune, hemos identificado a médicos, tanto nacionales como extranjeros, involucrados en esta actividad ilegal. En algunos casos, médicos extranjeros han sido condenados y expulsados del país tras emitir miles de licencias sin justificación médica. Esta situación revela la facilidad con la que algunos profesionales de la salud están dispuestos a participar en esquemas ilegales, poniendo en riesgo la integridad del sistema sanitario.
Es importante recalcar que, si bien podríamos decir que esto es un fraude cometido por una minoría, el daño que hacen es gigantesco. Este fraude no sólo tiene un impacto económico negativo en el Estado, sino que también socava la confianza en el sistema de salud y operatividad.
Por otro lado, este tipo de fraude desvía fondos públicos que podrían ser destinados a mejorar la infraestructura de salud, adquirir medicamentos, contratar personal adicional, o mejorar los servicios de salud. Se estima que el Estado pierde 850 millones de dólares anuales por este tipo de delito que van destinados a los bolsillos de los que cometen este delito en vez de ir destinado a la construcción de hospitales, mejorar las prestaciones o disminuir las listas de espera.
Ahora, es imposible que persistiese un mercado negro de licencias médicas falsas sin que hubiese una demanda por ellas. En el caso de la compra de licencias médicas debemos verla como un problema multifacético que involucra distintos aspectos. Por un lado el ético, ya que por un lado está el desconocimiento de que esto es un fraude y que va de la mano con el riesgo de multas de más de $16 millones de pesos hasta 3 años de presidio.
Por otro lado, hay un tema cultural, ya que en algunos contextos está la percepción de que el fraude es algo «aceptable» o normalizado. Cada uno de estos factores puede influir en la decisión de una persona de involucrarse en esta práctica, pero, en última instancia, se trata de una conducta que atenta contra la integridad de los sistemas laborales y de salud.
Sin duda, la lucha contra el fraude de las licencias médicas falsas requiere de un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, ya que ambos tienen un papel crucial en la prevención y sanción de estas prácticas ilegales. El sector público, a través de sus políticas y regulaciones, debe garantizar una supervisión eficaz, mientras que el sector privado, especialmente las instituciones de salud y aseguradoras, tiene la responsabilidad de implementar sistemas de control y verificación más rigurosos.
Sólo mediante una colaboración estrecha y coordinada entre ambos sectores se podrá erradicar este problema, proteger los recursos del sistema de salud y recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de salud.
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